La Ley de residuos pretende incentivar el reciclaje y la responsabilidad ambiental
El Gobierno avanza en su Ley de residuos y suelos contaminados. La mayoría de los sectores industriales provocan algun impacto al medio ambiente en mayor o menor grado. Así, y bajo la premisa de que quien contamina, paga, el departamento de Teresa Ribera está elaborando una normativa que contribuya a minimizar, en la medida de lo posible, los efectos nocivos que todas estas actividades provocan al medioambiente, y que genere conciencia empresarial sobre la necesidad de implementar políticas que atenúen las consecuencias del calentamiento global.
Para ello, el Ejecutivo plantea establecer legalmente los criterios que las empresas y las administraciones públicas deben tener en cuenta sobre su responsabilidad para con la gestión de residuos. Con este fin, el Gobierno está desarrollando una disposición adicional que le faculta para establecer pautas adicionales referidas a las garantías financieras.
La cuantía mínima de la garantía financiera obligatoria será el coste del proyecto de reparación primaria del daño medioambiental asociado al escenario de referencia más los costes de prevención y evitación. La ley establece que la cobertura de la garantía financiera obligatoria nunca será superior a 20 millones de euros, aunque no impide que el operador pueda constituir de manera voluntaria una garantía por un importe mayor.
Al mismo tiempo, el Gobierno diseña un impuesto sobre los residuos con el que espera recaudar 861 millones en 2021. Se incluirá en la Ley de residuos y suelos contaminados, y gravará el depósito en vertedero y la incineración con un máximo de 40 euros por tonelada, que se reducirá hasta un 50% si la basura se recoge separadamente. Aún se debe definir cómo se combinará con los cánones y tasas autonómicas sobre la materia, pero debería servir para evitar las sanciones de Bruselas por incumplir la legislación europea.
España debe invertir 1.431 millones entre 2021 y 2027, que se convierten en 2.459 millones al ampliar el horizonte temporal hasta 2035. La mayoría de este capital ha de dedicarse a la recogida (1.165 millones), el reciclaje (739 millones) y el tratamiento de los biorresiduos (397 millones); a mucha distancia quedan el triaje previo a la incineración (39 millones), las instalaciones de clasificación (38 millones), la mejora del triaje para el tratamiento mecánico-biológico (23 millones) y la digitalización (4 millones).
Con esta normativa, España incrementa sus impuestos ambientales dentro del aumento de recaudación que está tratando de realizar el Gobierno para tratar de cuadrar los Presupuestos Generales del Estado para 2021.