La agricultura de conservación, crucial contra el cambio climático y la seguridad alimentaria

El campo reclama soluciones urgentes para el sector, con un incremento constante de los costes de producción, una merma notable de la rentabilidad de las explotaciones, y un efecto directo, el precio de los alimentos sigue en aumento, situándose en febrero de 2022 un 20,7% por encima de su nivel de hace un año (según la FAO). A su vez, tanto el Pacto Verde Europeo, como las estrategias europeas en materia medioambiental y alimentaria, y la nueva Política Agrícola Común establecen objetivos sumamente ambiciosos para los países de la UE. En este contexto, las prácticas sostenibles como la Agricultura de Conservación (AC) juegan un papel fundamental para la economía, el medioambiente y la sociedad, contribuyendo a la consecución de estos objetivos.

Las técnicas de la AC llevan asociados una serie de beneficios que permiten proteger el medioambiente, al tiempo que garantizan la viabilidad económica de las explotaciones. Según un último estudio de PwC, la AC genera menores costes y jornadas laborales más cortas, aumentando así los ingresos anuales totales de los agricultores en el país en 135 millones de euros. Esta cifra asume una ganancia económica de 66 euros por hectárea adicional, con una rentabilidad potencial de las explotaciones de 932 millones de euros, en el escenario de máxima adopción, justo cuando el campo reclama soluciones urgentes para garantizar la sostenibilidad de la agricultura.

Es así que la AC puede contribuir de manera sustancial a la eficiencia productiva del agricultor, componente clave para mantener nuestra soberanía alimentaria y competitividad en una producción agrícola globalizada. A su vez, es la espina dorsal de una transición ecológica hacia sistemas agrícolas que mitiguen el cambio climático.

Este sistema agrícola tiene como objetivo fundamental el proteger, mejorar y utilizar los recursos naturales de manera más eficiente, lo que se refleja en España en las más de 2 millones de hectáreas de cultivo de AC, que comprenden el 12% de la producción nacional agrícola valorada en 3.668 millones de euros, y donde se secuestran 9,9 millones de toneladas de CO2 al año. Por tanto, si las instituciones nacionales y europeas intensifican su apoyo, el área bajo este sistema agrícola podría superar los 3 millones de hectáreas para 2030; y en el caso de una máxima adopción, podría llegar a alcanzar 13 millones de hectáreas, contribuyendo significativamente a cumplir con los compromisos adquiridos por España para los próximos años.

En ese sentido, recientemente, la Administración española, ha resaltado la “necesidad de utilizar todos los recursos disponibles para incentivar la agricultura del carbono, tanto a través de la utilización de fondos públicos, como en el aprovechamiento de las oportunidades del sector privado, principalmente a través de la compensación voluntaria del carbono”. Asimismo, ha anunciado la incorporación al Plan Estratégico de la PAC de prácticas como la agricultura de conservación entre otras.

¿Y cómo es que la AC impacta de manera positiva al medioambiente? La explicación es muy sencilla. Al suprimir el laboreo; mantener una cobertura vegetal permanente sobre la superficie del suelo, y promover la rotación y diversificación de cultivos anuales, la AC garantiza la calidad del suelo y su biodiversidad. En España, esta técnica evita la pérdida anual de casi 13 toneladas de suelo por hectárea debido a la erosión respecto a la agricultura basada en el laboreo sin una gestión adecuada para la protección del suelo. Esto supone un ahorro económico de 157 millones de euros anuales y que podría llegar a 811 en un escenario de adopción potencial máximo. Asimismo, como resultado, puede multiplicar el número de seres vivos que habitan el suelo entre 2 y 7,5 veces más que la agricultura en la que se labra el suelo.

Las técnicas de la AC también contribuyen a reducir el impacto en el clima. El consumo de combustible se reduce con las técnicas de la AC, las cuales también permiten que el suelo absorba el carbono secuestrado previamente por el cultivo, gracias a la fotosíntesis. Esta actividad evita a nivel nacional la emisión de 10 millones de toneladas de CO2 cada año; pudiendo alcanzar los 55 millones en un escenario de adopción potencial máximo, con un valor económico de 242 millones de euros y de 1.360 millones, respectivamente.

A su vez, la presencia de restos vegetales sobre la superficie del suelo limita la escorrentía a través de la menor velocidad del agua en la superficie y la mayor protección del suelo frente al golpeteo por las gotas de lluvia. Esto favorece el sellado de la superficie y minimiza la pérdida de agua en el proceso. La cobertura vegetal también mejora de manera sustancial la calidad del agua, al disminuir la cantidad de fertilizantes y herbicidas disueltos en el agua de escorrentía o adsorbidos en el sedimento.

Por todo lo expuesto, resulta evidente la necesidad de incentivar la aplicación de estas prácticas, y, para ello, debemos procurar que los agricultores tengan acceso a las herramientas esenciales para ponerlas en práctica. Entre ellas, destacan las sembradoras de siembra directa, incluso provistas de tolvas para la fertilización combinada, o trituradoras de residuos de poda en el caso de cultivos leñosos; y los herbicidas, siendo el glifosato el más empleado a la hora de controlar las malas hierbas y proteger los nutrientes del suelo, mejorándolo física y químicamente, y desempeñando un papel fundamental a la hora de ofrecer mejores soluciones a los agricultores. Además, la eliminación de las malezas con herbicidas durante el barbecho y en presiembra son esenciales para que el cultivo tenga el uso más eficiente posible del agua y los nutrientes.

Las ideas expuestas refuerzan la importancia fundamental de la AC, un sistema agrícola que ahorra actualmente cerca de 10 millones de toneladas de CO2 al año en España, y podría alcanzar hasta 55 millones de toneladas en el caso de máxima adopción potencial, lo que contribuiría en gran medida a la materialización de los compromisos de España en los próximos años, como son la estrategia “De la Granja a la Mesa” o la estrategia sobre “Biodiversidad para 2030”.