La CHS cerrará en seis meses la red de regadío ilegal del Mar Menor
El organismo de cuenca aplicará un sistema rápido de ejecución subsidiaria para cortar el suministro de agua a las 8.500 hectáreas irregulares que operan el Campo de Cartagena. El procedimiento será paralelo a la tramitación de los expedientes sancionadores, que prevé haber concluído a finales de 2022
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) pretende tener concluidos a finales de 2022 los expedientes sancionadores sobre los regadíos ilegales en el Campo de Cartagena y proceder a la desconexión de las instalaciones de riego en las zonas sin derechos. El organismo de cuenca ha anunciado recientemente que abrirá expedientes específicos de ejecución subsidiaria para cortar el suministro de agua a la red de regadío ilegal detectada en el entorno del Mar Menor, una medida que, según ha anunciado su presidente, Mario Urrea, permitirá clausurar las explotaciones que carecen de derechos de agua -unas 8.500 hectáreas, cerca del 13% de toda la superficie regable de la zona- en un plazo de entre cinco y seis meses.
Este procedimiento será paralelo a la tramitación de los expedientes sancionadores -los correspondientes a 4.548 hectáreas ya han finalizado y otras 3.413 se encuentran en fase de tramitación, según los últimos datos aportados por la CHS- y obligará a los responsables de las fincas sancionadas con expedientes de ejecución subsidiaria a cortar el riego de las parcelas ilegales en 15 días. De lo contrario, se taponará la toma de agua y se trasladará el coste de la acción a los expedientados.
De hecho, la Confederación ya ha cortado el agua a las primeras 230 hectáreas tras haber enviado cerca de 50 avisos a los propietarios de las parcelas agrícolas sin derecho a riego, y ahora correspondería al Gobierno regional restituir los terrenos denunciados a su estado original, un trámite que puede resultar muy lento, ya que muchos agricultores optan por recurrir esta decisión ante los tribunales alegando que sí tienen derecho a riego. Por el momento, se han restituido más de 150 hectáreas en la cuenca.
La desconexión de las instalaciones de riego en las zonas sin derechos ubicadas en la cuenca vertiente es una de las actuaciones más urgentes para frenar “las contribuciones que generan daños” a la laguna que contempla el Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor, un documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica para recuperar el ecosistema de este entorno natural que incluye 34 puntos -especialmente aquellas que proceden del regadío ilegal, las aguas residuales o las explotaciones ganaderas- y para el que se ha previsto una dotación de 382 millones de euros hasta 2026.
En concreto, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) contará con un presupuesto de 27 millones de euros para reforzar la plantilla destinada al control de la Ley de Aguas, el precintado de las conexiones del riego ilegal, la actuación sobre el acuífero del Campo de Cartagena, la delimitación de los cauces públicos, la revisión de las autorizaciones de vertido de aguas residuales y el control de las explotaciones ganaderas.
Un problema que trasciende fronteras
La situación generada por la contaminación en el Mar Menor se ha convertido en un compromiso del Gobierno central y también la Comisión Europea ha mostrado su preocupación. Incluso el sector empresarial ha comenzado a implicarse. La cadena de supermercados Aldi ha anunciado que va a realizar una investigación “exhaustiva” a sus proveedores del Campo de Cartagena para conocer su posible grado de implicación en este proceso.