Manuel Marchena, presidente de la AGA: “Aumentar la inversión es completamente prioritario si deseamos la sostenibilidad del sector”

Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla y exconsejero delegado de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamientos de Aguas de la capital andaluza, repasamos con Manuel Marchena los retos de AGA en uno de los momentos más críticos de su historia.

La Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana celebra su 25 aniversario, ¿qué asunto principal está sobre la mesa del presidente de AGA en esta fecha tan señalada?

Todo ha sido trastocado por la pandemia y el confinamiento. Nuestra celebración, que tenía numerosos hitos de visibilidad institucional y presencial, tendrá que ser reformulada para reiniciar actividades, por ejemplo, con alcaldes significativos o convocatorias de reconocimiento sectorial, esperemos que a finales de año. Hoy, todo son esfuerzos para colaborar en la lucha sanitaria contra el coronavirus y mantener la sostenibilidad social y económica del sector del agua en España. Hay mucha más población vulnerable y el parón económico ha reducido dramáticamente el consumo, no de las personas, pero sí de la industria y el comercio.

¿Qué otros retos ocupan su agenda en el corto plazo?

El corto plazo, el plazo urgente es la coordinación de nuestras empresas ante las instituciones para colaborar en volver a la normalidad cuanto antes, que es cuando decidan las autoridades sanitarias. Somos sector esencial, es obvio, y el sector del agua en España, y no es ninguna sorpresa, está funcionando con enorme eficiencia en el abastecimiento y en el saneamiento del agua urbana. Las autoridades lo reconocen y la ciudadanía prácticamente no ha percibido ningún cambio en la gestión del agua urbana, antes y desde el estado de Alarma, cuando en realidad la gestión se ha vuelto mucho más compleja.

¿Cómo describiría la situación actual de la gestión de los servicios del agua en España?

Tenemos unas empresas, públicas y privadas, punteras en el mundo, que ven su estabilidad comprometida por la crisis sanitaria y económica. Antes del estado de Alarma, el sector demandaba, y ahora todavía se hace más conveniente, un plan de mejora infraestructural. Podría ser parte ahora de la reactivación económica del país. AGA mantiene hoy, con esta aguda crisis, que más que nunca es necesario reforzar la sostenibilidad económica y social del sector, un sector altamente tecnológico, eficiente y con un convenio colectivo recién firmado, avanzado, formativo, que apuesta por la estabilidad en el empleo, que afecta a unos 35.000 puestos de trabajo que es importante mantener.

Las actuales circunstancias provocadas por la pandemia hacen que el sector del agua urbana se encuentre estos días volcado en asegurar la garantía y calidad de los servicios. ¿Qué actividades están realizando para mantener las infraestructuras estratégicas, garantizar la adecuada prestación de los servicios esenciales y, por tanto, la salud de los ciudadanos?

Ya antes de la declaración del estado de Alarma, las empresas del agua urbana, todas, las públicas, las mixtas y las privadas, han materializado planes de contingencia con dispositivos muy eficaces para el correcto mantenimiento de este servicio esencial. Planes concertados con los sindicatos, manejando el abasto de Equipos de Protección Individual desde el mercado -nos ha sido prácticamente imposible hacerlo desde la distribución pública, pese a nuestra calidad de servicio esencial- y cómo es propio del decreto que nos afecta, sin la posibilidad de ERTE, instrumento que tampoco deseamos como solución a la bajada dramática del consumo.

Con el objetivo de preservar la solidaridad con las familias vulnerables, la asociación ha propuesto al Ministerio de Transición Ecológica ajustes a los decretos que afectan al servicio y alguna iniciativa legislativa. ¿En qué consisten estas medidas?

Los ajustes están motivados por dos fundamentos de sentido común: el reequilibrio económico de nuestros servicios públicos a través de la técnica de declaración de fuerza mayor, a causa de la adaptación del servicio a las condiciones que impone la crisis sanitaria, y a la importantísima caída del consumo. Y en cuanto a la vulnerabilidad, esta se ha extendido a causa de la pandemia, y para mantener lo que se hace siempre sin estado de Alarma -es decir, no cortar a nadie el agua por razones económicas- se propone que la sola declaración responsable por parte del usuario de no poder hacer frente al recibo del agua sea suficiente para evitar el corte de suministro.

Una de las reclamaciones históricas de AGA es la modificación o eliminación de los impuestos que obstaculicen el aprovechamiento energético de las instalaciones. ¿En qué se basa el sistema impositivo que defiende la asociación y hasta qué punto impulsaría el aprovechamiento energético?

El problema de fondo es que, con estas cargas impositivas, se está obstaculizando la necesaria transición ecológica. Es necesario incentivar de forma contundente y real la producción y consumo energético descarbonizado, y en ello nuestro sector podría ser autosuficiente. Sería pasar de las palabras a los hechos, como históricamente ha hecho el sector del agua urbana en su adaptación a los cambios. Ahora toca ineludiblemente descarbonizarse y, para ello, deben establecerse políticas públicas de incentivo a este reto ineludible, que evidentemente tiene un coste.

Otro mensaje habitual de AGA, así como de otras asociaciones del sector, es el referido a la necesidad de inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración, reutilización, etc. ¿En qué situación se encuentran las infraestructuras y qué mejoras serían necesarias para optimizar su función?

