Frente de agricultores y ganaderos contra el tope a los alimentos
Los productores temen que la propuesta repercuta negativamente en los precios que perciben, en un momento en el que ya no pueden soportar la escalada de costes de producción y alertan de que se puede producir un efecto de “cesta vacía” por el cierre de explotaciones.
Unanimidad en el sector para que los alimentos sean accesibles para todos. Y unanimidad también para rechazar tajantemente la propuesta de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de poner un límite al precio de los alimentos. Un rechazo al que también se han sumado las empresas de distribución a través de ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados), Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución) y Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) y el pequeño comercio.
“Es una propuesta muy perjudicial para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, especialmente para el sector primario, por la imposibilidad de cubrir los costes reales de producción, y para el consumidor, ya que perdería la capacidad de elección que actualmente tiene gracias a la gran competencia y capilaridad de la distribución alimentaria en España”, afirma Víctor Yuste, director general de Foro Interalimentario, que añade que es “injusto poner mediáticamente en el foco al sector agroalimentario como responsable de la corriente inflacionista que estamos viviendo y que nos está afectando a todos, consumidores, empresarios y trabajadores”.
“Entendemos la preocupación del Gobierno, que compartimos con toda la sociedad, por los altos precios de los alimentos, pero las medidas propuestas ni son las acertadas ni solucionarán el problema; en todo caso, podrían traer consecuencias negativas. No estamos ante un problema de márgenes, sino de costes”, asevera Yuste.
Desde Anprogapor (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino), su director general, Miguel Ángel Higuera, también coincide en señalar que la medida “está mal trazada. No se puede poner límite al precio de los alimentos sin poner límite a las materias primas que forman parte de estos alimentos porque, ahora mismo, el principal problema que tenemos es la escalada tan fuerte que hay en precios de materias primas, energía gas, piensos..., que es lo que está aumentando el precio de los alimentos. Poner un límite a los alimentos sin abordar todo lo que está generando ese sobrecoste, nos parece una estrategia errónea”.
La propuesta tampoco está bien vista por agricultores y ganaderos, quienes temen que si se lleva a cabo, al final, sean los que paguen la situación teniendo que producir a pérdidas. Esto, además, llegaría en un momento en el que está arrastrando la escalada de los costes de producción (subida media del 40%) y atravesando serias dificultares en muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, lo que está derivando en cierres de granjas y abandono de la actividad. “La intervención del mercado es lo que nos faltaba. ¿Quién me garantiza que no voy a pérdidas? Ya estamos produciendo a pérdidas. No podemos con los costes de producción, que se han multiplicado por cinco, la energía por tres, suben los fertilizantes..., y cada vez más. Si ahora nos topan y nos intervienen, lo siguiente es cerrar”, asegura Fernando Luna, productor de cereal y presidente de Asaja Aragón.
“Estamos preocupados porque la experiencia que tenemos es que cuando las grandes superficies ofrecen como reclamo el alimento, quien lo ha pagado han sido los agricultores y ganaderos porque se aprieta hacia abajo”, indica Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Y es que “aunque se dice que no va a afectar a los productores, conocemos el poder de la distribución y sus prácticas y nos genera preocupación”, matiza Andoni García, responsable de mercados de COAG. Y, de llevarse a cabo la propuesta del tope a los alimentos, “pedimos garantizar que no se hace a costa de los agricultores”.
El problema está en que “no se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria”, asevera el secretario general de UPA, quien explica que “aumenta el precio a los consumidores y no hay repercusión en el que cobran los ganaderos, hay especulación pura y dura y tememos que el tope lo pagaremos los productores”. Para Ramos es clave que “se actúe sobre la especulación para que no se dejen de consumir productos como la sandía o la carne de pollo”, entre otros productos que han visto aumentar su precio, aunque “los productores no hemos visto una subida ni de un céntimo”.
En algunos productos, se ha multiplicado por 400% el precio entre origen y destino, según el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos), de COAG y “sin que haya explicación de mercado”, expone Andoni García. Desde esta organización agraria “llevamos denunciando ese margen y sabemos que hay posibilidades de actuar, pero no nos hemos planteado que pase por un tope a los alimentos, sino dando transparencia a toda la cadena para que los precios en el origen, destino y para el consumidor fueran justos. No se puede hacer un planteamiento de topar los alimentos sin saber qué sucede en el conjunto de la cadena”.
Una cesta básica, pero vacía
Sobre la mesa está también la elaboración de una cesta de la compra con alimentos básicos por un precio determinado o congelado. Son productos que, en muchos casos, se corresponden con sectores que vienen atravesando una situación difícil. Y, aunque agricultores y ganaderos no creen que se vaya a producir un desabastecimiento de productos, sí se prevén posibles consecuencias y una falta de alimentos al verse abocados al cierre.
