La defensa de la biodiversidad concilia a los parques solares con la agricultura
Las nuevas exigencias medioambientales que las administraciones están imponiendo a los numerosos proyectos fotovoltaicos que se van a poner en marcha en nuestro país se presentan como una buena oportunidad para conciliar el obligado avance de las energías renovables y la actividad agraria.
Un buen número de los parques solares que se desarrollen hasta el año 2025 deberán compensar los efectos negativos que van a tener sobre el hábitat de aves en peligro de extinción con la habilitación de nuevos espacios adecuados para la alimentación, cría y reproducción de especies como la emblemática avutarda. Esto pasa necesariamente por llegar a acuerdos con los agricultores de nuestro país para que realicen prácticas agrarias en miles de hectáreas de las zonas cerealistas compatibles, a cambio de la correspondiente compensación económica por la pérdida de producción que tendrán que afrontar.
La medida ofrece, a priori, numerosos beneficios. Al objetivo principal, la mejora de la conservación de la avifauna esteparia y otras especie, se une el incremento de rentas en zonas agrícolas de baja productividad -lo que garantiza la continuidad de la actividad agraria- o el avance hacia una agricultura más sostenible con la implementación de prácticas como la reducción de fitosanitarios y fertilizantes. Para el sector fotovoltaico supone una buena oportunidad de demostrar su implicación con el territorio en el que actúa compartiendo valor.
No son pocos los condicionantes para que todo esto pueda llegar a buen puerto, como señala la organización agraria Asaja Castilla y León. Imponer exigencias incompatibles con una actividad agraria rentable llevaría a los agricultores a desistir o haría inasumible la indemnización que tienen que sufragar las fotovoltaicas. Otro riesgo es no establecer mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de las medidas compensatorias en el tiempo.
También hay que tener en cuenta los condicionantes que el sector fotovoltaico reclama. La compensación medioambiental que se exige no debe ser un freno oculto al necesario desarrollo de plantas solares, ni un impuesto encubierto para que las Administraciones Públicas obtengan fondos que finalmente no se destinen al objetivo perseguido: la mejorar de la biodiversidad. Por ello, es obligado que la proporcionalidad impere a la hora de establecer los requisitos medioambientales.