El precio del CO2 frena la transformación ecológica de la industria

El mundo tiene prisa. Se lo exige el medioambiente y también la certeza de que una actividad económica no sostenible hará que el propio mundo, en el futuro, no sea. Hace ya décadas en Europa se impuso el principio de ‘quien contamina, paga’. No obstante, es precisamente la prisa la que conduce a establecer pautas a veces demasiado elevadas; a veces, demasiado ilusionantes. En ocasiones, también, difíciles de implementar cuando se topan con unas inercias que hasta ahora no atendían ninguna máxima que no mirase más allá del corto o, en todo caso, del medio plazo.

Hace tan sólo unos meses, ningún indicador hacía pensar que los derechos de emisión de CO2 podían llegar a superar la barrera de los 25 o 30 euros por tonelada, pero en lo que va de 2021 los precios se han duplicado. Y las previsiones alertan de que esta escalada todavía no conoce techo. La ambición climática de la Unión Europea y la burbuja especulativa generada en torno a este mercado están provocando un incremento tan veloz como desproporcionado que, en muchas ocasiones, termina por lastrar los presupuestos que deberían ser destinados, prioritariamente, a la innovación y al impulso de tecnologías no contaminantes.

Apuesta europea por la descarbonización

El mercado de los derechos de emisión fue creado en 2005 como uno de los mecanismos diseñados por Bruselas para combatir el cambio climático. A través de este sistema de comercio las instalaciones consideradas más contaminantes -centrales eléctricas, fábricas y compañías aéreas- adquieren unos permisos que les autorizan a emitir una determinada cantidad de gases a la atmósfera. El precio, durante los primeros años, era tan bajo que a la industria le resultaba más rentable pagar los costes asociados que invertir en transición ecológica, el verdadero objetivo de este mecanismo.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar en 2014 con la implantación de las nuevas metas climáticas para 2030 y, sobre todo, con la entrada en vigor del Acuerdo de París, que obligaba a reducir de forma sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero, provocando una paulatina disminución de los derechos por contaminar que cada año se otorgaban a las empresas. Los paquetes de emisiones gratuitas empezaron a reducirse, al igual que el total de derechos concedidos, que cayó un 1,74% de media anual entre 2013 y 2020. A partir de este año, está previsto que baje hasta un 2,2%.

“En realidad, los derechos de emisión están alcanzando valores que se esperaban desde su implantación a partir del acuerdo de Kyoto. La crisis de 2008 provocó un receso de las industrias contaminantes durante unos años que, a su vez, supuso que los precios del mercado de emisiones alcanzaran mínimos que no se habían contemplado en su aplicación inicial. Ahora que ha pasado la crisis, y con la salida de la pandemia, estaba claro que se produciría una escalada importante”, afirma Luis Díaz, presidente de la Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2).

Los planes europeos de descarbonización se han visto, además, acelerados con la llegada de Úrsula von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea, con la aprobación del Pacto Verde Europeo y, sobre todo, con la crisis sanitaria del Covid-19. En los últimos meses las autoridades europeas han marcado una trayectoria de reducción de emisiones de CO2 mucho más estricta para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y proponen ahora reducir al menos un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. En esta misma línea se espera un nuevo paquete de medidas para verano que, según vaticina Eric Bernard, corporate trader en Factor Trading, “debería tener un efecto alcista en el medio plazo”.

Este renovado y reforzado interés por la protección del medioambiente y los desafíos lanzados por las autoridades supranacionales han llamado la atención de los especuladores financieros, que han encontrado en los derechos de emisión de CO2 un mercado refugio en el que invertir su dinero mientras otros sectores, como el bursátil, atraviesan un periodo de gran volatilidad. “Los derechos se han convertido en un activo muy atractivo y son muchos quienes quieren beneficiarse de la nueva ambición climática para invertir su dinero. Según nuestros cálculos, en abril los especuladores realizaban el 27% de las compras y el 73%, el resto de players”, explica Bernard.

