El regadío ilegal sigue sin coto pese a la tragedia del Mar Menor

Murcia es una potencia mundial en industria agroalimentaria. Produce anualmente 3,6 millones de toneladas de frutas y hortalizas y aglutina un 15% de las exportaciones hortofrutícolas a nivel nacional, revelándose así como la Huerta de Europa.

La agricultura, principalmente de regadío, es uno de los pilares que sustenta la economía regional, pero junto a la ganadería intensiva y el desarrollo urbanístico del Campo de Cartagena, se ha convertido en la causa más importante del colapso medioambiental que desde hace ya varias décadas asola al Mar Menor. Así lo refleja un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) solicitado por el Ministerio para la Transición Ecológica a raíz del episodio de mortandad masiva que el pasado mes de agosto tuvo lugar en la laguna. El documento señala que “la incesante entrada de fertilizantes” que reciben las aguas “procedentes de la agricultura intensiva y otras actividades humanas en el entorno ribereño” han sido los principales desencadenantes del suceso.

El estudio asegura que el exceso de nutrientes y materia orgánica de origen agrícola han desempeñado un papel determinante en el proceso de eutrofización que experimenta la albufera desde hace décadas y que amenaza la supervivencia del ecosistema marino.

Los expertos señalan que el evento extremo de este verano, que provocó la muerte de cinco toneladas de peces, es una muestra más de que el ecosistema lagunar “ha perdido su capacidad de autorregulación” debido a la crisis eutrófica, que limita la entrada de luz hacia el fondo afectado tanto a la fotosíntesis como a la disponibilidad de oxígeno disuelto hasta niveles próximos a la hipoxia.

El informe del IEO confirma una realidad que ha sido ignorada durante mucho tiempo: el acuífero del Campo de Cartagena lleva décadas descargando al Mar Menor volúmenes de agua contaminada por nitratos muy superiores a las cifras oficiales, un hecho por el que la Unión Europea ha reprendido a España en numerosas ocasiones, y que las organizaciones ecologistas llevan tiempo denunciando.

Según cálculos realizados por el Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia, las 40.000 hectáreas de regadío que se extienden a lo largo y ancho de la comarca generan 1.575 toneladas de nitratos diluidos en el agua de riego e infiltrada en los acuíferos, lo que supone un promedio de 411 kilogramos diarios. Las cifras oficiales señalan que, en total, el acuífero almacena 300.000 toneladas de nitratos que durante décadas han llegado a sus aguas.

Un modelo basado en el regadío

Gran parte de los cultivos de regadío se ubican en el Campo de Cartagena, una zona de unas 60.000 hectáreas que hace unas décadas era de secano, pero que con la llegada del agua procedente del Trasvase Tajo-Segura comenzó a convertirse en regadío para dar cobertura a un incipiente modelo intensivo de agricultura hortofrutícola, que demandaba grandes cantidades de agua, fertilizantes artificiales y pesticidas. A partir de entonces, el suelo dedicado a este tipo de cultivo no ha parado de crecer.

Según el informe Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena publicado por el Ministerio de Transición Ecológica en 2019, entre 1988 y 2009, el regadío de la cuenca pasó de unas 25.150 hectáreas a unas 60.700 y se estima que hasta la actualidad esta cifra se ha incrementado “entre 15.000 y 20.000 hectáreas adicionales, al margen de las cifras oficiales”. Este importante desarrollo se ha visto impulsado por la aportación de caudales adicionales a los del trasvase mediante depuradoras, pozos y desaladoras, que han favorecido la creación de explotaciones ilegales y las autorizaciones en precario.

La Confederación Hidrográfica de Segura reconoce que existen cerca de 8.500 hectáreas de regadío ilegal en la comarca que están siendo investigadas, y el Miteco señala que se ha abierto expediente sancionador a más de 7.800 hectáreas y que ha incoado casi medio millar de expedientes hasta el momento -207 han sido enviados a la Fiscalía Superior de Murcia y más de un centenar al Gobierno regional. Sin embargo, lo cierto es que todavía no ha comenzado a desmantelarse ninguna explotación ni tampoco se les ha cortado el suministro de agua.

