Casi el 40% de los acuíferos seguirá contaminado en 2039

Un tercio de las aguas subterráneas españolas y el 50% de las superficiales se encuentran en mal estado químico. La principal causa de este deterioro es el elevado nivel de nitratos que llegan hasta los acuíferos a través de los residuos procedentes de la sobrexplotación económica, agrícola y ganadera, alterando la calidad del agua que se almacena en estos espacios naturales.

Durante años, España no ha controlado lo suficiente la contaminación producida por estos vertidos, algo que ha fomentado la multiplicación de las zonas afectadas. Tanto es así que en 2018 la Unión Europea abrió un expediente sancionador contra nuestro país por no cumplir con la Directiva sobre nitratos. Las deficiencias detectadas no fueron subsanadas y el pasado mes de julio Bruselas dio un ultimátum a nuestro país: si en tres meses no se adoptaban las medidas necesarias, el Ejecutivo comunitario podría elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Lo cierto es que las acciones que la Administración ha implementado hasta el momento no han permitido una reducción eficaz de la contaminación por nitratos, sobre todo en las masas subterráneas que, en términos generales, siguen presentando elevadas concentraciones de este elemento.

De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General del Agua, publicaba recientemente un informe en el que reconocía que las zonas contaminadas no podrían estar recuperadas en la fecha prevista. El documento señala que sólo 693 de los 1.235 puntos que registran exceso de nitratos filtrados por el uso de fertilizantes inorgánicos o estiércol ganadero alcanzarán un buen estado antes de 2027, año límite impuesto por la normativa europea. Otros 45 podrían conseguirlo entre 2033 y 2039, pero todavía quedarían 480 sin límite temporal previsto para su recuperación.

Las zonas más afectadas por la concentración de nitratos se sitúan principalmente en la cuenca del Duero, Álava, La Rioja, Navarra, el eje del río Ebro -tanto Aragón como Cataluña-, Comunidad Valenciana y diferentes puntos que soportan una intensa actividad agrícola en Andalucía, como la provincia de Almería -zona de invernaderos en El Ejido- o Huelva. Pero los focos más preocupantes se encuentran en el perímetro del Mar Menor, sometido a importantes episodios de contaminación desde 2016, y la demarcación del Guadiana -acuíferos asociados al Tajo en la provincia de Toledo y masas subterráneas en Ciudad Real-.

La mala calidad del agua detectada en las zonas más problemáticas ha llevado a algunas Comunidades a plantearse la posibilidad de implantar un canon adicional para las actividades más contaminantes. “Desde Asagua abogamos desde hace tiempo por un precio único del agua, pero esto no significa que todos paguen igual. Pagarán lo mismo quienes utilicen el agua y la devuelvan en parecidas condiciones; en consecuencia, los que utilicen más cantidad o la contaminen más han de pagar un precio distinto lo primero, para evitar el despilfarro, y lo segundo, porque es de razón”, señala Antolín Aldonza, portavoz de Asagua.

Así, por ejemplo, el borrador de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación, contempla un canon medioambiental del agua que grava el uso y consumo del agua en la Comunidad Autónoma a causa de la afección al medio ambiente que su utilización produce. “Es compatible con cualquier otro tributo relacionado con la utilización del agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y mediante cualquier aplicación, incluso no consuntiva”, recuerda Aldonza. También el Gobierno catalán ha intentado en varias ocasiones implantar un gravamen por el uso del agua a las grandes explotaciones ganaderas.

Reducir la contaminación difusa

Con el objetivo de revertir la situación, el Miteco está trabajando en la elaboración de un paquete de acciones para hacer frente a la contaminación difusa que contempla diversas actuaciones, entre las que destaca la redacción de un Real Decreto que actualizará la norma de transposición de la Directiva del 12 de diciembre de 1991 sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola.

El texto pretende establecer las medidas necesarias para prevenir y corregir la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias con el propósito de reducir la contaminación por exceso de nutrientes en el suelo.

La nueva normativa trata de armonizar el procedimiento de identificación de contaminación por nitratos con los requisitos, umbrales y normas de calidad que se han impuesto con la Directiva Marco del Agua, lo que supone arbitrar un sistema de detección de esta contaminación más riguroso y exigente que el instaurado hace 25 años y todavía en vigor.

También va a quedar simplificado el procedimiento para notificar a la Unión Europea la declaración de aguas afectadas con el objetivo de proporcionar herramientas a las Comunidades Autónomas competentes para responder al problema de contaminación y que puedan diseñar sus propias medidas.

Asimismo, la norma refuerza los mecanismos para realizar el seguimiento del nivel de nitratos detectados en las aguas superficiales y subterráneas, así como las cadencias de muestreo. Esto se hace en el ámbito de los programas generales de seguimiento del estado de las aguas exigidos por la Directiva Marco del Agua.

Además, se establecen procedimientos para alinear la lucha contra este tipo de contaminación y se marcan objetivos ambientales concretos para las masas de agua superficial y subterránea conforme a los programas de medidas que se articulan en los planes hidrológicos de demarcación.

“Las confederaciones hidrográficas podrán fijar en los planes hidrológicos de tercer ciclo sus propios límites y el excedente de nitrato incompatible con el respeto al medio ambiente y la biodiversidad”, señaló Teodoro Estrela, director general del Agua, durante la presentación del borrador.

Otra novedad es que se clarifican los flujos de información y las oportunidades de cooperación que deben funcionar entre las diversas autoridades competentes (Comunidades Autónomas, Confederaciones Hidrográficas, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Comisión Europea), que deberán actuar coordinadamente para mejorar la eficacia de las acciones con las que se hace frente a este problema.

Horizonte 2030

La Unión Europea considera la contaminación de origen difuso como un problema central en sus políticas ambientales y agrarias. Por ello, ha planteado proyectos, como el denominado ‘De la granja a la mesa’, alineado con la Estrategia de Biodiversidad para 2030 del Pacto Verde Europeo, que contribuyen a afrontar este problema. Estas líneas de acción marcan, entre otros objetivos, una reducción de la contaminación por exceso de nutrientes del 50%, que supondrá una reducción del 20% en el uso de fertilizantes. Para alcanzar estos fines, las iniciativas europeas plantean desarrollar un plan de acción que regule la gestión de nutrientes, un problema que, como se ha visto, tiene especial relevancia en el caso de España.