El aumento de costes también se ha visto motivado por otros factores como la coincidencia con el final del ciclo 2013-2020, una circunstancia que ha impedido a las compañías utilizar los derechos otorgados de cara al siguiente año para cumplir con el anterior. “Ha habido un aumento del volumen de compra por parte de los industriales y esto ha provocado un incremento de la demanda y, por tanto, de los precios”, señala Ismael Romeo, director de Sendeco2.

Niveles en máximos históricos

Desde el segundo trimestre de 2020, cuando el coste cayó hasta el entorno de los 20 euros por tonelada, el precio no ha parado de crecer hasta superar los 50 euros el pasado mayo, si bien registró un ligero alivio a mediados de mes tras el estreno del sistema de emisión paralelo que ha puesto en marcha Reino Unido. Los analistas aseguran que las cifras continuarán subiendo y, en el medio plazo, se establecerán en niveles mucho más altos.

“En abril, las previsiones hablaban de 43,5 euros por tonelada para lo que quedaba de semestre, pero ya estamos casi 10 euros por encima y se han roto todas las expectativas. Algunas voces alertan de que el Partido Verde Europeo quiere que los costes se incrementen paulatinamente hasta los 150 euros por tonelada”, afirma Bernard.

“Ahora mismo no hay límite”, añade Romeo, quien también recuerda que “la Unión tiene la capacidad de intervenir en el mercado si considera que la excesiva especulación ha descontrolado los precios”, aunque considera que todavía estamos lejos de los niveles que permitirían activar estos mecanismos.

Sin embargo, muchos integrantes del sector industrial, y también algunos Gobiernos, solicitan una inminente mediación de Bruselas. El pasado mes de marzo, Polonia envió una carta a la Comisión Europea pidiendo que se investigara si el repunte era debido a la especulación. Pero la Comisión no sólo se ha mostrado contraria a intervenir, sino que se ha posicionado a favor de nuevos incrementos alegando que sólo así será posible cumplir con los objetivos comunitarios de contaminación.

“Debemos tener mucho cuidado porque nuestra intervención generará un precio no basado en el mercado y socavará la credibilidad del sistema de comercio de emisiones”, afirmó Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión y responsable del Pacto Verde Europeo. “Si queremos alcanzar nuestros objetivos, creo que el precio debería ser superior a los 50 euros por tonelada”, insistió.

Más carga para las empresas

A estas alturas ya nadie duda de que un elevado precio del carbono es vital para que la Unión Europea cumpla las metas marcadas, pero la industria subraya que necesita tiempo para adaptar sus procesos productivos al nuevo escenario.

La certeza en el precio es imprescindible para garantizar la descarbonización de los sectores más contaminantes, que se están viendo lastrados por la vertiginosa escalada que han experimentado los costes en los últimos meses. “A principios de año, la Comisión Europea envió una encuesta a las industrias preguntando si los precios altos servirían para que invirtieran en cambio tecnológico. Muchas contestaron que la subida de precio había sido tan importante que su único objetivo era sobrevivir”, recuerda Ismael Romeo.

Un incremento pausado y paulatino contribuiría, asimismo, a fomentar la inversión en tecnologías incipientes, como la captura y almacenamiento de carbono, que son fundamentales para implementar el proceso de transformación ecológica a largo plazo. Tal y como señala el presidente de PTECO2, “sin proyectos de captura de CO2 no va a ser posible alcanzar los objetivos a 2050. Aún más si consideramos que hay procesos industriales en los cuales es inherente la emisión de CO2 y no hay alternativa a la captura”.

Un crecimiento contenido ayudaría también a sostener la competitividad de la industria europea, que podría verse si no seriamente afectada frente a rivales ubicados en zonas no limitadas por las emisiones de carbono. Es esta una circunstancia que acaba repercutiendo en los bolsillos de los ciudadanos, ya que las empresas necesitan trasladar el incremento asociado a sus procesos productivos al cliente final, haciendo que suba el IPC o el recibo de la luz.