La leche es uno de estos sectores. Según COAG, ya antes de la subida de los costes de producción, se hablaba de precios en origen de entre 33 y 35 céntimos, mientras que los costes de producción se situaban en unos 36 ó 37 céntimos. “Si un ganadero sigue produciendo leche por debajo de los costes y tiene que matar animales, se va a dejar de producir e igual el resto de agricultores y ganaderos por el precio de los piensos, costes de la energía... Y entonces habrá desabastecimiento. No queremos ser alarmistas, pero hay que alertar de lo que puede suceder” porque, además, las ayudas percibidas para hacer frente a la escalada de costes “se han quedado en nada. Es imposible seguir produciendo porque los costes se han multiplicado y estamos incluso cobrando menos que antes. Es una situación muy grave. O pasan cosas a corto plazo o vamos a ir abandonando”, afirma Lorenzo Ramos, de UPA.
“Sin tejido productor, no vamos a producir alimentos por lo cual no habrá nada que hacer con los precios de los alimentos porque la cesta estará vacía”, redunda Miguel Ángel Higuera, de Anprogapor, apuntando a un desabastecimiento por la pérdida de explotaciones. “La gente no es consciente de lo que las pérdidas en producción suponen. Solo por ir a trabajar, estás poniendo dinero de tu bolsillo para producir alimentos y, cuando ya ves iniciativas como esta, en la que sabes que no puedes trasladar los costes a lo largo de la cadena para tener una viabilidad, el dinero de los ahorros se acaba y la explotación quiebra”. Además, “ya sabemos lo que pasa cuando se deslocaliza la producción”, como sucedió con la Covid-19 y hubo que comprar mascarillas en otros países. “Imagínate tener que comprar leche, carne, huevos o verduras en otro país”.
Y es que la situación en el sector porcino es también complicada. Los costes de producción se han incrementado entre el 40% y el 50% en relación al año pasado por las materias primas y la energía. En lo que va de año, los ganaderos están soportando unas pérdidas medias de entre 18 y 20 euros por cerdo producido. Además, el sector quedó fuera del Real Decreto en el que se establecían ayudas para paliar el aumento del precio de las materias primas.
Otro de los alimentos que se considera básico es el huevo. En este sector, el insumo de más peso en los costes de producción es la alimentación de las gallinas, que depende de los precios de los cereales en el mercado global. Entre los años 2018 y 2020, el coste del pienso para gallina ponedera era de 252 euros por tonelada, cuantía que se situó en 350 euros en diciembre de 2021 y, en las últimas semanas, alcanza ya los 471 euros. “Ahora el coste de alimentación de las aves y el precio de venta en origen (en centro de embalaje) está equilibrado, todavía le faltaría cubrir energía, salarios, embalajes...”, afirma Mar Fernández, directora de Inprovo (Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos), quien matiza que no se conoce cómo se llevaría a cabo la propuesta de Díaz y que el problema es complejo porque lo que ha pasado es que ha habido subidas de costes más rápidas de lo que se consigue repercutir cuando tienes que negociar con el cliente porque, en gran parte, el productor tiene que comprar anticipadamente como sucede con los piensos.
En este sector, también soportan otros costes de la energía (aumento del 40%), envases (+50%) o transporte, entre otros. “Son muchos factores sobre los que no hay capacidad de actuación”, apunta Mar Fernández. Y, a todo ello, hay que añadir el momento de reconversión que vive el sector para implementar sistemas de producción alternativos a las jaulas y que conllevan un aumento de costes de alrededor de 20%. En este contexto, ya se ha producido el cierre de granjas en los meses de subida más acentuada del coste de piensos, aunque también hay explotaciones en reconversión para producir sin jaula con naves que tienen que entrar en producción. Pese a ello, no se teme un desabastecimiento de este producto porque en España se produce un 15% más de lo que se consume.
La Ley de la Cadena, clave
La propuesta planteada también es rechazada desde un punto de vista legal. Desde el sector se considera que va contra los principios de la Unión Europea y de la libre competencia porque es un libre mercado, sujeto a oferta y demanda. “Es incompatible con el funcionamiento y la operatividad del sector agroalimentario español y contraria a la legislación europea y nacional en materia de competencia y a la libertad de mercado reconocida por nuestra Constitución. En todo caso, esta propuesta infringe la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”, explica Víctor Yuste.
Además señalan que este tipo de medidas, realmente, no han funcionado en otros países como Francia. ACES, Anged y Asedas coinciden en que la propuesta de Díaz sería ineficaz, además de explicar que la experiencia en otros países “ha resultado fallida”. Es el caso de los acuerdos firmados por Sarkozy en 2004 y 2010, que tuvieron como resultado una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor con un descenso del gasto y una bajada de la calidad de los productos afectados.
“Topar los alimentos no se puede hacer bajo esta ley”, incide Andoni García, de COAG, quien añade que la medida no solo puede tener efectos sobre los productores, sino también en la población: “si no pagan lo que cuesta producir, se acaba la producción y, si se acaba, el consumidor va a pagar más”.
Y, precisamente, a la Ley de la Cadena apelan agricultores y ganaderos para que se cumpla y se adopten las medidas que en ella se contemplan como la publicación de empresas sancionadas por incumplimientos, la activación del registro de contratos o los estudios sobre toda la cadena para ganar en transparencia, inciden desde COAG.