La campaña contra las fresas, colofón a una larga lista de ataques al campo

La polémica desatada durante las últimas semanas por el apoyo de miembros del Gobierno a la campaña lanzada en Alemania contra el consumo de frutos rojos de Huelva no es algo fortuito, sino uno más de los ataques que el sector primario ha sufrido durante toda la legislatura.

En cualquier país del mundo sería inconcebible que quienes tiene encomendada la misión de proteger y fomentar en los mercados internacionales el consumo de los alimentos que se producen en nuestro país se lancen a denigrarlos alegremente provocando un grave perjuicio no solo a los productores agrarios, sino a la marca España.

Lamentablemente el sector primario ha sido durante los últimos años víctima del fuego inmisericorde de quienes se sientan en el Consejo de Ministros. Tan célebre como indignante fue la campaña de inspección laboral lanzada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que se intentaban perseguir “condiciones de esclavitud” de los temporeros que trabajan en nuestro país.

También resuenan aún las proclamas del ministro de Consumo Garzón contra el azúcar, poniendo en solfa uno de los cultivos, el de la remolacha, que mayor impacto socioeconómico tienen en el mundo rural o sus recientes declaraciones a medios de comunicación internacionales denunciando la mala calidad de la carne española. En el caso de los frutos rojos de Huelva se ha producido sin embargo un salto cualitativo con la participación partidista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que llegó a recibir en su departamento con alfombra roja a los diputados alemanes que venían a inspeccionar los campos andaluces en una clara intromisión en nuestra soberanía.

Abatido por la escasa rentabilidad, la sequía y las normas medioambientales de la Unión Europea, el sector agrícola de nuestro país resiste a duras penas contra el desánimo que producen los ataques periódicos que desde el Gobierno se lanzan contra un sistema agroalimentario que se ha ganado a pulso el prestigio internacional. Lo paradójico es que luego se anuncien planes y programas a bombo y platillo para favorecer el relevo generacional.

La agricultura y ganadería es una actividad esencial para la sociedad española y como tal se merece el adecuado reconocimiento de las administraciones públicas. Con las cosas de comer no se juega o nos terminaremos arrepintiendo.