Europa pide a la PAC que revise el uso del agua

Un consumo que supone la cuarta parte de la captación de aguas de la Unión Europea y demasiadas exenciones amparadas por modelos no actualizados ni adaptados a la realidad actual es la combinación de factores que han conducido al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) a establecer que las políticas agrícolas comunitarias en materia hídrica torpedean los esfuerzos por garantizar el uso razonable del agua.

Según el último informe especial del TCE, la concepción actual de políticas europeas en esta materia “no puede garantizar el uso sostenible del agua por parte de los agricultores”, y recuerda que la Unión, “con demasiada frecuencia, apoya un mayor uso del agua, pero sin ser este más eficiente”. Además, el Tribunal señala en su análisis que las actividades agrícolas repercuten, más allá de en la misma cantidad de agua utilizada, en su calidad, “a través de, por ejemplo, la contaminación causada por abonos y plaguicidas”. En este contexto, el organismo auditor concluye igualmente que las ayudas que la Unión Europea concede en virtud de la PAC no están supeditadas al uso eficiente del agua ni al cumplimiento de las obligaciones que lo fomentan. Por todo ello, el Tribunal de Cuentas Europeo sentencia que “la Unión ha financiado explotaciones y proyectos agrícolas perjudiciales para el uso sostenible del agua”.

Establece el informe de la autoridad europea que el mecanismo de condicionalidad de la PAC, el que vincula los pagos y determinadas obligaciones medioambientales, apenas tiene repercusión y que, aunque los requisitos no son aplicables a todos los agricultores, los Estados no aplican controles suficientes ni adecuados para velar por el uso sostenible del agua ni para perseguir lo contrario.

El enfoque que hoy guía las pautas para la gestión del agua en la Unión Europea se inspira en la Directiva marco sobre el agua del año 2000, que sí introdujo políticas enfocadas al uso sostenible del recurso, aunque evidencia el Tribunal que “los Estados miembros conceden numerosas exenciones a la agricultura”.

Los auditores encargados de elaborar el informe han constatado que los agricultores son, “con gran generosidad”, concesionarios de estas, incluso si sus explotaciones se encuentran en regiones con estrés hídrico. Además, los analistas redactores del informe establecen que algunas autoridades nacionales apenas imponen sanciones cuando detectan usos ilícitos de agua.

“El agua es un recurso limitado y el futuro de la agricultura de la Unión Europea depende en gran medida de que los agricultores la utilicen de manera eficiente y sostenible”, sostiene Joëlle Elvinger, miembro del TCE y responsable del informe, que completa: “Sin embargo, hasta la fecha, las políticas de la UE no han contribuido suficientemente a la reducción del impacto de la agricultura en los recursos hídricos”.

Una apuesta por la reutilización

El TCE sí recoge cómo la PAC, además de conceder ayudas directas, contempla la financiación de inversiones destinadas a los sistemas de retención de aguas, pero evidencia cómo los agricultores no suelen aprovechar esta alternativa.

Completa firmando que los programas de desarrollo no suelen insistir en la necesidad de implementar o, en su caso, actualizar infraestructuras de reutilización de aguas, y que la modernización de los sistemas de riego no implica necesariamente un ahorro de agua, puesto que esta se puede redirigir a otros usos como los cultivos intensivos.

Por ello, establecen los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo que las políticas comunitarias deberían incidir de forma más contundente, y precisamente a través de la PAC y sus subvenciones, en la reutilización de las aguas residuales, contemplando la financiación de infraestructuras así como en la apuesta por las instalaciones de depuración de aguas, para caminar en el todavía amplio margen de actuación en estos dos sentidos.