El recorte del trasvase Tajo-Segura, una grave amenaza para el Levante
El agua que llega a través del Trasvase Tajo-Segura es imprescindible para el desarrollo económico y social de todo el Levante y una pieza fundamental para el conjunto del país. Por un lado, es la base que permite desarrollar una agricultura que es ejemplo en todo el mundo y palanca de nuestras exportaciones, tanto por la calidad de las frutas y hortalizas, como por los avances en materia de riego y control de los cultivos. A eso hay que añadir el efecto multiplicador en otros sectores de la economía.
El impacto del recorte del 40% del agua trasvasada a Murcia, Alicante y Almería, previsto en el proyecto de plan hidrológico del Tajo 2022-2027 del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico supondría una pérdida de valor de la producción agraria de 117 millones solo en Murcia y de 137 millones en toda la zona afectada. A eso se suma una pérdida de 5.500 empleos.
La alternativa que ofrece el departamento de Teresa Ribera, la sustitución por agua desalada, es rechazada por los agricultores y regantes del Levante por su excesivo precio -cuatro veces más- y por la falta de infraestructuras para atender todas las necesidades existentes.
El agua es un recurso vital y escaso. Su uso racional es una auténtica necesidad en un contexto de Cambio Climático que apunta a una mayor escasez. Por eso, hay que ser especialmente responsable en su administración, haciendo compatibles los usos agrarios con el abastecimiento a la población y la preservación de los valores medioambientales.
El problema es que las decisiones y los planes del Miteco no parecen responder a una voluntad real de solucionar los problemas desde el equilibrio y el consenso, sino más bien a un prurito ecologista que ha caracterizado a la gestión de la ministra Teresa Ribera, que ha asumido las tesis de los colectivos medioambientales más radicales, refrendadas por Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, que considera el agua como un valor patrimonial propio y no de todos los españoles.
El agua es una verdadera cuestión de Estado y como tal es exigible una planificación a largo plazo desde el diálogo y fuera de posiciones dogmáticas y excluyentes. Enfrentar a los territorios poniendo contra las cuerdas la forma de vida de miles de personas y causando un grave daño a la economía de nuestro país no es el camino para dar respuesta a los problemas. La ministra de Transición Ecológica aún está a tiempo de evitar un error histórico que solo traerá tensión social y pobreza a España.