El vacuno de carne no entiende la limitación del tamaño de las granjas
La aprobación del Real Decreto 1053/2022 de 27 de diciembre sobre normas básicas de ordenación de las granjas bovinas que limitará a partir de ahora la creación de explotaciones ganaderas de vacuno de más de 850 unidades de ganado mayor (UGM) no ha caído bien en el sector del vacuno de carne. Así lo atestigua en la entrevista que publicamos en páginas interiores Jaime Yartu San Millán, nuevo presidente de Provacuno, la Interprofesional de la Carne de Vacuno de la que forman parte las principales asociaciones ganaderas, de la industria cárnica y las organizaciones y cooperativas agrarias.
La reglamentación, que no explica los criterios técnicos a la hora de fijar la limitación en 850 y no en 900 ó 1.200 UGM, parece responder más bien al falso e interesado debate sobre las macrogranjas que a un problema real de sobredimensionamiento de la ganadería española. En el caso del vacuno de carne, el 99% de las granjas de nuestro país tienen un censo inferior a 400 UGM, y el grupo de tamaño más frecuente se sitúa entre 20 y 50 animales. El 86% de las granjas son propiedad de personas físicas y más del 13% restante pertenece a sociedades limitadas, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes y cooperativas, mientras que menos del 1% de los titulares son sociedades anónimas.
La limitación impuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puede suponer un serio obstáculo para mejorar la competitividad de las explotaciones, en las que el tamaño es una variable importante a la hora de reducir costes y ganar en eficiencia en una actividad que lamentablemente sufre, al igual que otras muchas en el sector agroganadero, de un grave problema de rentabilidad.
El Real Decreto va además en contra de la más pura lógica empresarial al presuponer que las grandes explotaciones tienen más dificultades a la hora de mejorar las condiciones de biosanidad, impacto ambiental o bienestar animal de la cabaña. Es justo al contrario. Las granjas más dimensionadas son las que poseen más capacidad económica para invertir en las mejoras que la reglamentación europea y el consumidor están exigiendo en todos esos aspectos.
La pervivencia de la ganadería como motor económico, garante de la soberanía alimentaria, aliado en la lucha contra los incendios y el mantenimiento del mundo rural exige que las administraciones favorezcan la creación de riqueza y empleo en vez de lastrarla. Las polémicas interesadas no deben desplazar el debate sobre los verdaderos retos a los que se enfrenta el sector, como el relevo generacional, la falta de mano de obra cualificada o el impulso a la tecnología.