La necesaria armonización de las renovables y la actividad agraria
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la expulsión promovida por el Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) de 70 agricultores de unos terrenos comunales para instalar un parque fotovoltaico viene a reforzar la necesidad de acometer una armonización entre el crecimiento de las energías renovables y la actividad agraria.
El objetivo de reducir la utilización de las energías fósiles para combatir el Cambio Climático marcado por la Unión Europea se ha convertido en una auténtica urgencia con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha desvelado los enormes riegos de la dependencia energética del viejo Continente. España, por su situación geográfica, se encuentra en una posición privilegiada para contribuir a ese desafío. Pero esto no puede significar, de manera alguna, que una actividad estratégica como es la producción alimentaria se vea menoscabada por los intereses especulativos que siempre acompañan a las burbujas económicas como la que se está viviendo en este sector.
La cpuesta en marcha de instalaciones de energía renovable se presenta como una nueva fuente de ingresos para nuestros agricultores y les abre la posibilidad de continuar con su actividad sin los aprietos que vienen sufriendo por los bajos precios de sus productos. Nada se puede objetar a la capacidad que les da el derecho a la propiedad privada que recoge la Constitución a la hora de arrendar parte de sus tierras para que se pueda instalar un parque eólico o fotovoltaico. Otra cosa bien distinta son las coacciones que se vienen denunciando o los intentos de algunos ayuntamientos, como el de Paredes de Nava, de desahuciar de la noche a la mañana a quienes han estado manteniendo la actividad económica del municipio en busca del ansiado pelotazo.
La alarma empieza a cundir entre los agricultores ante la sensación de descontrol en la expansión de las energías renovables y son cada vez más las voces que piden a las administraciones públicas el establecimiento de un marco que armonice la producción energética con la actividad agropecuaria. Como en otras tantas ocasiones, el Gobierno ha renunciado a una adecuada planificación antes de dar el pistoletazo de salida a una carrera en la que parece haber importado exclusivamente llegar a los objetivos sin tener en cuenta los riesgos para la agricultura o el enoturismo.
Urge por tanto fijar límites y, sobre todo, que Red Eléctrica Española haga una adecuada inversión en subestaciones y redes de transporte para evitar una concentración de instalaciones que provoca un creciente rechazo.