Un seguro agrario contra la sequía adaptado al cambio climático
El campo español vive una de las peores sequías de su historia. La falta de precipitaciones durante los últimos meses ha diezmado los campos de cultivo a lo largo y ancho de nuestro país arruinando las cosechas de algunas de nuestras principales producciones, como cereales, viñedo o frutos secos. Los daños se acercan ya a los 10.000 millones de euros según los cálculos de la organización agraria Asaja.
La respuesta del Gobierno ha sido poner en marcha un plan de ayudas de 784 millones de euros, una cantidad claramente insuficiente a tenor de la magnitud del desastre y que se presenta como un remedio coyuntural en un escenario marcado por un cambio climático que parece imparable. El análisis histórico refleja que el período de recurrencia de las sequías se ha reducido y mientras en décadas anteriores estaba entre siete y diez años, ahora es de apenas dos o tres años.
La situación merece por tanto articular medidas estructurales que ofrezcan a agricultores y ganaderos instrumentos que les permitan la continuidad de su actividad en escenarios dramáticos como el que están viviendo.
Nuestro país dispone de un buen sistema de aseguramiento agrario que, pese a tener el apoyo económico de las administraciones públicas, no ha conseguido ni de lejos la penetración esperada. Solo el 35% de la superficie de los cultivos más afectados por la falta de precipitaciones cuenta en esta campaña con un seguro contra la sequía. En algunos casos, como el olivar o los frutos secos este porcentaje, con un 4,56% y un 11,40% desciende a cotas prácticamente insignificantes. En los cultivos herbáceos, en los que se eleva al 46%, existe un fuerte desequilibrio territorial.
Entre las razones está la falta de adecuación de las indemnizaciones a los rendimientos reales en esas regiones en el caso de los herbáceos, algo que se agrava aún más en los emergentes cultivos superintensivos en frutos secos u olivar. A esto se añade la penalización al agricultor en la prima de riesgo cuando notifica siniestros por causas ajenas a él, como son los fenómenos naturales, algo que no ocurre en el resto de los seguros.
Pero el objetivo final debe ser la universalización del aseguramiento en el sector agrario con un modelo de mínimos que garantice, al menos, recuperar los costes de producción en campañas como la actual. No solo permitirá la continuidad de la actividad agraria, indispensable para la producción de alimentos, sino que ahorrará muchos millones de euros al erario público.