Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos humanos al agua potable y al saneamiento: “Decidir en los mercados especulativos el precio del agua supone una tremenda irresponsabilidad”

Pedro Arrojo se ha convertido en el primer español que accede a este cargo tras la portuguesa Catarina de Albuquerque y el brasileño Léo Heller. Doctor en Física, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medioambiente en 2003, desde su puesto en la organización internacional se ha marcado el reto de “fortalecer la democracia hídrica en base a la transparencia y la participación ciudadana”.

Usted ha criticado el hecho de que el agua haya comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. ¿Abre esto las puertas a un negocio especulativo del agua?

Desde el momento en que los Mercados de Futuros se abrieron a las corporaciones financieras, pasaron a ser propicios para grandes negocios especulativos. Anteriormente se establecían relaciones desiguales y por tanto sesgadas, en muchos casos, entre grandes comercializadores y medianos o pequeños productores, especialmente en espacios tan sensibles como el de la comercialización de alimentos. Pero, aún en esos casos, al tiempo que el comercializador obtenía precios ventajosos, el productor aseguraba la venta futura eludiendo los riesgos del porvenir. Cuando se da entrada a los grandes bancos y fondos de inversión se abre un atractivo espacio para la especulación, dado que esas corporaciones financieras no van a estar interesadas ni en producir ni en comercializar, sino simplemente en jugar a comprar derechos de futuro al precio más bajo posible y presionar luego al alza los precios en la bolsa para venderlos.

Decidir en estos mercados especulativos el precio de productos sensibles, como los alimentarios, de los que dependen derechos humanos supone una grave inmoralidad y una tremenda irresponsabilidad, al tiempo que se generan graves desequilibrios que quiebran economías de sectores y países vulnerables.

El salto que se ha dado en la bolsa de Nueva York, ¿podría trasladarse a España?

Sin duda, puesto que ya existen cuasi-libres mercados de derechos concesionales a través de dos figuras legalizadas desde finales de los 90: los centros de intercambio y los contratos de cesión. Particularmente éstos últimos, en la medida que se han ido relajando o eliminando las regulaciones existentes en un principio, constituyen la antesala desde la que se podría saltar a los mercados de futuros en España. A lo largo de los años se han ido eliminando sucesivamente diversas regulaciones y se puede decir que hoy en España rigen cuasi-libres mercados de derechos concesionales, sometidos a condiciones regulatorias mínimas e ineficaces, de facto. Bastaría llevar las negociaciones entre particulares, que hoy se producen en los contratos de cesión, a mercados de futuros en la bolsa para que las grandes corporaciones financieras pudieran usarlos como espacios de negocio especulativo, lo que sería sumamente grave y peligroso.

Su predecesor, Léo Heller, publicó un polémico informe explicando los peligros de la privatización del agua. ¿Seguirá ahondando en esta línea de trabajo?

En la medida que nos referimos a servicios públicos esenciales, de los que dependen derechos humanos, y que por tanto deben ser de acceso universal, se requieren criterios de gestión coherentes con los principios rectores de los derechos humanos, que no concuerdan con los principios que presiden la lógica del mercado. En todo caso, tanto si la gestión es pública como si es privada o mixta se requiere una adecuada y rigurosa regulación que garantice las condiciones de transparencia, participación ciudadana, accesibilidad, asequibilidad y calidad necesarias. Héller en ningún momento negó que tal regulación pudiera plantearse de forma efectiva sobre modelos de gestión privada, aunque ofreció abundantes referencias prácticas sobre las dificultades que de hecho suelen imponerse. Léo Heller no hizo sino llevar a Naciones Unidas el debate que está en la sociedad, en la mayoría de países del mundo, aportando un volumen importante de referencias y datos empíricos que enfatizan la necesidad de hacer prevalecer en la gestión de estos servicios el interés general y los principios en que se fundamentan los derechos humanos. Por mi parte, abriendo espacio siempre al diálogo con todas las partes, incluidos los grandes operadores privados y quienes abogan por la externalización de estos servicios, me propongo profundizar en el informe desde la perspectiva de fortalecer la democracia hídrica, en base a la transparencia y la participación ciudadana, clarificando las bases reguladoras a promover para garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

El cambio climático está poniendo en riesgo -y en duda- la gestión hídrica de nuestro país. ¿Qué políticas se deberían implementar para adaptarnos al nuevo escenario?

Las políticas y estrategias de adaptación al cambio climático pasan por desarrollar el principio de precaución en una adecuada planificación hidrológica, lo que exigiría, entre otras, ideas como las siguientes: determinar el abanico de escenarios plausibles de cambio climático y asumir escenarios pesimistas para la planificación hidrológica, a fin de garantizar el principio de precaución; establecer los caudales ecológicos exigidos por la ley para preservar el buen estado de los ecosistemas acuáticos y acabar con el desgobierno que suponen los cientos de miles de pozos ilegales existentes, a fin de que los acuíferos puedan ser reservas estratégicas en sequía; promover una gestión integrada de aguas subterráneas y superficiales; garantizar de forma efectiva prioridades éticas entre los diferentes usos y valores en juego desde un enfoque basado en los derechos humanos; revisar las concesiones de agua existentes o esperadas de cara al futuro en base a las prioridades y expectativas vigentes, asumiendo un sistema justo de compensaciones. En esta línea, si queremos preservar las conquistas conseguidas en el regadío, se debería renunciar a su crecimiento e incluso reducir la superficie en tierras salinizadas o de mal drenaje, con adecuadas compensaciones.

