España y Portugal dibujan el plan hidrológico del Tajo
Tras episodios de disputas por la gestión del agua, ambas administraciones se reúnen para diseñar las nuevas pautas que regirán a partir de 2022 con la crisis climática como amenaza común y prioritaria
La Confederación Hidrográfica del Tajo y la Administraçao da Regiao Hidrográdica do Tejo e Oeste han comenzado a elaborar sendos planes hidrológicos para este río que España y Portugal comparten y que regirán durante el periodo 2022/2027. Los proyectos, coordinados por las dos Administraciones, primarán el correcto mantenimiento de las aguas -buscando la mayor cooperación en las masas de agua fronterizas-, la vigilancia, control y los trabajos de erradicación de las especies invasoras y el estudio de acciones contra la crisis climática.
Estos futuros planes procurarán, además, aumentar de forma significativa el porcentaje de aguas en buen estado, según avanza el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez.
Así, a un lado y otro de la frontera se procura coordinar las medidas de planificación, puesto que “permiten promover la gestión, la protección y la valoración ambiental, social y económica del agua”, preservando la salud humana y los ecosistemas y estimulando, al mismo tiempo, una economía sostenible del uso del agua, sostiene el Ministerio para la Transición Ecológica de España.
La gestión de los recursos hídricos para ambos países, con climas similares y amenazados con similar contundencia por el cambio climático, representa en la actualidad una relevancia aún mayor de la que suponían cuando comenzó la colaboración entre vecinos, regulada desde 1998 por el Convenio de Albufeira. España y Portugal comparten las cuencas hidrográficas de los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana y colaboran en su gestión en virtud de este Convenio y de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, además de otras legislaciones generales comunitarias.
Una relación tensa
El inicio de estos trabajos conjuntos comienza pocos meses después de la última disputa que ha enfrentado a las Administraciones de España y Portugal. En noviembre de 2019, el ministro de Ambiente y Acción Climática luso, João Matos Fernandes, anunció que su Gobierno exigiría mayores mecanismos de control a la Comisión para la Aplicación del Convenio de Albufeira, por entender inaceptable la gestión de las aguas del Tajo en su curso español.
Este acuerdo establece el volumen de agua de los ríos compartidos que España está obligada a enviar a Portugal, que asciende, en el caso del río Tajo, a 2.700 hectómetros cúbicos anuales. El Gobierno de Portugal confirma que España cumplió en lo referido a la cantidad, aunque critica la forma: el pasado septiembre, a punto de expirar el año hidrológico y después de meses de aportaciones escasas e irregulares, nuestro país vertió súbitamente toda la cantidad adeudada, haciendo imposible a la cuenca portuguesa asumir ese aporte y terminando gran parte del agua en el mar.
Portugal cifra en 200 hectómetros cúbicos la cantidad de agua liberada desde España en menos de dos semanas y de 440 durante todo el mes de septiembre, y definió entonces de “dramáticas” las consecuencias ambientales y económicas. Matos Fernandes, en declaraciones a la emisora lusa TSF, confirmó que la idea de obtener más agua desde España a lo largo del año es imposible, pero que su Gobierno sí debía exigir una mayor regularidad en sus aportaciones para evitar riadas inabarcables.
Sin referirse específicamente a esta disputa, en el marco del XI Congreso Ibérico de Planificación y Gestión del Agua organizado en España por la Fundación Nueva Cultura del Agua y celebrado el pasado mes de septiembre, el ministro portugués João Matos Fernandes instó a procurar “soluciones técnicas y científicas”, pero también “compromisos políticos, porque solamente desde una actitud articulada y proactiva de las instituciones públicas será posible superar los desafíos climáticos”. El director general del Agua español, Teodoro Estrella, ha resaltado la “constante y estrecha colaboración” entre ambos Estados.