Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León: “No es coherente desincentivar la producción sin que Europa tenga garantizados los alimentos”

De origen palentino, este ingeniero agrónomo asegura que “hay poco del sector que no conozca” tras haber sido gerente regional de Asaja, director general de la extinguida cooperativa Coreccal y directivo de Agrifeed.

Hace unos días se aprobó el proyecto de ley de Presupuestos de 2023. ¿Qué destacaría de su primer presupuesto?

Es un presupuesto inversor, crecemos mucho, 79,6 millones de euros entre los capítulos 4, 6 y 7. Hemos eliminado partidas que no se han ido ejecutando estos años atrás y puede parecer que el presupuesto de la Consejería aumenta poco, pero el crecimiento importante es donde me interesa que esté, en inversiones.

Comienza una campaña cerealista con los costes disparados y nuevas exigencias medioambientales. ¿Cómo lo afronta el sector?

Con mucha incertidumbre. El agricultor tiene muchas dudas porque las cortapisas de los ecoesquemas le están limitando mucho su capacidad de actuación y van a condicionar una parte importante de su producción. En algunos ecoesquemas son necesarios unos determinados porcentajes de leguminosas y aparte del precio prohibitivo nos encontramos con que prácticamente no hay semillas. Además, con los inputs disparados, el agricultor no sabe lo que va a pasar en junio cuando vaya a vender su cosecha. Todos prevemos que pueda haber estabilidad de precios, pero siempre queda esa duda.

Estrenamos modelo de la PAC. ¿Es bueno para la agricultura española en general y para la de Castilla y León en particular?

No. Ese modelo se diseñó en 2018 con unas economías crecientes, sin que hubiesen llegado primero la crisis derivada del Covid-19 y posteriormente por la invasión de Ucrania. El mapa geopolítico de hoy es bastante diferente al que había entonces, cuando era tremendamente fácil para Europa abastecerse de materias primas. Pero se ha complicado sobremanera y Europa no tiene garantizada su soberanía alimentaria por lo que ir a un modelo que siga primando esos intercambios comerciales en contra de tus productores, de tu propio abastecimiento, no es la mejor política agraria. Que podamos llegar a no tener cubiertas las necesidades y que estemos haciendo una política que desincentiva la producción no es coherente.

¿Es partidario de que la UE aplace su aplicación en este contexto?

Sí, incluso hay principios de esa Agenda 2030 que habría que retocar. Por ejemplo, de tener una teórica garantía de suministro energético por parte de terceros países hemos pasado a no saber en qué situación vamos a pasar el invierno. Incluso curiosamente, que las condiciones de bienestar animal hagan que un cerdo pueda estar en su explotación a 23 grados y a lo mejor una familia europea no tenga capacidad de encender la calefacción. Podemos llegar a disyuntivas que cualquier persona normal no entiende.

¿Cree que es una política dirigida por grupos ecologistas o animalistas?

Esa política verde de la UE no solo es para no contaminar, sino que hay lobbys internacionales que están detrás para cambiar las formas de producir. Hoy sabemos que hay empresas a nivel mundial que están diseñando carne o leche artificial. Todo lo que sea que una gran multinacional tenga la capacidad de producir y de suplir un alimento natural por uno industrial solo les beneficia a ellos y deslocaliza ese modelo de vida que nosotros defendemos y es que los agricultores y ganaderos sigan produciendo los alimentos de calidad que están haciendo hoy.

Algunas Comunidades están suavizando los ‘ecorregímenes’. ¿Hará lo mismo?

Siendo la primera campaña de aplicación de la nueva PAC, la Consejería va a establecer flexibilizaciones en los ecorregímenes.Por ejemplo, la reducción de los días de pastoreo extensivo de 120 a 90 o el incremento de la superficie de barbecho que se pueda usar en la práctica de rotación de cultivos, pasando del 20% al 40% o permitir laboreo vertical antes de realizar la siembra directa.

El proyecto de Reglamento de Fitosanitarios, además de la reducción de productos químicos un 50%, prohíbe su uso en las denominadas zonas sensibles. ¿Cómo puede afectar en la región?

En Castilla y León sería algo bastante grave porque tenemos cerca de 2,5 millones de hectáreas en territorio Red Natura 2000 en los que quedaría prohibido el uso de fitosanitarios. Además, es algo precipitado porque no hay productos alternativos para muchas plagas y enfermedades en estas zonas y sería una debacle y la agricultura dejaría de hacerse.

El Perte Agroalimentario no se ha convocado todavía pese a los anuncios del Gobierno. ¿A qué cree que se debe el retraso?

En la última sectorial el ministro nos dijo que previsiblemente a lo largo de noviembre estarían diseñados los condicionantes para ese Perte. En Castilla y León las empresas nos están trasladando que la dificultad burocrática hace inviable que se puedan presentar. Espero que se flexibilice o cambien los requerimientos porque si no será un fiasco más como el del automóvil.

Quiere incorporar 650 jóvenes al año al campo. ¿Cómo piensa conseguirlo?

Este año vamos en buen camino y lograremos 683. Fundamentalmente hay algo de lo que se ha adolecido estos años y es la tutorización. Independientemente de que hay que estar ayudándoles en ese momento inicial tanto en formación como de arranque de explotación hay gente que se echa para atrás porque o no ha diseñado adecuadamente sus inversiones o en los dos primeros años cuando más dificultades ha tenido no ha encontrado ningún tipo de apoyo. Por tanto, como medidas principales apostamos por la tutorización, darles mayor apoyo económico y adelantar el 60% de las subvenciones el primer año.

