Coto a los fondos: los jóvenes apuestan por la compra de tierras

El mercado de fincas rústicas se aviva. En plena ofensiva de grandes grupos de inversión por el terreno agrícola, el crédito avalado por la Sociedad de Caución Agraria (Saeca) a jóvenes agricultores para la adquisición de fincas se disparó en 2022 un 36% al pasar de los 9,14 a los 12,46 millones de euros.

Los jóvenes agricultores españoles no quieren ceder terreno en el cada vez más codiciado mercado de las fincas rústicas. La ofensiva protagonizada durante los últimos años por los grandes fondos de inversión para adquirir tierras está empezando a tener respuesta entre los que están llamados a garantizar la actividad agraria de nuestro país pese a suponer importantes inversiones que tardan años en amortizar.

España no está siendo ajena al fenómeno de entrada en el sector agrario de grandes capitales, especialmente atraídos por nuevos cultivos como la almendra, el viñedo o el pistacho, que ofrecen buenas rentabilidades gracias a sistemas de producción intensivos. La tierra se ha convertido para los fondos en un valor refugio con buenas expectativas ante la previsión de crecimiento de la población y, por tanto, de la producción de alimentos.

La respuesta ante el progresivo acaparamiento de fincas rústicas por parte de los que algunos denominan “los nuevos terratenientes del campo” es clara. El pasado año, la compra de tierras por jóvenes agricultores destacó en el destino de los avales que concedió la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

En 2022, la sociedad de garantías incrementó notablemente su apoyo a la financiación de agricultores y ganaderos a través de las distintas líneas que tiene en marcha. En total posibilitó la formalización de 7.490 nuevos préstamos, cuyo importe total superó los 240,9 millones de euros, un 43,8% más que los 167, 6 millones del ejercicio anterior.

Una de las principales líneas es la destinada a Inversión y circulante, en la que el pasado año se formalizaron 860 avales para una inversión de 77,5 millones, 14,5 más que el año anterior. Y dentro de ella, destaca la de compra de tierras (que acapara el 45,6% del importe) y en la que los jóvenes aumentaron su cuota del 37,79% al 45,88%, es decir ocho puntos de crecimiento en un año.

En valores absolutos, el crédito formalizado por jóvenes agricultores destinado a la adquisición de tierras el pasado año ascendió a 12,46 millones de euros, un 36,3% más que los 9,14 millones del ejercicio anterior.

Los avales de SAECA, empresa pública tutelada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), constituyen hoy por hoy la principal fuente de acceso a la financiación bancaria para los agricultores y muy especialmente para los más jóvenes ya que obtienen las garantías necesarias por obtener crédito que de otra forma serían inaccesibles.

Entre las ventajas para los agricultores de los avales de Saeca está que no es necesario hipotecar bienes, ofrecen un plazo amplio para la amortización del crédito o mejora las condiciones financieras de los préstamos.

Para las entidades financieras, no es necesaria la dotación de provisiones, elimina los gastos y la problemática de recobro y asegura el retorno de la inversión (principal del préstamo) con la rentabilidad prevista (interés). Además, ofrece flexibilidad en los plazos, permitiendo mayor margen de maniobra con los clientes.

La compra de tierras es una de las variables más importantes a la hora de asegurar el relevo generacional en el campo ya que no solo refleja una voluntad de mantener la actividad en el tiempo, sino que suele ir acompañada de inversiones para la mejora de las explotaciones, lo que garantiza la eficiencia e incrementa la rentabilidad económica. Según el último censo agrario, en España sólo el 4% de los agricultores y ganaderos tiene menos de 34 años y un 15% está por debajo de los 45 mientras que un 41% está por encima de 65 años.

La creciente apuesta de los jóvenes agricultores por las tierras en propiedad que reflejan los datos del SAECA ha encontrado una buena oportunidad en la nueva PAC para consolidarse. La organización agraria Asaja Castilla y León “está constatando” que muchas explotaciones agrarias en manos de jubilados del campo, mayoritariamente de tamaño medio o pequeño, se están cediendo en esta campaña en arrendamiento o en venta a otros agricultores en edad laboral, muchos de ellos jóvenes.

El motivo principal tiene que ver con los requisitos para cobrar las ayudas de la nueva PAC, fundamentalmente tener que demostrar cumplir con la figura de agricultor activo (estar inscrito en la Seguridad Social agraria o que al menos el 25% de los ingresos provienen de la actividad), además de cumplir con infinidad de requisitos de gestión de la explotación en materia de abonado, uso del agua y tratamientos fitosanitarios, que hay que reflejar en un cuaderno digital.

Esa mayor burocracia, según Asaja, está llevando a muchos agricultores que compatibilizaban la actividad con la prestación de la pensión de la Seguridad Social a dejar definitivamente su explotación. “Esto hará, con seguridad, que en el año 2023 haya menos perceptores de ayudas PAC en Castilla y León, lo que no significa que se pierda actividad productiva, pues las explotaciones que cierren van a incrementar el tamaño de las que permanecen.

En este sentido, la organización agraria considera además, que las explotaciones de los más jóvenes y profesionales son más productivas y declaran cultivos más intensivos y de mayor valor añadido, aunque critica que con la nueva PAC “este mayor dimensionamiento es penalizado con una reducción de ayudas a través del pago redistributivo”.

Asaja considera positivos todos los pasos que se den para que las tierras y los derechos para percibir ayudas estén en manos de profesionales, y que se produzca un verdadero relevo generacional, dando oportunidades a quienes se quieren incorporar y a quienes necesitan aumentar el tamaño de sus tierras o su ganadería. En este sentido, urge al consejero de Agricultura de Castilla y León, Gerardo Dueñas, a que desarrolle la medida contemplada en el Plan Estratégico de la PAC presentada por la Comunidad, consistente en promover la sucesión de explotaciones, y que está dotada con 10,5 millones de euros. Esta medida pretende incentivar con una subvención a los agricultores que llegan a la jubilación para que dejen de forma efectiva de ser agricultores y ganaderos y transfieran la explotación a otro más joven, que sea profesional del sector.

Por otra parte, pide al Gobierno que incremente los importes de las pensiones mínimas, que son las que mayoritariamente cobran la mayoría de los jubilados del campo. “Sin unas pensiones más elevadas que permitan una vida más desahogada, es difícil que la gente del campo renuncie a seguir con la explotación una vez que alcanza la edad legal de jubilación”, concluyen.