También habría que revisar los planes urbanísticos reduciendo las demandas de agua esperadas en el futuro; mejorar la eficiencia en las redes de abastecimiento y los sistemas de saneamiento; desarrollar proyectos de regeneración y reutilización de caudales; usar energía solar y eólica para la desalación en zonas costeras; promover sistemas públicos, transparentes y participativos para la prevención y gestión de sequías e inundaciones; ampliar el dominio fluvial para ablandar las crecidas y promover estrategias de drenaje pluvial sostenible de cara a lluvias intensas; implantar un sistema de seguros y compensaciones frente a sequía para el regadío o promover estrategias de movilización y gestión de sedimentos en los embalses para recuperar el flujo sólido de los ríos y preservar deltas y playas frente a la subida del nivel del mar.

No es partidario de los trasvases y alega que son una medida ineficaz para hacer frente al cambio climático. ¿Qué alternativa propone para el reparto de agua?

Hoy conocemos los enormes impactos ambientales y sociales de las grandes obras hidráulicas. Sin embargo, el argumento esencial en este caso es el de la ineficacia.

España está entre los países del mundo con mayor capacidad de regulación por habitante y kilómetro cuadrado. En este contexto, basar la estrategia frente a futuras sequías por cambio climático en la construcción de más presas sería como regalarle un monedero a un pobre. El pobre no necesita un monedero, sino dinero. Pues bien, para afrontar la perspectiva esperada de hasta un 24% menos de caudales fluviales, la estrategia no puede basarse en construir más embalses, que estarán vacíos en la próxima sequía.

Respecto a los trasvases, el argumento esencial está en el carácter regional de las sequías, que no suelen ser locales, sino que generalmente afectan, cuando menos, a toda la región mediterránea. Por ello, cuando entra en sequía el Segura, también lo hace el Júcar, el Ebro, el Llobregat e incluso la cabecera del Tajo. En esas circunstancias, los trasvases suelen colapsar, justo cuando más se necesitarían. Simplemente es una insensatez construir más presas que estarán vacías en la próxima sequía y trasvases que colapsarán en tales circunstancias.

Es necesario implementar una transición hidrológica justa, que no deje a nadie sin trabajo y no castigue a los sectores más vulnerables. En provincias volcadas en el negocio del regadío, esto supone todo un reto. ¿Es posible hacerlo de forma equilibrada?

Entiendo que las estrategias de adaptación deberían estar presididas por la transición hidrológica a la Nueva Cultura del Agua. Esta transformación no sólo debe estar presidida por la racionalidad y el interés general de la sociedad ante el cambio climático, sino que dicho interés debe integrar la prioridad de garantizar los derechos humanos en juego y las medidas sociales pertinentes en favor de los sectores socio-económicos más vulnerables. En este sentido se debe prestar especial atención a la pequeña y mediana explotación agro-ganadera, con líneas de apoyo específicas a las buenas prácticas, como las que desarrolla la agro-ecología.

También creo fundamental abrir otra línea de puesta en valor, protección y reactivación productiva de esas vegas y huertas tradicionales, que atesoran las tierras de mayor fertilidad, a menudo cerca de las poblaciones, lo que facilita impulsar los mercados de cercanía y de alta calidad alimentaria.

Naciones Unidas se comprometió en 2010 a garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento, pero a día de hoy una de cada tres personas sigue sin poder acceder al agua potable y más de la mitad de la población mundial no tiene un saneamiento seguro. ¿Será posible lograr los objetivos en los próximos 10 años?

Respecto a las expectativas de cumplimiento del ODS 6 relativo al agua limpia y el saneamiento, estamos a mitad de camino y por tanto en un buen momento para plantearnos seriamente la cuestión. Hoy por hoy, el esfuerzo global en curso, siendo interesante, es manifiestamente insuficiente; y lo que es más grave, durante los últimos años tiende a debilitarse. Mi insistente llamamiento se centra últimamente en aplicar el creciente consenso sobre la necesidad de fortalecer nuestros sistemas públicos de salud a nuestros servicios públicos de agua y saneamiento, como base de esos sistemas públicos de salud, aunque dependan de los municipios. Por ejemplo, las inversiones del nuevo Green Deal europeo deberían alimentar una línea de financiación de los servicios de agua y saneamiento.

¿Cuál diría que es la clave para gestionar de forma eficaz el derecho humano al agua y al saneamiento?

La clave está en asumir que el llamado enfoque de derechos humanos presida la gestión de estos servicios. Es fundamental que las competencias de gestión se ubiquen en el ámbito municipal, con los Ayuntamientos como las instituciones más próximas a la ciudadanía, al territorio y a los ecosistemas hídricos.

El hecho de que las competencias sean locales exige también crear espacios de observación, supervisión y regulación supramunicipal (podrían ser autonómicos bajo coordinación estatal) que supervisen y garanticen el cumplimiento de los derechos humanos, así como los criterios de transparencia y de participación ciudadana que deben presidir la gestión de estos servicios.