La subida de la luz frena la renovación de los regadíos

Los regantes son el segundo mayor consumidor de energía en España, solo por detrás de ADIF y, como es lógico, se han convertido en uno de los colectivos más afectados por las nuevas tarifas eléctricas que entraron en vigor el pasado 1 de junio.

El nuevo sistema conlleva una modificación y un desdoblamiento de los precios en términos de potencia y de energía, y también establece un nuevo componente que constituye los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad, si bien uno de los cambios que más afectará a las instalaciones de riego es que elimina la diferenciación de precio en tres periodos (valle, llano y punta) para instaurar un sistema dividido en seis fases (desde el P6 más barato hasta el P1 más caro, pasando gradualmente por el P5, P4, P3 y P2), lo que significa que habrá menos horas baratas y más tiempo de precios intermedios.

Todas estas modificaciones han supuesto un jarro de agua fría para las comunidades de regantes, que temen que el importe de la factura eléctrica se dispare debido a los excesos de potencia.

La Federación de regantes (Fenacore) ha calificado la subida como “un mazazo”, después de que los costes energéticos se hayan incrementado más del 120% desde 2008, y estima que los nuevos cambios aprobados por la CNMC pueden suponer un aumento del coste del 15% de media para los agricultores de regadío. Alerta, además, de que este encarecimiento puede “suponer un freno para el proceso de modernización” y considera que no responde a los esfuerzos que han realizado para ahorrar un 16% en el consumo de agua durante la última década.

Por eso, la patronal reclama poder firmar dos contratos eléctricos al año que permitan distinguir entre la época de riego y la de no riego aplicando tarifas diferentes. Se trata de una medida que se aprobó en la disposición final de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 -aunque todavía no se ha desarrollado- y que permitiría a los agricultores ahorrar al menos un 20% de sus costes eléctricos, cantidad que podrían destinar a modernizar el casi millón de hectáreas aún pendiente.

Mientras tanto, los agricultores buscan alternativas para que el incremento de la factura energética impacte lo menos posible en su actividad y solicitan la implantación de medidas específicas que ayuden al sector a aliviar la presión económica, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno. En este sentido, piden al gobierno que apruebe un IVA reducido para el suministro eléctrico de los regadíos, una solución que desde hace años tiene buenos resultados en Italia. También reclaman la creación una tarifa especial para sectores estratégicos, entre los que se encuentra el agroalimentario, como tienen Francia y Alemania.

Más allá de la esfera política, plantean fomentar el autoabastecimiento e impulsar la adaptación de las instalaciones a las energías renovables, fundamentalmente fotovoltaica y eólica, para evitar así el incremento del peaje y mantener a los usuarios a salvo de los cambios tarifarios. Por otro lado, proponen la compra conjunta de energía, una práctica habitual en otros países europeos que en España, sin embargo, no ha tenido buena acogida.