El vertido al mar de Fukushima desata las críticas internacionales
La decisión del Gobierno japonés de liberar más de un millón de toneladas de agua radioactiva tratada al océano Pacífico irrita a China, Seúl y Corea del Sur. También pone en alerta a la ONU, que invita a estudiar alternativas a esta práctica que sí cuenta con el respaldo la Agencia Internacional de la Energía
El Gobierno de Japón ha anunciado recientemente su intención de liberar al océano Pacífico más de un millón de toneladas de agua radioactiva tratada procedente de la planta nuclear de Fukushima tras haber determinado que no constituye un problema de seguridad.
La medida se adopta diez años después del accidente nuclear provocado por el terremoto más intenso en la historia del país -9,1 grados en la escala de Richter- que provocó un tsunami en la costa noreste de Japón, y pone fin a un debate que ha durado más de siete años sobre qué hacer con el agua almacenada, un paso necesario para poder avanzar en el plan de desmantelamiento que se está llevando a cabo la planta, ya que las previsiones señalan que llenará todos los tanques disponibles a mediados de 2022. El pasado mes de septiembre, el agua almacenada ascendía a 1,23 millones de toneladas y llenaba 1.044 tanques.
El proceso comenzará dentro de dos años y podría durar décadas. El agua será procesada y diluida para retirar todos los elementos radioactivos salvo el tritio, isótopo radiactivo del hidrógeno generado como subproducto de los reactores nucleares de fusión. Sin embargo, las autoridades japonesas han indicado que la concentración de tritio será inferior a los 1.500 becquereles por litro, un nivel que, además de cumplir los estándares de la OMS para agua potable, es 40 veces inferior al límite más estricto que aplica Japón.
La polémica iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ya que, según ha asegurado su director general, Mariano Grossi, “va en línea con prácticas globales” en la industria nuclear. De hecho, cantidades de tritio mayores que las que se prevé liberar desde Fukushima Daiichi han llegado a los mares desde centrales ubicadas en Francia, Canadá, EEUU, Reino Unido o, incluso, China y Corea del Sur.
A pesar de todo, Grossi ha señalado que las grandes cantidades que se acumulan en Fukushima la convierten en un “caso único y complejo”, por lo que requiere una vigilancia especial.
El Ejecutivo nipón tiene previsto hacer una valoración del impacto en el medio ambiente antes de realizar el vertido, así como monitorizar los ecosistemas marinos tras el mismo, en colaboración con organismos internacionales.
Sin embargo, es probable que el impacto de este vertido afecte especialmente a las aguas costeras de la región, y los pescadores de la zona temen que se produzcan daños añadidos en los productos locales, cuya reputación quedó prácticamente devastada tras el accidente de 2011.
Las organizaciones ecologistas, por su parte, defienden un almacenamiento sostenible hasta que la tecnología de filtración de agua mejore. Greenpeace afirma que el agua contiene otros elementos radiactivos como el carbono 14 que podrían interferir en la cadena alimentaria y dañar el ADN si las dosis se acumulan a largo plazo.
Un aluvión de reproches
Aunque el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, ha explicado que el plan se implementará “garantizando que los estándares de seguridad sean aprobados por un amplio margen y tomando medidas firmes para evitar posibles daños” en la salud humana y el medio ambiente, esta decisión ha recibido numerosas críticas no sólo en Japón, sino en todo el mundo. Diversos países y organizaciones ecologistas, así como residentes locales, han mostrado su firme oposición a la planificación prevista por el Ejecutivo nipón, siendo Corea del Sur, China y Taiwán los más críticos.
Seúl, que sigue prohibiendo la importación de productos pesqueros procedentes de Japón, ha amenazado con aumentar las restricciones. También ha anunciado que tomará parte activa en el seguimiento que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) realice del vertido y está estudiando la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. China, por su parte, ha pedido al Gobierno japonés que no lleve a cabo el vertido sin haber obtenido el permiso de otros países y del OEIA y ha afirmado que el océano Pacífico “no es la alcantarilla de Japón”.
Un grupo de relatores independientes de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado su “profundo malestar” por considerar que el vertido traerá consigo “riesgos considerables” para el bienestar de la población local y el medio ambiente. Asimismo, señalan que existen “soluciones alternativas al problema”.