Los regantes manchegos denuncian retrasos en resoluciones de la CHG

La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Mancha Occidental II (CUAS) lleva tiempo denunciando los retrasos que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) acumula en la resolución de expedientes relacionados con acciones habituales como paso a concesiones, ampliaciones de perímetros de riego o cambios de emplazamientos. Aseguran que el organismo tarda entre cinco y ocho años en resolver este tipo de trámites y alertan de que la demora está provocando la paralización de su actividad y un importante perjuicio económico en sus explotaciones, ya que les impide regar y acometer inversiones y proyectos agronómicos haciéndoles perder una importante cantidad de cosechas. Subrayan, además, que este “inmenso retraso” está generando mayores irregularidades y dificultades en el uso correcto y eficiente del agua.

El presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa Mancha Occidental II, José Joaquín Gómez Alarcón, expuso la situación al director general del Agua, Teodoro Estrela Monreal, durante la última reunión la Comisión Permanente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes y el Ministerio. Además, la asociación manchega ha elevado recientemente sus quejas al Defensor del Pueblo.

En los escritos presentados detallan la situación de numerosos expedientes que llevan años sin respuesta, lo que supone que los usuarios no puedan desarrollar su actividad normal quedando sus explotaciones prácticamente paralizadas. Entre los ejemplos citan los relativos a ampliaciones de superficies o de perímetros sin aumento de dotación; cambios de emplazamientos; limpieza de pozos o cambios de titularidad por compraventa, herencia o donación. Mencionan también la situación de las denominadas explotaciones prioritarias, que acumulan una demora administrativa de doce años en la resolución de estos expedientes, “sin explicación ni solución alguna por parte de la Administración competente, sin que sus titulares puedan hacer uso ni de los pozos ni del riego”.

Por todo ello, solicitan que se requiera a la CHG para que cumpla sus funciones y resuelva los expedientes que “con una demora administrativa inexcusable y contraria a la normativa de aplicación están perjudicando los derechos legítimos de los usuarios de Mancha Occidental II”. Asimismo, exigen que se dote a este organismo de una plantilla de trabajadores acorde, ya que de su labor dependen miles de usuarios de toda la cuenca del Guadiana.

La comunidad de regantes insiste en la importancia del regadío sostenible para la generación de riqueza, desarrollo socioeconómico o fijación de población en una zona de España donde el sector agropecuario es esencial. Defienden que el agua empleada “no se usa para llenar piscinas o regar campos de golf, sino para producir alimentos de calidad que abastecen a toda la sociedad, incluso en una época tan complicada como la actual”.

Logros judiciales

Las buenas noticias, sin embargo, han llegado en las últimas semanas desde el ámbito judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del 27 de noviembre de 2019, anulando la aprobación del coste unitario del agua a los efectos de la valoración de los daños al dominio público hidráulico.

Por otro lado, el Alto Tribunal también ha estimado parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de la Masa Mancha Occidental II en contra del Régimen de Extracciones de la CHG para el año 2020.