La CHG inicia el cierre de 170 nuevos pozos en Doñana
Con esta regularización el organismo de cuenca pretende aumentar la gobernanza en el entorno del Parque Natural, revertir el estado del acuífero y garantizar su uso sostenible
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha iniciado, en colaboración con la Comunidad de Regantes el Fresno, el cierre de 170 pozos y la revisión del sellado de otros 250 sondeos en el entorno de Doñana, lo que permitirá a los comuneros recibir el agua superficial en virtud de la concesión otorgada.
Así, los técnicos de la Confederación certificarán en las próximas semanas el cierre definitivo de los pozos asociados a la reciente concesión de 318 hectáreas. Gracias a ello, se deja de traer un volumen de agua de 4,26 hectómetros cúbicos al año de la masa subterránea La Rocina, con conexión directa al arroyo del mismo nombre, lo que fomentará su recarga natural. Según ha anunciado el organismo de cuenca, una vez que el pozo esté sellado por el agricultor y su cierre comprobado por la CHG, y tras cumplir con la regularización de la comunidad, el derecho de agua se otorgaría por parcela.
Los técnicos también deberán ratificar el sellado de otros 250 sondeos que se cerraron anteriormente con el objetivo de certificar su inutilidad.
Un espacio amenazado
Con la regularización de esta concesión otorgada en dos fases -496 hectáreas en septiembre de 2018 y otras 318 en diciembre de 2020- la Confederación pretende aumentar la gobernanza en el entorno de Doñana, revertir el estado del acuífero y garantizar su uso sostenible.
En los últimos años el Parque Natural se ha visto amenazado por múltiples factores que ponen en peligro el equilibrio de su ecosistema, entre las que destacan las extracciones de agua ilegales. De hecho, un reciente informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo incluye en la lista de Espacios Naturales Patrimonio de la Humanidad amenazados bajo el epígrafe de “especial preocupación”, la tercera de las cuatro categorías existentes. Se trata de una calificación negativa, pero poco sorprendente, ya que numerosas organizaciones llevan tiempo alertando de la peligrosa situación que atraviesa el acuífero. No en vano, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decidió el pasado verano declarar formalmente “en riesgo de no alcanzar el buen estado” a las masas de agua subterráneas de La Rocina, Almonte y Marismas, todas ellas en el entorno del parque.
Ahora, el organismo de cuenca debe elaborar un programa con actuaciones específicas para la recuperación de las masas de agua y un plan de extracciones que contemple una explotación racional de los acuíferos con el objetivo de mejorar el estado de estas masas y proteger los ecosistemas asociados. El plan permitirá un mayor control de la gestión del agua y determinará los volúmenes de uso autorizados, que podrán modificarse en momentos de especial afección, como por ejemplo los períodos de sequía. Asimismo, asegurará que los aprovechamientos se ciñen a los planes existentes.
Mientras tanto, las decisiones tomadas por los gestores del parque, como la de no dragar el río Guadalquivir -respaldada por el Tribunal Supremo- o el desarrollo del Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, están contribuyendo a mitigar las amenazas más inmediatas.