España impulsa la primera ley contra el Desperdicio Alimentario

Más de 1.360 toneladas de alimentos fueron malgastados o directamente tirados a la basura durante el año 2020 en España, unas cifras que nos sitúan como el séptimo país de la Unión Europea que más productos aptos para su consumo desecha. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tres de cada cuatro hogares en nuestro país desperdician, de forma sistemática, un porcentaje de su cesta de la compra, y cuatro de cada diez españoles acostumbran, también, a dejar comida en los platos cuando acude a un restaurante, representando la cantidad global 31 kilos de alimentos desperdiciados per cápita al año.

Esta es la fotografía que España aporta a un panorama mundial con cifras igualmente abultadas: 1.300 millones de toneladas de frutas, verduras, carnes, lácteos o cereales no son consumidos convenientemente y terminan en la basura de una casa, de un establecimiento de restauración o de un supermercado. Con esa cantidad de comida podrían ser alimentadas, varias veces, todas las personas con problemas de desnutrición en el mundo.

Con el fin de limitar el desperdicio, beneficiar la seguridad alimentaria e impulsar el desarrollo de una economía circular y sostenible, el Gobierno ha aprobado recientemente un anteproyecto de Ley que pretende fomentar las donaciones de alimentos y bebidas en perfecto estado de consumo, obligar a bares y restaurantes a proporcionar a sus clientes envases para los productos no consumidos y exigir a las tiendas que realicen promociones específicas para aquellos productos cuya fecha de caducidad esté próxima a vencer.

“No hay producto alimentario más caro que el que acaba en la basura, aquel que se despilfarra”, asegura Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien también señala que “el 40% del conjunto de los alimentos son desperdiciados en su transformación industrial; el 5%, en la distribución; un 40%, en los hogares, y un 15%, en el canal Horeca”. Por eso, la nueva normativa plantea medidas para atajar este problema en todos los eslabones de la cadena.

El proyecto de ley pretende instaurar un modelo de buenas prácticas con actuaciones en toda la cadena alimentaria -desde el productor hasta el consumidor- mediante el establecimiento de una “jerarquía de prioridades” para evitar que “los alimentos y bebidas acaben en la basura”.

La primera prioridad es que los alimentos puedan ser donados a organizaciones sin ánimo de lucro y bancos de alimentos asegurando, eso sí, una distribución y uso seguro a sus destinatarios finales.

En segundo lugar, los alimentos no vendidos, pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados en productos derivados, como zumos o mermeladas.

Por último, cuando los alimentos no sean aptos para el consumo humano, tendrán que ser utilizados como subproductos para la alimentación animal, así como para la obtención de compost o biogás.

Lineales para productos sensibles

La nueva ley también se fija en la fecha de caducidad y de consumo preferente. La primera es fijada por los productores y está regulada por Europa, pero la segunda únicamente avisa de que algunas condiciones podrían haberse degradado, si bien el alimento sigue siendo perfectamente consumible. Por eso, todos los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.

Las empresas distribuidoras deberán, además, incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, así como fomentar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, a granel, ecológicos y ambientalmente sostenibles, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.

Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios, por su parte, ofrecerán a sus clientes la posibilidad de llevarse, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, así como disponer de envases aptos reutilizables.

Información y sanciones

La ley exigirá a los agentes de la cadena alimentaria que informen anualmente sobre las pérdidas alimentarias, así como del resultado de los planes de prevención que están llevando a cabo. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un Plan Estratégico revisable cada cuatro años y aplicable en las Comunidades Autónomas y a realizar campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable.

En el caso de las donaciones, la normativa también contempla un régimen sancionador, con multas de entre 6.001 y 150.000 euros, por infracciones como impedir mediante contrato la donación de alimentos o que las entidades receptoras no mantengan unas correctas prácticas de higiene en la conservación y manipulación de los alimentos.

Impacto ambiental

El desperdicio alimentario no supone, únicamente, una preocupación social o una actividad éticamente cuestionable, sino que se revela también como una nociva problemática medioambiental. Al mero producto desechado en sí le preceden toda la energía y el agua necesarias para cultivarlo o producirlo, además de los recursos utilizados en su empaquetado y distribución hasta los puntos de venta.

Además, la mayoría de los alimentos emiten metano al degradarse, un proceso que convierte a esta práctica en una de las principales responsables del calentamiento global al producir entre un 8% y un 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana, casi las mismas que el transporte por carretera.

Conviene recordar también que casi el 30% de la tierra agrícola del mundo se utiliza para producir alimentos que nunca serán consumidos, mermando la calidad de las tierras, el volumen de los caudales hídricos y la biodiversidad. No en vano, la pérdida y desperdicio de alimentos consume hasta un 21% del agua dulce del planeta.

Según un informe elaborado por la FAO, los cereales son los cultivos con mayor porcentaje de huella hídrica, seguidos de las frutas y la carne. El documento también señala que los desperdicios vegetales generan un 16% del total de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura, mientras que los productos de origen animal son responsables del 7%. Entre los desperdicios que más contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero están las verduras y hortalizas (7%), la carne (6%) y los cereales (5%).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que si se llevara a cabo una reducción total del desperdicio de los alimentos se lograría recortar un 23% las emisiones totales de gases contaminantes procedentes de la agricultura y la ganadería.

Prácticas pioneras en Europa

Los Estados miembros de la Unión Europea se comprometieron, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita, y a rebajar su pérdida en las cadenas de producción y suministro de cara a 2030. Así, algunos gobiernos han impulsado ya acciones legales que ayuden a regular esta situación. Con la entrada en vigor de la ley contra el Desperdicio Alimentario, España se convertirá en el tercer país europeo en tomar medidas para paliar este problema.

El primero fue Francia. Lo hizo en 2016 con la ley Garot, que prohíbe la destrucción o el deterioro de alimentos aún consumibles y obliga a determinados establecimientos, restaurantes e industria alimentaria a donar sus excedentes en buen estado a organizaciones sin ánimo de lucro.

Seis meses después, Italia aprobó la ley Despilfarro Cero, una normativa cuya principal novedad reside en que no penaliza el desperdicio, sino que incentiva la donación de productos alimenticios y farmacéuticos reduciendo las trabas burocráticas y favoreciendo la disminución de impuestos.