España invertirá 8.000 millones en agua para cumplir con Europa

Una “herramienta clave que permitirá abordar la gestión del agua en España durante los próximos seis años, en línea con los principios y estrategias del Pacto Verde Europeo y con los objetivos de adaptación al cambio climático”. Con estas palabras describió Teresa Ribera los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo durante la presentación de los borradores para las nueve demarcaciones intercomunitarias, que acaban de entrar en fase de consulta pública y estarán abiertos a alegaciones y comentarios durante los próximos tres meses, con el fin de enviarlos a Bruselas antes de 2022.

La hoja de ruta que marca las pautas a seguir presenta en esta ocasión un claro cambio de tendencia en la gestión de este recurso, ya que por primera vez incluye medidas para priorizar mejor los usos del agua, gestionar las grandes avenidas y sequías y definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas.

Una de las principales novedades es que los borradores contienen propuestas concretas de adaptación al nuevo escenario de escasez hídrica en cada demarcación, en sintonía con la nueva Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC 2021-2030). En este sentido, aconsejan disminuir un 5% la utilización de agua de cara a 2030 y un 15% para 2050.

También identifica los principales problemas a los que se enfrenta cada región hidrográfica y propone un conjunto de planes y medidas que se deberían implantar en cada una de ellas para cumplir con la Directiva Marco del Agua.

Una inversión sin precedentes

El desarrollo de la nueva planificación hidrológica contempla una inversión cercana a los 21.000 millones de euros, 8.000 de los cuales serán ejecutados por la Administración General del Estado a través de la Dirección General del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades Estatales. “Un esfuerzo inversor sin precedentes que marcará un antes y un después en la gobernanza del agua en nuestro país”, según ha manifestado la ministra para la Transición Ecológica.

Las actuaciones previstas serán respaldadas en gran medida por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que prevé destinar 1.700 millones de euros en los próximos tres años al impulso de tres grandes áreas: saneamiento, depuración, reutilización y seguridad de las infraestructuras (650 millones); restauración de los ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundaciones (800 millones), y transición digital en el sector del agua (250 millones).

Así, la estrategia apuesta por recuperar los acuíferos y por impulsar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para revertir su deterioro hidromorfológico y gestionar el riesgo de inundación. De hecho, en la definición e implementación del régimen de caudales ecológicos de los ríos el número de masas contempladas pasa de 170 a 405.

“Queremos romper con los malos hábitos del pasado y gestionar con éxito este tercer ciclo del agua. Por eso, no solo es importante conocer el volumen disponible en cada demarcación, sino también saber cómo priorizar sus usos y como prepararnos para escenarios diferentes”, remarcó la vicepresidenta cuarta, quien también insistió en que resulta “imprescindible cumplir de una vez por todas con la obligación que hace más de 20 años marcaba la Directiva Marco del Agua sobre la necesidad de contar con caudales ecológicos” que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas; reducir las presiones a las masas de agua y mejorar los sistemas de depuración, que son “la gran asignatura pendiente”, así como fomentar el ahorro y la reutilización para atender a las demandas. Y es que tal y como recordó Ribera, España tiene varias sentencias pendientes de ejecutar en materia de agua y, en concreto, sobre la cuenca del Tajo, que está incumpliendo la normativa europea por no tener fijados caudales ecológicos.

El plan diseñado para esta confederación hidrográfica se ha convertido en uno de los puntos más polémicos, ya que por primera vez fija un caudal ecológico en la cuenca del río Tajo, haciendo que se reduzca la cantidad de agua que se podrá trasvasar desde la cabecera a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía. Actualmente el caudal mínimo circulante del rio es de 6 metros cúbicos de media anual, pero el borrador establece que el caudal ecológico mínimo sea en Aranjuez de 7 metros cúbicos por segundo desde que se apruebe el plan de cuenca hasta finales de 2025, para subir a 8 metros cúbicos en 2026 y 8,6 en 2027. De esta forma, argumentan desde el Ministerio, las cuencas receptoras tendrán tiempo para realizar las obras necesarias para compensar el recorte del agua procedente del trasvase.

La medida pretende cumplir con las cinco sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que se insta al Gobierno a acatar la legislación europea y a fijar estos mínimos de agua para mantener una buena calidad medioambiental, pero ha levantado ampollas entre los usuarios de esta infraestructura. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) calcula que la subida gradual del caudal ecológico generaría una detracción de agua para el levante de 93 hectómetros cúbicos, dado que por cada metro cúbico por segundo que se incremente el caudal ecológico dejarían de recibirse 30 hectómetros cúbicos anuales.

También el Partido Popular de Murcia considera que la propuesta es una “estocada final” al trasvase que “sentencia y condena a muerte” el futuro de esta comunidad.

Seguridad hídrica

Los Planes también muestran avances importantes en la determinación de las necesidades hídricas de lagos y humedales. Así, los 54 casos considerados en los planes del segundo ciclo ascienden a 123 en esta última revisión.

En cuanto a las masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo, la revisión del tercer ciclo plantea un Plan de Acción con medidas que permitan reducir las extracciones mediante la sustitución de bombeos de aguas subterráneas por superficiales y restricciones al uso.

Pretende, además, mejorar las garantías de suministro dando mayor protagonismo a la desalación y a la reutilización como fórmulas para equilibrar la oferta con la demanda -sobre todo en los territorios con estrés hídrico- y potenciando la adecuación de las infraestructuras públicas al nuevo escenario. En este ámbito ya se han producido avances: el pasado mes de abril, el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que se definen las nuevas normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

Depuración y contaminación difusa

En materia de depuración de vertidos urbanos y reutilización, el borrador propone soluciones bajo el soporte técnico y de gobernanza establecido en el Plan DSEAR, con el propósito de cumplir con las obligaciones marcadas por la Comisión Europea.

Otro de los problemas identificados es la contaminación difusa producida por nitratos de origen agrario, un ámbito en el que, según reconoció Teodoro Estrela, director general del Agua, se ha producido un “escaso avance en los últimos tiempos”. Las aguas superficiales apenas han mejorado un 4%, mientras que las subterráneas incluso han sufrido un empeoramiento. Para el director general del Agua, esta circunstancia se debe a dos factores: por un lado, a unas guías de evaluación de las aguas que cada vez son más exigentes y, por otro, al escaso desarrollo de los programas de medidas previstos. En este sentido, el Miteco está redactando un proyecto de Real Decreto que permitirá poner freno a la contaminación difusa que compromete el buen estado de las aguas a consecuencia de antibióticos, nitratos o microplásticos.