Aumentar la inversión es completamente prioritario si deseamos la sostenibilidad del sector con la eficacia con la que lo conocemos hoy, y que es fruto de aprendizaje y competencia tecnológica de más de 150 años. Nuestro país se encuentra entre los diez primeros países del mundo en calidad en el servicio público de gestión del agua urbana.

En la desgraciada coyuntura del Covid-19, el plan de inversiones en nuestro sector podría ser una parte del esfuerzo de reactivación económica y social que se pretende y que resulta cada vez más imprescindible. Pero en el corto plazo, lo urgente es defender el equilibrio económico y el mantenimiento de los puestos de trabajo de las compañías de agua por la parada de la actividad productiva, asumiendo todas las medidas necesarias para la protección a los vulnerables que en esta crisis se extenderá a mayor número de personas y empresas.

¿Entiende necesaria una mayor cooperación público/privada en estas inversiones? Si es así, ¿bajo qué fórmulas?

Si la colaboración público/privada fue siempre un instrumento deseable dadas las estrecheces de los presupuestos y del déficit público, ahora, para coadyuvar una salida de la crisis lo más rápida posible, esta colaboración se torna en una herramienta de reactivación completamente imprescindible. Y particularmente en el ciclo integral del agua, con criterios racionales de aplicación a las circunstancias que ahora lamentablemente nos afectan, es decir, de mejora en la normativa en la contratación pública acorde a los duros tiempos que nos va a tocar vivir para reactivar la vida económica y la transición ecológica.

¿Cuál es la situación de las infraestructuras en España, en comparación con la de otros países europeos de nuestro entorno?

Sencillamente, es imposible mantener la sostenibilidad del sector del agua en España, sobre renovación de infraestructuras, adecuación al cambio climático, depuración y adecuación tecnológica y reutilización si no nos embarcamos en un gran plan Renove y de inversión infraestructural. Las infraestructuras españolas del agua urbana han sido útiles para el siglo XX, pero con un importante nivel de obsolescencia para mantener la salud y eficacia del servicio en el siglo XXI. Nos encontramos, en relación al resto de los países comparables de la Unión Europea, en un punto de inflexión, en el que, si no comenzamos a enfrentar ya los desafíos para la sostenibilidad de nuestras infraestructuras, empezará a resentirse la calidad de los servicios y derechos asociados al ciclo integral del agua.

¿Considera que sería positivo aumentar el precio del servicio para el consumidor, acercando las tarifas a las que se abonan en países como Alemania, Bélgica o Francia?

No se trata de acercar nuestras tarifas a las de otros países sino, como ordena la UE, cubrir con las tarifas los costes del servicio, para garantizar la sostenibilidad del mismo, y para motivar un consumo responsable de un recurso escaso como el agua. Los ciudadanos, a través de impuestos o tasas, sufragan el servicio público del agua. Es impropio que España tenga que pagar sanciones por la falta de depuradoras en puntos críticos de nuestro litoral, proviniendo el 14,2% de nuestro PIB del turismo. El escenario más real es que la tarifa del agua se vaya armonizando a los costes reales y se creen mecanismos dentro de la tarifa para la mejora de las infraestructuras que eviten incumplimientos bochornosos y dañinos para nuestra economía y medio ambiente. Sin duda, habrá que subir las tarifas para resolver la sostenibilidad material, económica y social del sector.

¿Cómo valora el marco legislativo del sector del agua en España? ¿Está el sector sometido a un exceso de normativas?

La reactivación económica y social necesitará de una simplificación administrativa; se está demostrando que la inercia burocrática no acompaña a la toma de decisiones y que los recursos presupuestarios son insuficientes. El sector del agua urbana en España es un servicio público municipal, la regulación en el mundo real español del servicio del agua es de 2.500 entes locales que agruparían los 8.134 municipios. Se comprenderá rápidamente que es necesaria una Regulación que armonice, dentro del más riguroso respeto a la autonomía municipal, unos mínimos en las condiciones y la calidad del servicio, en cómo se construyen las tarifas y de indicadores sobre la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector, desde un organismo regulador independiente pero elegido por las Cortes españolas. El derecho al agua debe ser homogéneo en todo el territorio nacional.

Las nuevas tecnologías como la Inteligencia artificial, el ‘big data’, el ‘machine learning’ o el ‘smartmetering’ están impactando también en el sector del agua urbana. ¿Cómo ayudan estas herramientas a llevar a cabo una gestión del agua y de los recursos naturales más eficiente y sostenible?

El servicio del agua urbana ha demostrado en España una adaptabilidad constante al cambio tecnológico, en estas últimas semanas al teletrabajo por necesidad, pero que está suponiendo otra lección aprendida para el futuro: ya sabemos que lo podemos hacer.

Todas las innovaciones que me plantea son básicas para la mejora de la productividad del sector, en tres ámbitos: el de la digitalización, el de su automatización y en el de la mejora de la toma de decisiones sobre la demanda de agua y de los consumidores, es decir, ciudadanos y empresas. Son herramientas que serán también decisivas en la aplicación de métodos de previsión y gestión para la transición ecológica y el cambio climático. Y, también, en la propia experiencia de los usuarios.