El tope al precio de los alimentos, torpedo contra la Ley de la Cadena
La pretensión de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, de poner tope a los alimentos ha caído como un jarro de agua fría en el sector agrario, que teme convertirse en el “pagano” de una medida a medio camino entre un rancio dirigismo económico que ha fracasado reiteradamente y el electoralismo de quien aspira a convertirse en cabeza electoral de la izquierda más radical.
La honda preocupación generada en el campo está plenamente justificada. A nadie se le escapa que la fijación de un precio máximo en determinados alimentos supondrá una reducción de los márgenes comerciales de industria y distribución, ya de por si exiguos, y terminará repercutiendo en el eslabón más débil, los productores.
La medida, de difícil cobertura legal en la normativa europea, como ya ha advertido el ministro de Agricultura, Luis Planas, no evitará además los dos grandes objetivos que persigue: contener la inflación y garantizar el acceso a los alimentos de las familias más desfavorecidas. En primer lugar, porque el galopante incremento del IPC, como ha quedado claro en los últimos meses, es consecuencia directa de la subida de los precios de la energía por la guerra de Ucrania, con lo que poco se va a conseguir en términos de encarecimiento de la vida si no se soluciona la principal causa que la motiva. Por otro lado, aligerar en unos euros el precio de la cesta de la compra va a suponer un alivio más simbólico que real para las familias, máxime cuando existen otras herramientas más eficaces como la reducción del IVA de los alimentos, las ayudas directas a los más necesitados o incrementar temporalmente los apoyos al sector primario para que puedan amortiguar los disparatados costes de producción en energía o fertilizantes.
La medida supone además todo un torpedo a la línea de flotación de la recién estrenada modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, una reivindicación histórica de que obliga a garantizar los costes de producción a los agricultores y ganaderos para acabar con la inviabilidad económica de sus explotaciones. De llevarse a cabo, la propuesta de Díaz consagraría precisamente lo que se pretendía evitar: la formación de los precios de arriba a abajo, con los productores obligados a aceptar los precios fijados por las estrategias comerciales de la distribución. Por el momento, el ministro Planas se ha convertido en el principal obstáculo a las pretensiones de Díaz, aunque la hemeroteca no juega en su favor en las batallas que ha librado contra el sector del Gobierno, incluidos miembros de su partido, en materias como la protección del lobo o la política hidráulica.