María José Hernández, presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA): “Los ecorregímenes tienen un diseño amplio y flexible para que su aceptación sea mayoritaria”

En algunos aspectos la nueva PAC es un cambio disruptivo. ¿Cómo ha respondido el FEGA ante este desafío?

Es cierto que la nueva PAC introduce importantes cambios, pero son un paso más allá de los que se han dado en estas últimas décadas ya que todas las reformas precedentes han ido avanzando a un modelo de política agraria que tenga en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y medioambiental. Desde el FEGA, hemos aportado a lo largo del diseño del Plan estratégico nuestra experiencia en la gestión y coordinación de las ayudas y hemos participado activamente en la redacción de cuestiones que entran de lleno en nuestras competencias, como las relativas a las regiones y el cálculo de los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, los controles, etc. Tras más de dos años de trabajo y preparación de la nueva PAC, nos encontramos ahora en el momento de la aplicación, en la que el FEGA juega un papel primordial. Así, junto con otras unidades del ministerio, el FEGA ha redoblado los esfuerzos en divulgación a través de cursos, notas aclaratorias y documentos de preguntas más frecuentes. Toda la información está disponible en las páginas web del ministerio y del FEGA. Además, como organismo coordinador de la PAC, estamos llevando a cabo diferentes actuaciones para garantizar la aplicación homogénea de las ayudas en todo el territorio, entre las que destaca la elaboración de más de una veintena de circulares en colaboración con las comunidades autónomas. Del mismo modo, desde el FEGA se está prestando la asistencia técnica necesaria a las comunidades para adaptar los sistemas informáticos de gestión y control a la nueva PAC.

Los agricultores denuncian que los ecorregímenes prácticamente anulan su capacidad de decisión y disparan la burocracia. ¿Cree que esto puede desincentivarles a la hora de seguir produciendo?

Los ecorregímenes en España se han diseñado de una forma amplia y flexible, permitiéndose una aplicación parcial o total en la explotación y una combinación de prácticas. Se han establecido siete diferentes prácticas para cubrir todos los usos posibles de suelo, de forma que cada agricultor y ganadero pueda elegir aquella que mejor se ajusta a su explotación. Y ello con el objetivo de que la aplicación de los mismos sea generalizada. Además, se han establecido otras medidas para que sean atractivos como una exención fiscal para los ecorregímenes, de forma que las ayudas por estas prácticas no se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Este tipo de ayudas pasarán por tanto a formar parte íntegramente de la renta disponible de las explotaciones, sin tener que tributar, para favorecer la acogida mayoritaria que se desea para los mismos. El real decreto de penalizaciones, que se encuentra finalizando su tramitación, prevé que en 2023 no se penalice a los productores por incumplimientos en los ecorregímenes. Estamos hablando de una nueva medida y somos plenamente conscientes de que en este primer año de aplicación los agricultores y ganaderos deben adaptarse a las nuevas reglas. En 2024 las penalizaciones serán la mitad del nivel establecido, para continuar con esta transición y permitir la adaptación progresiva al nuevo régimen. Por otro lado, estamos trabajando de forma intensa junto con las comunidades autónomas para que las aplicaciones informáticas de gestión caractericen de forma exhaustiva las explotaciones en el mismo momento de presentación de la solicitud única, proporcionando alertas a los agricultores de forma que estos puedan retirar, modificar o adaptar su solicitud en el caso de que se detecte que no se está cumpliendo un determinado requisito para el ecorrégimen solicitado.

Y en el caso de que muchos renuncien a ellos, al ser de carácter voluntario, ¿España perdería esos fondos?

Si bien la aplicación de los ecorregímenes es voluntaria para el agricultor, la normativa de la UE los hace obligatorios para el país. En España se ha asignado el 23% del presupuesto total de pagos directos a estos ecorregímenes. Existen unos mecanismos de flexibilidad para permitir el trasvase de estos fondos a otros pagos desacoplados en los primeros años de la programación, pero en el conjunto del periodo es preciso destinar este presupuesto a los ecorregímenes. Es importante además recordar que si los agricultores desean recibir un nivel de ayudas similar, deben poner en marcha los ecorregímenes. Por lo tanto, desde las administraciones debemos animar y acompañar a los productores para que incorporen estas prácticas en su explotación.

Volviendo a las penalizaciones, póngame un caso práctico de como quedarían.

Si un agricultor deja un 4% de superficie de leguminosas en la superficie acogida a la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes, en vez de un 5%, que es lo que requiere esta práctica, se le ajustará la ayuda, de forma que no puede cobrar por el total de la superficie solicitada, pero sí percibe ayuda. Como la diferencia entre lo que debería haber realizado (el 5%) y lo que ha hecho (el 4%) está por encima del umbral que se aplica para penalizar, le correspondería una penalización. Pero teniendo en cuenta las medidas de flexibilidad que hemos introducido, en 2023 cobrará la ayuda ajustada, sin penalización, y en 2024 se le aplicaría la mitad de la penalización que le correspondería.

Algunas Comunidades autónomas como Andalucía piden una mayor flexibilización por parte del Ministerio. ¿Es una vía descartada?

