Una nueva oportunidad para la planificación hídrica en España

El Miteco acaba de presentar los borradores de los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo para el periodo 2022-2027. Una herramienta que, según la ministra Teresa Ribera, permitirá abordar la gestión del agua en España durante los próximos años en línea con los principios y estrategias del Pacto Verde Europeo y con los objetivos de adaptación al cambio climático.

Con una inversión prevista de 21.000 millones de euros -8.000 de ellos ejecutados por la Administración General del Estado-, los planes apuestan por la recuperación de acuíferos y también por impulsar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos con el objetivo de revertir su deterioro y gestionar el riesgo de inundación. También muestran avances importantes en cuanto a la determinación de las necesidades hídricas de lagos y humedales, establecen objetivos para la protección de zonas protegidas, plantean medidas para subsanar el problema de la contaminación difusa producida por nitratos de origen agrario e incluyen actuaciones en materia de depuración de vertidos urbanos y reutilización, bajo el soporte técnico y de gobernanza establecido en el Plan DSEAR.

Sin embargo, uno de los puntos más polémicos estriba en la definición de los caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas. Esta medida ha causado especial controversia en el caso de la cuenca del Tajo, ya que conlleva la reducción de la cantidad de agua que se podrá trasvasar desde la cabecera hasta la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. La cantidad rebajada, contemplan los borradores, será sustituida por agua procedente de las desaladoras.

La medida ha caído como un jarro de agua fría entre los regantes levantinos, que consideran que así se está “condenando a muerte” el futuro de la región, cuya economía depende en gran parte de la producción agrícola, que desde los años ochenta se riega con el agua procedente del trasvase. Es cierto que la fijación de estos caudales interfiere en los intereses de determinados sectores, aunque pretende cumplir con las cinco sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que se insta al Gobierno a acatar la legislación europea. No debemos olvidar que España acumula varios fallos pendientes de ejecutar en materia de agua y, en concreto, sobre la cuenca del Tajo, que incumple la Directiva Marco del Agua al no tener fijados estos mínimos.

Por tanto, se impone la compleja tarea de buscar el equilibrio entre la sostenibilidad económica y medioambiental, un trabajo tan arduo como necesario y que deberá procurar, en cualquier caso, las mayores cotas de consenso posibles para evitar una nueva guerra del agua y también la implantación de medidas incompletas que sigan cronificando un problema ya histórico.