¿Y en materia de mujeres?

Primero hay que convencer a esos jóvenes y mujeres a que se incorporen a la agricultura o la ganadería y luego darles también alternativas para que puedan hacerlo a cualquier otra actividad en el medio rural. Tenemos claro que a través de los grupos de acción local hay que potenciar actividades alternativas de la mujer rural. En 2023 vamos a ver cómo podemos mediante algún tipo de apoyo público consolidar el concepto de familia.

¿Sería favorecer a las unidades familiares en el acceso a las ayudas?

La idea es priorizar a aquellas familias que realmente sean residentes en el campo frente a otros modelos de personas que viven en la capital o que no están casados, que tengan ese punto por encima. No será la única medida porque hay multitud de alternativas como facilitar a las mujeres la creación de startups o que quieran hacer formación e-learning, etc.

Aboga por el mayor dimensionamiento de las cooperativas. ¿Qué medidas baraja?

Vamos a dar el salto a un nuevo Plan Estratégico en el que será importante la dimensión, pero también empezar ya a salir a otros mercados y cumplir otra serie de criterios que acerquen la producción al consumidor. No hablo de los modelos como el danés en los que prácticamente una cooperativa mueve un sector, pero tenemos Francia que se parece a nosotros y tienen una dimensión superior, bastante nexo con el sector industrial y cubren muchas más actividades como las de Castilla y León. Hemos dado un salto importante en las cooperativas principales, pero nos queda para acercarnos a modelos más europeos.

Castilla y León ha sido pionera en limitar los parques fotovoltaicos en zonas agrarias. ¿Hay un conflicto con las renovables?

Más que un conflicto, había que delimitar aquellas zonas en las que la Consejería no hubiese hecho inversiones de modernización o de creación de regadíos. Hemos dado un primer paso, pero todavía a corto plazo va a haber alguna otra limitación y también alguna flexibilización de los cambios que hemos introducido a propuesta de las energéticas, como la distancia mínima de 500 metros a núcleos de población porque en parcelas muy grandes pueden estar al lado, pero la instalación fotovoltaica situarse a más de un kilómetro. Hay muchísima superficie casi improductiva que debía ser la prioritaria. Incluso desde la Consejería hemos llegado a plantear que los ayuntamientos tenían que ser capaces de definir dentro de su territorio cuáles son las zonas que consideran prioritarias. No es ir en contra de las energías alternativas, pero se ha hecho todo demasiado deprisa sin mucha conexión entre las partes y nosotros siempre priorizaremos al agricultor.

La oposición y algunos sectores veterinarios les han acusado de rebajar los protocolos de sanidad animal ¿Se está poniendo en peligro a la cabaña ganadera?

Castilla y León tiene una situación muy buena en Sanidad animal, con seis provincias con una prevalencia por debajo del 1% y de ellas cuatro van a ser declaradas indemnes pronto. Tenemos una situación compleja en la provincia de Salamanca y ahí va a haber mayores requerimientos, pero con mayores apoyos públicos. Estos presupuestos van a dedicar 15 millones de euros a la sanidad animal, fíjese lo que nos importa. Otra cosa es que hay medidas dentro de la legislación que dimana de la UE en la que tenemos muy poca capacidad de flexibilizar. A Vox nos parecía una atrocidad llegar a una explotación como la de Lario en León y decir que la mejor manera de que no haya tuberculosis era eliminar los 154 animales. Al final en todo el proceso de seguimiento de la enfermedad se han sacrificado 8, y la explotación ha vuelto a recuperar su acreditación sanitaria y aquí no ha pasado nada. Hemos conservado en una zona de montaña, difícil, una explotación modélica y se ha cumplido la legislación. No vamos a flexibilizar los controles animales, que son claves tanto para la salud humana como animal.

Uno de los anuncios polémicos fue el de una rebaja de las ayudas a las organizaciones agrarias. ¿Mantiene los planes?

Sí en la subvención directa y se ha trasladado también a las interprofesionales o entidades con las que la Consejería está colaborando. Dar una subvención por el mero hecho de existir es algo que no va con la filosofía de Vox. Pero eso no quiere decir que se vaya a reducir el apoyo económico que tienen. Uno de los primeros cambios que he planteado es que las opas sean reconocidas entidades colaboradoras de la Administración, algo que permite la Ley Agraria y sobre lo que nadie se había preocupado. Ya les hemos remitido propuestas porque para nosotros es bastante importante, ya que tramitan un porcentaje alto de determinadas líneas de ayuda que la Administración de por sí no tiene capacidad de hacer y tengo intención de compensarlo.

La vendimia ha puesto de relieve que en Rueda hay un problema de sobreoferta. ¿Le preocupa el efecto de ese desequilibrio en los precios en origen?

Sí es preocupante. Con el crecimiento que han tenido en los últimos años -de 20.100 hectáreas-, deben ser capaces a muy corto plazo de buscar alguna alternativa, que podría ser alguna otra cooperativa importante que aglutine ese sobrante de producción para mercados alternativos, a lo mejor fuera de España. Volvemos a lo que pasó en Ribera, que las bodegas han trasladado sus derechos de otras zonas, con lo cual han ido eliminando al productor.