En nuestro país se ha hecho uso de toda la flexibilidad posible en relación a los ecorregímenes. Pero no hay que olvidar que la PAC es una política de la UE y que existen unas normas y unos objetivos establecidos que se deben cumplir. Además, la normativa española prevé una serie de flexibilidades para que las comunidades autónomas, por causas debidamente justificadas, adapten las prácticas bajo determinadas condiciones. Es su responsabilidad en base a sus circunstancias concretas que pueden ser muy diferentes entre unas y otras regiones. En todo caso, debe tener una justificación sólida y las comunidades deben tener en cuenta que los objetivos y las exigencias siguen vigentes y deberán ser verificadas antes del pago de las ayudas.

Otro de los hitos de la nueva PAC es el nuevo SIEX. ¿Desde el punto de vista tecnológico que está suponiendo para el FEGA?

En el FEGA llevamos años poniendo a disposición de las comunidades autónomas herramientas informáticas de gestión y control de las ayudas de la PAC y por tanto forma parte de nuestro trabajo diario. Es cierto que el SIEX presenta una novedad y que es un reto importante. Con el objetivo de facilitar la cumplimentación del cuaderno digital de explotación (CUE), está previsto que el agricultor pueda utilizar tanto el cuaderno que ponga a disposición la administración como cualquier cuaderno comercial que esté disponible en el mercado. Estamos trabajando para que esto sea una realidad en los próximos meses.

En el sector agrario, muy envejecido, hay temor a la puesta en marcha del CUE. ¿Cómo se va a salvar esa brecha digital?

En lo que se refiere a la Política Agrícola Común, desde 2015 se establece que la solicitud única se presentará por los medios electrónicos, salvo en casos excepcionales. Este sistema ha funcionado adecuadamente desde entonces y todos los agricultores han percibido sus ayudas con normalidad. También desde 2018 es obligatoria la declaración gráfica de superficies. Estos han sido retos en el camino de la digitalización a los que ya se ha enfrentado el sector y ha superado con éxito, situando a España como un país puntero y referente en la Unión Europea en lo que se refiere a la gestión de la PAC. Como el resto de la normativa, el SIEX, incluyendo el cuaderno digital, también prevé las excepciones necesarias para asistir y facilitar las herramientas a aquellas personas físicas que no tengan acceso a medios electrónicos, e incluso permitir que puedan transmitir la información y comunicarse por medios no electrónicos. Las administraciones autonómicas, las entidades colaboradoras y las organizaciones agrarias están redoblando esfuerzos para prestar los servicios de asesoramiento necesarios para acompañar a los agricultores en este cambio, de modo que nadie se quede atrás. Quiero recordar que todas las comunidades autónomas ponen a disposición de los agricultores, a través de las intervenciones de desarrollo rural, ayudas al asesoramiento agrario. No hay que olvidar que el impulso a la digitalización en el sector agrario es necesario si se desea conseguir tener un medio rural vivo, dinámico y poblado; y un sector competitivo y sostenible económica, social y medioambientalmente, de forma que, a través de la misma, se genera valor añadido en los territorios rurales y actividad económica. El cuaderno digital debe facilitar la vía de entrada al uso de otras herramientas digitales desarrolladas por el sector Agrotech español, que ayuden al agricultor a ser más eficiente en el uso de insumos y por tanto conseguir una mejora en el balance económico y ambiental de su explotación.

La obligatoriedad del CUE será en dos tramos ¿Por qué se ha fijado en primer lugar para las explotaciones mayores de 30 hectáreas?

La entrada en vigor del CUE se ha reflexionado mucho para garantizar una aplicación paulatina y en el momento adecuado. Así, si bien el texto que fue sometido a consulta pública preveía una entrada en vigor el 1 de enero de 2023, decidimos postponerla para que no coincidiera con la entrada en vigor de la nueva PAC. La normativa prevé que el Registro de explotaciones autonómico (REA) entre en vigor el 1 de julio de 2023 y que el CUE se ponga a disposición de los agricultores en esa misma fecha, aunque no se deba cumplimentar todavía, para que los productores lo puedan consultar y se puedan ir familiarizando con esta herramienta antes de su entrada en vigor. La entrada en vigor del CUE se va a realizar en dos fases, y ello con el objetivo de que los agricultores que tienen menos medios, dado el menor tamaño de su explotación, dispongan de un mayor plazo para adaptarse. Así, la entrada en vigor del CUE será el 1 de septiembre de 2023 para las explotaciones que cuenten con más de 30 hectáreas de pastos o de tierras de cultivo, 30 hectáreas de tierra de cultivo, 10 hectáreas de cultivos permanentes, 5 hectáreas de regadío (sobre el total de su superficie agraria) o dispongan de superficie de invernaderos. Unos umbrales que se han adaptado al uso del suelo y al grado de intensificación de las producciones. Las explotaciones con menos superficie deberán cumplimentar el CUE de forma obligatoria a partir del 1 de julio de 2024. Con esta aplicación paulatina se consigue, conforme a nuestras estimaciones, que algo más del 70% de los titulares de explotación no lo deban cumplimentar de forma obligatoria hasta el verano de 2024, pero afectando solo al 10% de la superficie total.

Para finalizar, ¿qué mensaje trasladaría a agricultores y ganaderos ante la aplicación de la nueva PAC?

Un mensaje de tranquilidad, porque estamos seguros de que nuestros productores se adaptarán a esta nueva PAC como lo han hecho de forma eficaz en anteriores reformas. Y tienen que saber que cuentan con las administraciones y las entidades colaboradoras para acompañarlos en esta transición y resolver todas las dudas que vayan surgiendo en su aplicación.