El Gobierno abre el periodo de consulta pública del Plan Dsear
Hasta el 30 de diciembre se podrán presentar propuestas o sujerencias para mejorar esta estrategia de gobernanza en el ámbito de la depuración, el saneamiento, la eficiencia, el ahorro y la reutilización de agua, que se traducirá tanto en reformas jurídicas como en un mejor enfoque de los planes hidrológicos
Un conjunto de propuestas con las que revisar las estrategias de intervención para el impulso de medidas de depuración y reutilización de las aguas. Es la línea general del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Dsear), ideado también para luchar contra el cambio climático, procurar una transición energética justa, reforzar la apuesta por las renovables y, también, adaptar las acciones españolas en materia de aguas residuales a los requerimientos de la Unión Europea para, así, cortar la cadena de millonarias sanciones que la Comisión impone a nuestro país por su gestión deficitaria.
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió el pasado 23 de octubre -y hasta el 30 de diciembre- el periodo de consulta pública y participación activa sobre su borrador y su Estudio Ambiental Estratégico, “dos herramientas fundamentales para mejorar la agilidad y eficacia en la implementación de medidas por la planificación hidrológica” en las que se trabaja desde hace dos años.
En el punto de mira de la UE
España continúa siendo, con Grecia, el país que más expedientes ambientales acumula en toda Europa, por incumplir sus normativas. Las lagunas en la depuración de aguas y en el tratamiento y control de vertidos redondean el perfil de una política hídrica incoherente con las pautas de la Unión.
Con cientos de planes de saneamiento y depuración contemplados en los planes hidrológicos todavía pendientes de ser ejecutados, las multas millonarias continúan acumulándose, siendo una de las más destacadas la derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión por no haber implantado el tratamiento adecuado sobre aguas residuales procedentes de 17 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes. En el momento de la publicación de la sentencia, ocho de ellas ya habían puesto en marcha las medidas necesarias.
No obstante, la justicia europea mantiene abiertos varios expedientes y requerimientos contra la gestión de las aguas en docenas de localidades españolas de entre 2.000 y 15.000 habitantes, por sus incorrectos o deficitarios procesos de depuración.
Conviene recordar que la Unión Europea obliga a que las aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes que viertan en aguas dulces o estuarios, y las de más de 10.000 que vierten a aguas costeras, deben recibir un tratamiento secundario o un proceso equivalente.
El Plan Dsear pivota sobre siete objetivos temáticos: la definición de criterios para priorizar medidas definidas en la planificación hidrológica, el refuerzo de la cooperación entre Administraciones públicas, la mejora de la definición de actuaciones de interés general, la mejora de la eficiencia energética e integral de las plantas de depuración y reutilización, el fomento de la reutilización de las aguas residuales, el impulso de la innovación y la transferencia tecnológica en el sector de agua y la mejora de los mecanismos de financiación.
El Plan supondrá una inversión de 477 millones de euros -de financiación europea- hasta 2023 y, aproximadamente, hasta 10.000 en los próximos 18 años. Prevé el mayor número de actuaciones en Andalucía (con 1.427 medidas), seguida de Castilla y León (con 1.328).
El gabinete de Teresa Ribera adelanta que las líneas condensadas en el plan Dsear “se traducirán tanto en reformas jurídicas como en un mejor enfoque de los planes hidrológicos actualmente en revisión”, y avanza también que los resultados del proyecto han de hacerse públicos en el primer trimestre de 2021, “de forma que sus resultados finales influyan directamente en la planificación hidrológica”.
Aclara asimismo el Miteco que “este plan no constituye un listado de inversiones”, sino que “presenta un conjunto de propuestas para identificar y priorizar las actuaciones”; es, más bien, “un instrumento de gobernanza para impulsar la revisión de estrategias de intervención seguidas hasta ahora”.