El Gobierno ultima el envío al Congreso de la ley de Residuos

Robustecer la economía circular y aumentar la demanda de plástico reciclado. Este es el principal objetivo que persigue el proyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé enviar al Congreso a lo largo del mes de marzo.

El nuevo texto, que reemplazará la ley vigente desde 2011, se ha redactado en línea con los objetivos europeos en materia de reciclado, según los cuales el reciclaje y la reutilización de envases de plástico debe alcanzar el 50% en el año 2025 y el 55% en el año 2030. España tiene hasta el próximo mes de julio para trasponer la directiva comunitaria, por lo que se espera que el Parlamento apruebe la ley de forma definitiva durante el verano.

El anteproyecto contempla dos impuestos: uno a los envases de plástico vírgenes no reutilizables con el que se prevén recaudar unos 724 millones de euros, y otro al depósito en vertedero e incineración que aportará 850 millones a las arcas públicas. El primero recaerá en el fabricante del envase o en el importador, aunque también tendrá efecto en el precio final que abonará el consumidor. En el segundo, sin embargo, los contribuyentes serán los titulares de las instalaciones de vertederos e incineradoras.

El tipo impositivo variará en función del residuo y de la tipología del vertedero -si es una instalación dedicada a los residuos no peligrosos, a los peligrosos o a los inertes, etc.- o de la planta de incineración -si sirven solo para eliminarlos o si es para producir energía eléctrica- y penalizará el depósito en vertedero frente a la incineración.

El texto también establece la recogida separada de varios tipos de residuos, como los textiles o los aceites de cocina usados, y adelanta la obligación de implantar un recipiente para la materia de origen orgánico -el contenedor marrón-.

Tal y como adelantó recientemente elEconomista, todas estas actuaciones harán que los servicios de basuras municipales se encarezcan un 30% -unos 80 euros por ciudadano-, hasta los 3.700 millones de euros anuales. A esa cantidad hay que añadir una inversión superior a los 2.600 millones destinada a mejorar los sistemas de recogida, tratamiento, reciclado y reutilización, que deberán aumentar un 86% desde el nivel actual hasta el año 2035, si bien parte de esta cantidad se financiará a través de los fondos europeos de Reconstrucción tras la pandemia para los que el Gobierno ya ha habilitado 421 millones en 2021, y cuyo reparto está negociando con las Comunidades Autónomas. Y es que la norma da potestad a las autonomías para decidir la finalidad del dinero obtenido a través de esta nueva tasa. Es decir, les cede la capacidad para determinar si el importe recaudado se destina a la financiación y mejora de los sistemas de recogida y tratamiento de los residuos o a otras actuaciones ambientales.

En la actualidad, varias Comunidades cuentan con algún tipo de canon o impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos o sobre la incineración. En Cataluña, por ejemplo, el traslado de residuos a un vertedero cuesta de media 82 euros la tonelada, mientras que en otras regiones esta actividad carece de control y su gestión ronda los 20 euros. La falta de homogeneidad da lugar al conocido como “turismo de residuos” que consiste en trasladar los deshechos al municipio vecino para evitar pagar la tasa correspondiente.

Nuevo impuesto de 0,45 por kilo

El anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados pretende reducir los plásticos de un solo uso. Así, a partir del próximo 3 de julio estarán prohibidos los bastoncillos de algodón -excepto productos sanitarios-, cubiertos y platos de plástico, palillos, pajitas y agitadores de bebidas, los palos para sujetar globos, excepto aquellos con aplicación industrial y profesional, así como los recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.

Como ocurrió hace dos años con las bolsas, los productos de plástico serán gravados fiscalmente a través de un nuevo impuesto indirecto fijado en 0,45 euros por kilo de envase y, a partir del 1 de enero de 2023, las cafeterías, bares y restaurantes deberán cobrar un precio por cada vaso y tapa de plástico del café para llevar. Al mismo tiempo, los establecimientos de restauración deberán ofrecer de forma obligatoria agua de grifo al consumidor, aunque éste podrá, en todo caso, optar por el consumo de agua embotellada.

El abandono de basura en el medio ambiente también estará penalizado y podrá conllevar multas de entre 1.000 euros y 2 millones de euros, según su gravedad.

Otro de los objetivos pasa por incrementar la reutilización y la preparación para su reutilización de al menos el 10% de los residuos municipales generados y mejorar un 10% la eficiencia del uso del agua.

Igualmente, se procurará acabar con la obsolescencia programada de los electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos.

Impacto económico

La aplicación de la futura ley, sostiene el Gobierno, tendrá en un impacto positivo en la economía y en los consumidores. La memoria del texto señala que se generarán 11.140 empleos directos, se reincorporarán recursos al proceso productivo, se impulsará la competitividad y la innovación, se ahorrarán muchos costes -desde sanitarios hasta los de recuperación de suelos contaminados-, se evitarán incendios forestales y también multas europeas.

El documento resalta que hay que considerar el coste derivado de las posibles sanciones a España por incumplir la normativa de residuos. Tanto la directiva europea como la ley española del 2011 obligan a preparar un 50% de los desechos para su reutilización y reciclado en 2020 pero, por el momento, ni siquiera alcanza el 35%, lo que abre el riesgo de nuevos procedimientos de infracción por parte de la UE. Además, se siguen remitiendo a los vertederos el 54% de los residuos, cuando la normativa comunitaria establece un máximo del 10% en 2035.

Estas malas prácticas ya han provocado multas en países como Grecia (10 millones más 14,5 millones semestrales), Italia (40 millones y 42,8 millones semestrales) o Eslovaquia (1 millón y 5.000 euros diarios).

España es uno de los países europeos que menos recauda por impuestos medioambientales. Según datos de la oficina estadística Eurostat, en 2019 se situó en el cuarto puesto del ranking entre los estados con menor peso de los ingresos derivados de este concepto en el PIB, empatado con Alemania. La fiscalidad verde representó el 1,77% del total frente al 2,37% de la media europea, y esto significa que España cuenta con un margen muy alto de actuación en esta materia.

Tributo al transporte aéreo

Consciente de la necesidad de dotar de mayor peso a los impuestos medioambientales para luchar contra el cambio climático, avanzar hacia una transición energética sostenible y promover la implantación y uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero planteó un a principios del año pasado un nuevo tributo especial para las empresas del transporte aéreo.

El objetivo de este gravamen era fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y servir como incentivo para explorar nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes. Sin embargo, la situación económica y sanitaria mundial derivada del coronavirus y la grave crisis que atraviesan las aerolíneas, ha hecho que el Ejecutivo haya aplazado, por el momento sine die, la decisión de implantar esta nueva tasa.