La lucha contra el desperdicio alimentario requiere de un esfuerzo de concienciación
Más de 1.360 toneladas de alimentos fueron malgastados o directamente tirados a la basura durante el año 2020 en España, unas cifras que nos sitúan como el séptimo país de la Unión Europea que más productos aptos para su consumo desecha. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tres de cada cuatro hogares en nuestro país desperdician, de forma sistemática, un porcentaje de su cesta de la compra, y cuatro de cada diez españoles acostumbran, también, a dejar comida en los platos cuando acude a un restaurante, representando la cantidad global 31 kilos de alimentos desperdiciados per cápita al año.
Esta es la fotografía que España aporta a un panorama mundial con cifras igualmente abultadas: 1.300 millones de toneladas de frutas, verduras, carnes, lácteos o cereales no son consumidos convenientemente y terminan en la basura de una casa, de un establecimiento de restauración o de un supermercado. Con esa cantidad de comida podrían ser alimentadas, varias veces, todas las personas con problemas de desnutrición en el mundo.
Con el fin de limitar el desperdicio, beneficiar la seguridad alimentaria e impulsar el desarrollo de una economía circular y sostenible, el Gobierno ha aprobado recientemente un anteproyecto de Ley que pretende fomentar las donaciones de alimentos y bebidas en perfecto estado de consumo, obligar a bares y restaurantes a proporcionar a sus clientes envases para los productos no consumidos y exigir a las tiendas que realicen promociones específicas para aquellos productos cuya fecha de caducidad esté próxima a vencer.
El proyecto de ley pretende instaurar un modelo de buenas prácticas con actuaciones en toda la cadena alimentaria -desde el productor hasta el consumidor- mediante el establecimiento de una “jerarquía de prioridades” para evitar que “los alimentos y bebidas acaben en la basura”. La primera prioridad es que los alimentos puedan ser donados a organizaciones sin ánimo de lucro y bancos de alimentos asegurando, eso sí, una distribución y uso seguro a sus destinatarios finales. En segundo lugar, los alimentos no vendidos, pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados en productos derivados, como zumos o mermeladas. Por último, cuando los alimentos no sean aptos para el consumo humano, tendrán que ser utilizados como subproductos para la alimentación animal, así como para la obtención de compost o biogás.
La propuesta del Gobierno parece una medida óptima, pero la dificultad siempre estará en que todas estas políticas requieren también de un amplio esfuerzo educativo y de concienciación social para poder alcanzar los objetivos que se imponen en esta futura normativa.