El agua necesita un fuerte impulso inversor para garantizar el acceso

El Gobierno parece decidido a dejar en un cajón las necesarias políticas para el agua. La futura Ley de cambio climático apenas habla del sector a pesar de la tremenda importancia del mismo. El documento reconoce que la región mediterránea es una de las zonas del planeta más sensible a los envites del cambio climático y conmina al Ejecutivo a evaluar estos efectos y trazar planes que los amortigüen. En este sentido, incluye la variable climática en las políticas sectoriales y recoge, por primera vez, la necesidad de activar políticas de adaptación que permitan anticiparnos a los efectos del cambio climático, así como medidas para favorecer la recuperación tras los daños provocados por este fenómeno en los ecosistemas y también en los diferentes sectores socioeconómicos.

En este punto, la futura norma se refiere, por ejemplo, a las construcciones e infraestructuras que se han vuelto extremadamente vulnerables a los temporales que, cada vez con más frecuencia y virulencia, se producen en la costa española, obligando a incluir los efectos del cambio climático en su proyección. En cuanto a la planificación y la gestión hidráulica, el documento únicamente menciona que se deberá incluir un análisis de los riesgos derivados de los previsibles impactos que el calentamiento global tendrá sobre el volumen de los caudales hidrológicos. Esto implica establecer nuevos sistemas de previsión y análisis que permitan reevaluar los periodos de retorno ante el incremento de los fenómenos climáticos extremos, en forma de torrencialidad o sequía intensa, con el objetivo de garantizar la disponibilidad real del agua frente a la tradicional gestión de los recursos hídricos a partir de la demanda.

Es en este extremo donde la ley engarza con el Plan de Recuperación. Para garantizar la efectiva ejecución de los proyectos se impulsarán nuevas figuras de colaboración público-privada a través de la cual todos los sectores económicos trasladaran al Gobierno aquellos proyectos susceptibles de ser ejecutados en línea con las convocatorias de interés marcadas por los Ministerios. En ninguna de ellas, sin embargo, parece haber encontrado su sitio el agua, que se ha quedado sin convocatoria específica para que sus planes opten a recibir los fondos europeos, a pesar de que el sector, en coordinación con la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (Aga) y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), identificó unos 500 proyectos susceptibles de recibir las ayudas comunitarias, con una inversión prevista de 13.750 millones.

Tras analizar con detalle todas las iniciativas detectadas, Aga seleccionó los 50 proyectos más necesarios, que mejor se ajustaban a los requisitos de Bruselas y que podían licitarse y ejecutarse en el período 2021-2023 contribuyendo, por tanto, a la recuperación de la crisis provocada por el coronavirus. Entre todos sumaban una inversión total de 7.950 millones de euros.