Los problemas ambientales ponen en riesgo a Doñana

El 14 de agosto de 1969, el Consejo de Ministros aprobaba la creación del Parque Nacional de Doñana. Con esta declaración, y la concreción de los límites del espacio en octubre de ese mismo año, se protegían las 35.000 hectáreas que constituyen el corazón de esta joya natural, que en 1994 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ya que sus marismas albergan a más de 300 especies diferentes de aves europeas y africanas.

Su privilegiada situación en la desembocadura del Guadalquivir, sin embargo, lo convierte en un territorio muy vulnerable que en los últimos años se está viendo dañado por la proliferación de pozos ilegales y la contaminación de sus aguas, que portan diversos compuestos tóxicos como metales, dioxinas, hidrocarburos, fertilizantes, pesticidas, fármacos o detergentes. Dos actividades que se ven, y se verán aún más, agravadas por los efectos del cambio climático.

Todo esto ha provocado que 51 años después de su constitución, el mayor humedal de Europa esté viviendo un difícil equilibrio ecológico derivado de la actividad agrícola, industrial, minera y urbana que se desarrolla en la zona.

Un acuífero sobreexplotado

La fragilidad de este excepcional sistema ecológico se puso de manifiesto al romperse la balsa minera de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998 y, aunque en aquel momento se tomaron medidas para proteger la integridad del parque, la situación ambiental ha empeorado considerablemente desde entonces. Tanto es así que la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha acordado recientemente declarar en situación de sobreexplotación tres de las cinco reservas subterráneas que alimentan sus marismas. La decisión se basa en la consideración de que las masas de agua bajo el suelo de La Rocina, Almonte y Marismas, todas ellas en el entorno del parque nacional, están en “riesgo de no alcanzar el buen estado”.

Y es que la calidad del agua es un asunto de vital importancia para mantener la salud de todo el ecosistema. Sin embargo, se trata de uno de los recursos más castigados. “Doñana lleva décadas sufriendo la sobreexplotación del acuífero, fundamentalmente para el riego de fresas y otros frutos rojos, aunque también para arroz o algodón, lo que ha provocado un descenso en los niveles de las aguas subterráneas, que en muchas zonas se encuentran igual que durante la gran sequía de mitad de los años 90, cuando alcanzaron sus registros más bajos”, denuncia WWF en su último análisis sobre los problemas ambientales del parque. De hecho, la organización señala que ha detectado hasta 40 tipos de problemas ambientales en los 25 municipios del estuario del Guadalquivir y el corazón de Doñana, cuya salud está interconectada.

Proliferación de pozos ilegales

El robo de agua es otro de los problemas históricos que amenazan la buena salud de este espacio protegido. El Fondo Mundial para la Naturaleza, en una investigación realizada a pie de campo y con datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estima que existen más de 2.000 infraestructuras para la captación en arroyos, acuíferos, balsas o pozos. WWF alerta de que esta práctica “puede estar provocando que durante las largas temporadas de verano los pocos puntos donde queda agua se conviertan en un foco de enfermedades”.

El uso del suelo supone otra amenaza para el bienestar ecológico del humedal, ya que en los últimos cinco años ha aumentado un 13% la superficie de cultivos rojos en situación irregular. Esta actividad, que va unida al uso de productos fitosanitarios, está impactando en las masas de agua que, según destaca el informe, están experimentando un acuciante proceso de eutrofización en diferentes zonas como Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto o Rocina del Condado.

La reciente declaración de sobreexplotación obliga a la CHG a elaborar un programa de actuación para recuperar las masas de agua y diseñar un plan de extracciones que contemple una explotación racional de los acuíferos con el objetivo de mejorar su estado y proteger los ecosistemas asociados. El proyecto, que previsiblemente estará listo en un año, permitirá un mayor control sobre la gestión del agua y determinará los volúmenes de uso autorizados, aunque estos podrán modificarse en momentos de especial afección, como los períodos de sequía. Asimismo, asegurará que el aprovechamiento se ciñe a los planes existentes, si bien permitirá adaptar las extracciones a las posibilidades de cada momento.

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja para que Doñana sea objeto de un análisis especial durante el proceso de elaboración del Tercer Ciclo de la Planificación Hidrológica y, de hecho, se ha incluido en el Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI), que en la actualidad se encuentra en fase de consulta pública. Además, fruto de la intensificación de las tareas de control e inspección en todas las confederaciones, en 2019 se efectuaron 97 inspecciones a parcelas, levantando 43 actas y denunciando una superficie de 379,3 hectáreas de riego no autorizado.

A estos trabajos de inspección se suman las tareas para ejecutar las decisiones judiciales de cierre de las captaciones ilegales. Desde agosto de 2019 se han clausurado 116 pozos sin autorización por ejecución forzosa, y en los últimos dos años se han revisado y tramitado más de 400 expedientes para garantizar la actividad sostenible de los usuarios de Doñana.

Restauración del espacio incendiado

También están pendientes de ejecutar los trabajos de restauración en las zonas afectadas por el incendio ocurrido en junio de 2017 Coto Mazagón y Ordenados de Moguer, en Las Peñuelas, que terminó por afectar a más de 10.300 hectáreas, gran parte de ellas de un alto valor ambiental.

En este sentido, la Junta de Andalucía ha anunciado que sacará próximamente a licitación la ejecución de las obras del mayor proyecto de restauración vinculado al incendio de Las Peñuelas y Doñana, por un total de 3,2 millones de euros.

La actuación se realiza sobre más de 2.200 hectáreas del sector occidental del Parque Nacional y generará unos 12.750 jornales verdes. Entre los trabajos destacan aquellos destinados a la restauración en alto manto eólico seco y húmedo, control de especies exóticas invasoras, eliminación de eucaliptos, corta de pinar, tratamiento de la vegetación afectada, ayuda a la regeneración natural, control de la erosión y reparación de infraestructuras. Está previsto emplear 645.000 plantas, fundamentalmente sabina, alcornoque, enebro, acebuche, madroño y coscoja. Con esta nueva inversión, la Junta de Andalucía habrá movilizado más de 7 millones de euros para la restauración y mejora ambiental y de las condiciones de seguridad de las personas en los terrenos afectados por el incendio de Doñana.