Nueva Directiva de Aguas Potables

El agua es vida, es salud y es un bien básico fundamental que hay que preservar y proteger. Los operadores, como cuidadores de este bien, hacemos un llamamiento a respetar el agua urbana y a contribuir a recordar el inmenso valor que tiene.

Actualmente, estamos inmersos en el proceso de transposición a nuestra legislación de la reciente Directiva 2020/2184 sobre Aguas de Consumo Humano, aprobada por la Unión Europea. Hay una fuerte tradición en regular la calidad de las aguas de consumo humano, primero en los estados miembros, pero luego a través de la anterior Directiva 98/83 CE, que supuso un esfuerzo de armonización en nuestro entorno de unión política. Es de sobra conocido que la consideración de potabilización −aptitud para el consumo humano− es una medida imprescindible para asegurar la salud de la ciudadanía.

No es este el foro para aportar datos comparativos, pero basta recordar lo que dice la Sociedad Española de Epidemiología: “...han sido las actuaciones de salud pública que más han contribuido a prevenir las enfermedades transmisibles en la población”.

Desde el pasado 12 de enero, fecha de entrada en vigor de la norma, los ciudadanos europeos nos hemos dotado de un instrumento común legislativo, basado en unos objetivos sociales y políticos ambiciosos:

- Mejora de la calidad del agua suministrada para consumo humano, con mayor exigencia de parámetros, algunos de nueva consideración, de control o vigilancia y con incremento de algunas frecuencias de muestreo y ampliación de las baterías de ensayos.

- Basarse en el análisis y control preventivo de los riesgos de fallo y priorizarlo, tanto en la captación de fuentes naturales, como en la red de distribución municipal, así como en el grifo del consumidor final; lo que obliga a diferentes administraciones y operadores y pone de relieve la necesidad de cooperación y coordinación.

- Criterios de regulación para los materiales en contacto con el agua.

- Asegurar el acceso universal del suministro para todos los ciudadanos, poniendo especial énfasis en los colectivos vulnerables, itinerantes o desarraigados, al mismo tiempo que se estimula el fomento del uso del agua suministrada por los servicios públicos, en establecimientos comerciales.

- Fomentar la transparencia hacia el ciudadano de las acciones de las administraciones responsables y de los operadores de los servicios. Esto hace que aparezcan, implícitamente, unas condiciones evidentes de regulación armonizada, que son explicitas en el caso del Índice de Fugas Estructurales, o indicador similar, y la obligación nacional de reportar a Europa en el año 2026, y que apoyan y avalan la tesis defendida durante años por nuestro sector en esta materia.

De su lectura se deriva que en esta norma se produce un fenómeno de enfoque más holístico o transversal. Si la anterior Directiva era un documento muy técnico enfocado a la protección de la calidad, la nueva revisión tiene en consideración la mejor prestación del servicio hacia el ciudadano y pone las bases para que este pueda conocer el detalle, no solo de la calidad, sino de otros datos como el consumo, el precio o las pérdidas de la red de suministro.

Los europeos hemos querido ser prudentes, exigentes y estar a la vanguardia mundial en un tema tan básico y fundamental como es el suministro de agua a los entornos urbanos. Esto supone un esfuerzo económico de la sociedad y, siguiendo los propios principios de “recuperación de costes” y de “adecuada contribución de los usos” de la Directiva Marco del Agua del año 2000, suponemos que para los usuarios.

La Directiva es ambiciosa, es exigente, está alineada con los máximos principios de precaución, y busca la seguridad y la resiliencia, pero resultará “cara”. Esto era evidente desde el primer borrador de la CE, que ya afloraba y mencionaba unos costes, calculados según su propia evaluación económica, que suponían un incremento del 15% a nivel general, sobre los costes operativos actuales. De forma rigurosa, tenemos que recordar que esta cifra se ha ajustado y estará más cerca del 10%, dado que, en el proceso participativo de aportaciones se han afinado algunas cuestiones que han reducido la incidencia en el coste.

En España, estos costes podrían ser superiores dado nuestro déficit estructural en renovación de tuberías y activos, como ya venimos informando. Unas cifras muy relevantes en todo caso. Recordemos que este servicio es una competencia municipal, que incluso tiene “reserva de ley” sobre el mismo, pero que está demostrado que hoy requiere una operación muy profesionalizada y tecnificada y que, para ser eficiente, hay que evolucionar hacia modelos integrados desde el punto de vista geográfico, organizativo o funcional -consorcios, mancomunidades, empresas provinciales o autonómicas, o modelos concesionales en donde el operador privado puede aportar tecnología o eficiencia organizativa y financiera- de los que tenemos sobrada experiencia. Hemos perdido una primera oportunidad de reclamar más cantidad de fondos del Plan de Recuperación, T. y R., para este reto, pero hay que perseverar y buscar otras opciones y oportunidades. El “esfuerzo económico” del ciudadano español -indicador que considera el gasto en agua respecto a ingresos familiares, de forma armonizada- es del 73%, muy bajo respecto a la media europea.

Es el momento de prepararse para cumplir la Directiva. De tener argumentos y hojas de ruta para adaptarse a las nuevas exigencias y trabajar por divulgar universalmente la importancia y el VALOR DEL AGUA. Pedimos responsabilidad a nuestras autoridades, capacidad de cooperación y colaboración. Nosotros ofrecemos nuestras capacidades técnicas y cualificación, nuestras exitosas experiencias y nuestro enfoque de sostenibilidad social, ambiental y económica.