La revalorización de los residuos permitirá impulsar la reutilización y el reciclaje
El Gobierno ha comenzado la tramitación de dos impuestos: uno a los envases de plástico vírgenes no reutilizables con el que se prevén recaudar unos 724 millones de euros, y otro al depósito en vertedero e incineración, que aportará 850 millones a las arcas públicas. El primero recaerá en el fabricante del envase o en el importador, aunque también tendrá efecto en el precio final que abonará el consumidor. En el segundo, sin embargo, los contribuyentes serán los titulares de las instalaciones de vertederos e incineradoras.
El tipo impositivo variará en función del residuo y de la tipología del vertedero -si es una instalación dedicada a los residuos no peligrosos, a los peligrosos o a los inertes, etc.- o de la planta de incineración -si sirven solo para eliminarlos o si es para producir energía eléctrica- y penalizará el depósito en vertedero frente a la incineración.
El texto también establece la recogida separada de varios tipos de residuos, como los textiles o los aceites de cocina usados, y adelanta la obligación de implantar un recipiente para la materia de origen orgánico -el contenedor marrón-.
Todas estas actuaciones harán que los servicios de basuras municipales se encarezcan un 30% -unos 80 euros por ciudadano-, hasta los 3.700 millones de euros anuales. A esa cantidad hay que añadir una inversión superior a los 2.600 millones destinada a mejorar los sistemas de recogida, tratamiento, reciclado y reutilización, que deberán aumentar un 86% desde el nivel actual hasta el año 2035, si bien parte de esta cantidad se financiará a través de los fondos europeos de Reconstrucción tras la pandemia para los que el Gobierno ya ha habilitado 421 millones en 2021, y cuyo reparto está negociando con las Comunidades Autónomas. Y es que la norma da potestad a las autonomías para decidir la finalidad del dinero obtenido a través de esta nueva tasa. Es decir, les cede la capacidad para determinar si el importe recaudado se destina a la financiación y mejora de los sistemas de recogida y tratamiento de los residuos o a otras actuaciones ambientales.
En la actualidad, varias Comunidades cuentan con algún tipo de canon o impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos o sobre la incineración. En Cataluña, por ejemplo, el traslado de residuos a un vertedero cuesta de media 82 euros la tonelada, mientras que en otras regiones esta actividad carece de control y su gestión ronda los 20 euros. La falta de homogeneidad da lugar al conocido como turismo de residuos que consiste en trasladar los deshechos al municipio vecino para evitar pagar la tasa correspondiente. Para alcanzar una verdadera economía circular hay que conseguir poner en valor el residuo para que empiece a cobrar un mayor sentido económico el reciclaje o la reutilización.