Los regantes, aliviados por el retraso en el cambio del régimen tarifario

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido retrasar la entrada en vigor de los peajes de transporte y distribución de la electricidad al próximo mes de abril de 2021, y al de octubre del mismo año los de gas, para procurar aliviar el impacto de la crisis económica derivada del coronavirus, un anuncio que los regantes españoles reciben con moderado alivio porque les permitirá salvar el efecto de su inminente implantación, al menos, sobre la factura de los meses de verano. Las federaciones de regantes entienden igualmente como una oportunidad para seguir defendiendo su postura contraria el hecho de que la propuesta de nuevos peajes vaya a ser sometida de nuevo a consulta pública.

El aplazamiento anunciado por la CNMC se produce días después de que Fenacore haya advertido de que las nuevas tarifas eléctricas encarecerán hasta un 73% la factura de los regantes, amenazando seriamente la supervivencia de las explotaciones de miles de agricultores en España.

Asimismo, señala Fenacore, que presentó sus alegaciones a la CNMC a principios del mes de junio, un efecto pinza: costes propios de 2020, que asfixian al sector agrícola, y precios de venta de sus productos anclados en los años 80.

Por eso, y a pesar de la prórroga del sistema de tarificación actual, los regantes españoles anuncian que continuarán evidenciando una situación que consideran injusta, independientemente de cuándo vaya a entrar en vigor, y que aprovecharán la nueva salida a consulta pública de los planes del Gobierno central para hacerlo, esperando que finalmente modifique sus pretensiones.

Avanzan, asimismo, que estos cambios normativos pondrán en peligro de las hectáreas que todavía tienen pendiente su modernización, más de 900.000, con los consecuentes efectos negativos en los niveles de ahorro de agua y de contaminación y sostenibilidad.

Solicitarán la doble potencia

Se trata de la segunda gran reivindicación del sector: poder modificar la potencia de electricidad a contratar dos veces a lo largo de 12 meses, para así poder adaptarla a las necesidades reales de las explotaciones en cada periodo y reducir de esta forma los costes fijos -estos, regulados- que representan más de seis de cada diez euros de la factura eléctrica que deben abonar los agricultores de regadío.

Esta petición es recurrente desde hace varios años y ya está contemplada en la Ley 1/2018 de Medidas contra la Sequía, que actualmente se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario. La situación de emergencia sanitaria ha precipitado su implementación, aunque de forma temporal y, por ahora, puntual, extendiéndose únicamente en el periodo de vigencia del Decreto de estado de Alarma.

No obstante, los regantes, con el balance de las cifras ya en la mano, volverán a solicitar que su demanda se estabilice de forma permanente. Recuerdan que la Ley ya promulgada contempla en sus disposiciones adicionales la posibilidad de modificar la potencia contratada a lo largo del periodo de 12 meses para poder aumentarla durante la época de máximo consumo pero, también, para reducirla al mínimo a lo largo del resto del año, con el objetivo de, simplemente, asumir el coste de la energía necesaria para el mantenimiento de los equipos.

Así, los regantes consideran injusto tener que asumir los costes de una potencia eléctrica que, realmente, ellos no demandan en los periodos de ausencia de riegos, salvo excepciones. Repasan que las variaciones son muy significativas.