El agua en España, un 48% más barata que la media europea

La European Federation of National Associations of Water Services (EurEau), ha publicado su informe anual en el que analiza los sistemas de gobernanza de los servicios urbanos de agua en 29 países de Europa. El informe plasma la diversidad de modelos de gestión, estructuras organizativas y responsabilidades de las Administraciones y empresas involucradas, procurando aportar claridad sobre los diferentes modelos nacionales.

Asimismo, EurEau compendia los precios promedio del agua urbana en todos los países socios de la Federación, y confirma que, un año más, este recurso es en España notablemente más barato que en el resto de países.

En concreto, el precio del metro cúbico en nuestro país es de 1,88 euros, un 48% más bajo que la media europea que se sitúa en los 3,55 euros, y muy alejado de los, por ejemplo, 7,80 euros por metro cúbico que firma Noruega o los 9,32 de Dinamarca. Tan sólo en Bulgaria (1,07), Chipre (1,82), Grecia (1,23), Portugal (1,82) y Rumanía (1,42), la factura es más baja que en España.

EurEau destaca que el agua urbana española sobresale en la mayoría de los requisitos de calidad, puesto que los operadores utilizan los métodos más avanzados para garantizarla, aunque pone de manifiesto el incumplimiento del principio de “recuperación de costes” que establece la Directiva Marco del Agua (DMA). Las tarifas de agua, sostiene la Federación Europea, contribuyen a recuperar los costes en casi todos los países de Europa, pero España combina la tarifa, las transferencias y los impuestos para hacerlo.

En su informe, EurEau recuerda que el precio que los consumidores abonan debe observar el equilibrio entre la asequibilidad del servicio y su sostenibilidad, para poder realizar inversiones y construir, mantener y actualizar infraestructuras, logrando así una gestión más eficiente y sostenible del agua.

Explica también el informe de la Federación que la estructura tarifaria es diferente también en cada caso pero que, por norma general y como ocurre en España, las tarifas están compuestas por un componente fijo y otro variable, y que los precios son propuestos por el operador a la Administración competente para su aprobación.

Disparidad en los modelos de gestión

La Federación Europea recopila también los diferentes modos organizativos de los servicios de agua urbana en los 29 países europeos, atendiendo a los factores históricos y culturales. Así, distingue entre cuatro modelos de gestión: la que directamente realiza el Estado, la gestión pública delegada, la gestión privada delegada y la que se confiere directamente a una entidad privada.

Nuevamente, y confirmando la tendencia que comenzó hace unos años, el modelo más usual -también en España- es el que combina los tres primeros, teniendo mayor presencia la alternancia de la gestiones públicas y privadas delegadas. Concluye EurEau que esto es debido a la cada vez mayor tecnificación y especialización necesaria para la prestación del servicio. Así, tan sólo en Inglaterra, en Gales y en la República Checa se mantiene el modelo de gestión privada directa, apostando los otros 26 países por los demás sistemas, con mayor o menor responsabilidad para cada actor.

Sobre el abastecimiento de agua en España, establece que el 10% de los habitantes son atendidos por entidades locales públicas, que el 35% lo son por empresas de titularidad también pública, que el servicio del 22% de la población depende de empresas público-privadas y que el otro 33% de los españoles reciben el servicio de compañías privadas.

Claridad de los sistemas

La doctora Claudia Castell-Exner, presidenta de EurEau, recuerda en el Informe de la Federación que los servicios de agua son esenciales puesto que “garantizan el desarrollo sostenible de nuestras sociedades y son fundamentales para alcanzar las metas del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Por eso, considera que los modelos de gobernanza deben estar claramente definidos para abordar problemáticas y aspectos deficitarios, permitiendo y facilitando la elaboración de “instrumentos legislativos con los que reformar la política hídrica durante los próximos años”.