Las consecuencias de la contaminación por la actividad agrícola en el Mar Menor comenzaron a hacerse visibles a partir de 2016 con la aparición de la famosa ‘sopa verde’ pero su origen se remonta a 1994, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura autorizó el uso de acuíferos salubres para paliar el peor episodio de sequía que se había registrado en el siglo XX. El uso de desaladoras privadas creció como la espuma y, una vez superada la crisis, estas instalaciones siguieron funcionando y derivando sus vertidos al Mar Menor.

La carga de nutrientes y fertilizantes que soportaba la laguna comenzaba a rozar los límites del desastre y en 2019 la llegada de una DANA que afectó al sureste de España puso de manifiesto la intensa vulnerabilidad del acuífero. Las fuertes lluvias provocaron una importante avenida de agua contaminada que llevó hasta el Mar Menor entre 500 y 1000 toneladas de nitratos y 35 toneladas de amonio. El fenómeno dio lugar a un episodio de anoxia que, poco después, acabo generando una nueva catástrofe ambiental, esta vez provocando la muerte de todo tipo de especies.

Las autoridades decidieron entonces tomar medidas y pusieron en marcha una operación por la que se llegaron a clausurar 31 pozos y desaladoras ilegales en fincas agrícolas. También ampliaron el listado de sospechosos del Caso Topillo, un proceso judicial que desde 2017 investiga el presunto uso ilegal de desalobradoras y el vertido de nitratos.

A día de hoy, las desaladoras ilegales siguen constituyendo un grave problema. WWF y Anse denuncian que hay el funcionamiento “más de 1.000 desaladoras ilegales que arrojan sus vertidos contaminantes a través de salmueroductos y drenajes al Mar Menor”. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, hay más de 660 expedientes abiertos contra este tipo de instalaciones, 211 han sido precintadas y otras 55 se han desmontado.

Un histórico desencuentro

La contaminación es la causa tangible de la agónica situación que atraviesa la laguna, pero lo cierto es que la inacción política y los deficientes procedimientos llevados a cabo por las autoridades competentes han facilitado el proceso. En vez de tomar medidas capaces de resolver el problema, el Gobierno regional y el central (a través de la Confederación Hidrográfica del Segura) llevan años responsabilizándose mutuamente de la situación.

Aunque el último episodio de catástrofe medioambiental sirvió para acercar posturas, la ministra Teresa Ribera y el presidente regional, Fernando López Miras, no acaban de ponerse de acuerdo en el tipo de medidas que se deberían implementar. Ni en quien debe asumir la responsabilidad de desmantelar los regadíos ilegales. Así, mientras Ribera apuesta por iniciativas que atajen el problema en origen, López Miras se inclina por aplicar actuaciones urgentes como construir una planta desnitrificadora o, incluso, vaciar el acuífero. También ha exigido abrir la gola de Marchamalo -un canal que conecta el Mar Menor con el Mediterráneo- para permitir que se oxigenara la albufera, pero esta petición no cuenta con el respaldo científico. El Colegio de Biólogos de Murcia ha tildado la propuesta de “temeridad y actuación contraria a toda evidencia científica”.

Asimismo, el presidente murciano también ha pedido la transferencia de las competencias de costa y cuencas concernientes al Mar Menor para aplicar políticas en favor de la albufera. Unos días después anunció que prohibía el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en la denominada ‘zona 1’ del Mar Menor, que afecta a terrenos de los municipios ubicados en San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y La Unión. También se comprometió a reducir a la mitad los plazos administrativos para tramitar expedientes sancionadores, necesarios para restituir los terrenos de regadío ilegales.

La ministra Ribera, por su parte, ha presentado recientemente la Estrategia Integral de Recuperación del Mar Menor, un plan que contempla una inversión inicial de 317 millones de euros e incluye medidas para la protección del dominio público hidráulico derivadas de la declaración del acuífero en riesgo químico. Entre otras, vetar el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos a 1.500 metros de la orilla lagunar, limitar el número de cosechas, implantar un registro de explotación agraria, colocar sistemas para monitorizar el uso de agua de riego y para el control y seguimiento de la fertilización mineral en los regadíos, o la creación de entidades colaboradoras para la inspección, control y vigilancia.

La estrategia también incorpora proyectos de control de escorrentías y de defensa frente a inundaciones, la creación de áreas de laminación que sirvan de colchón y medidas para renaturalizar el entorno.