Nueva Ley de Cambio Climático: principales aspectos medioambientales
Recientemente se ha aprobado la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, poniendo así fin a una tramitación que se inició en 2019 y que tiene como principal objetivo alcanzar la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2050, estableciendo como hito intermedio el año 2030 -año en el que ya se establecen algunos objetivos en el camino hacia la descarbonización-.
Para ello, la Ley regula diversos mecanismos encaminados a (i) asegurar el cumplimiento de los compromisos alcanzados el 12 de diciembre de 2015 en el Acuerdo de París; (ii) lograr una descarbonización de la economía, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y evolucionando hacia un modelo circular en el uso de los recursos naturales; y (iii) compatibilizar el respeto al medio ambiente con un modelo de desarrollo sostenible desde un punto de vista económico, social y medioambiental.
Como instrumentos para lograr los objetivos planteados la normativa prevé aprobar una serie de Planes y Estrategias diseñados como instrumentos dinámicos, que serán objeto de actualización periódica, de tal manera que puedan re-evaluar y adaptarse al grado de consecución de los objetivos marcados. En particular, la Ley prevé la aprobación de los siguientes Planes y Estrategias:
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC): son la herramienta básica de planificación para lograr los objetivos marcados por la Ley 7/2021. Ya se ha elaborado el PNIEC correspondiente al periodo 2021-2030, que fue remitido a Bruselas para su valoración y ya ha obtenido la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica necesaria para su aprobación definitiva. Este documento en tramitación desarrolla los instrumentos y medidas a aplicar para lograr los objetivos marcados en la Ley 7/2021, incluyendo medidas transversales que afectan a sectores tan diversos como el transporte, el sector de la edificación, la industria, el sector agrario y forestal o la gestión de residuos.
- Estrategia de Descarbonización a 2050: esta Estrategia, que será revisable quinquenalmente, tiene como principal objetivo marcar la senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española.
- Estrategias y Convenios de Transición Justa: cuyo objetivo será evaluar y sentar las bases para lograr un modelo económico, social, laboral y medioambiental sostenible, que garantice la igualdad y solidaridad entre territorios y personas.
- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC): que constituye el instrumento de planificación básico para paliar y prever los riesgos derivados del cambio climático.
- Otros Planes y Estrategias de adaptación al Cambio Climático: más allá de prever la aprobación de los PNACC como instrumentos básicos en la materia, la Ley 7/2021 también sienta las bases para la planificación y gestión del impacto del cambio climático en sectores y ámbitos específicos, tales como la gestión hidrológica -mediante la aprobación de Estrategias del Agua para la Transición Ecológica-, el dominio público marítimo-terrestre -con las Estrategias de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático- o la biodiversidad -con los Planes Estratégicos del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Estrategias Estatales de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración ecológicas-.
En paralelo, la Ley 7/2021 prevé, como medida transversal, la introducción paulatina de la tecnología digital y la inteligencia artificial en la economía con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de todos los sectores de producción de cara a facilitar la consecución de los objetivos marcados.
En el ámbito de la movilidad y transporte sostenibles, la Ley 7/2021 establece la movilidad y el transporte como uno de los ejes clave para la consecución de los objetivos marcados, previendo algunas medidas clave en esta materia:
- Transporte público y vehículo eléctrico: promoción y fomento del transporte público y su electrificación, así como el vehículo privado eléctrico -marcando como objetivo que, en 2050, el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros no realice emisiones directas de CO2-.
- Puntos de recarga: en la misma línea, la Ley 7/2021 promueve la instalación de puntos de recarga eléctrica mediante el otorgamiento de ayudas públicas. En particular, la Ley establece que, antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de 20 plazas -ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito- deberán cumplir los estándares de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos establecida en el Código Técnico de la Edificación.
- Zonas de Bajas Emisiones: otra de las medidas clave que se prevé en la Ley 7/2021 es que los municipios y territorios insulares con más de 50.000 habitantes deberán aprobar, antes de 2023, zonas de bajas emisiones que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad.
Para la consecución de los objetivos marcados, la Ley prevé la movilización de recursos públicos para la financiación de las actuaciones necesarias. Así, se prevé que una parte de los Presupuestos Generales del Estado -el equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea- vayan destinados a la lucha contra el cambio climático.
En la misma línea, prevé que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión sean empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética.