Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha: “Los regantes del Levante deben empezar a pensar que el agua que van a utilizar será de desaladora”

Desde 2015 dirige las políticas agrarias de una Comunidad en la que el sector agroalimentario tiene el mayor peso en el PIB, un 17%, de toda España. Defiende la “solidaridad de Castilla-La Mancha” a la hora de trasvasar agua para consumo humano, pero advierte que el riego del Levante se abastecerá de las desaladoras.

¿Cómo está afectando la guerra de Ucrania al sistema agroalimentario de Castilla-La Mancha?

En lo que tiene que ver con las exportaciones regionales estamos en cantidades muy modestas. Exportamos a Ucrania 22 millones de euros y a Rusia, cerca de 70, esencialmente vino. Donde vemos el mayor reto en los próximos meses es en los piensos que necesita la ganadería. En Europa tenemos una gran dependencia de materias primas de otros países y vamos a tener un problema por el cierre de las salidas de Ucrania. Hay que buscar alternativas, abrir fronteras, quitar contingentes arancelarios para que entren en cantidad suficiente y a buen precio. Y luego tenemos la subida de la energía, los costes de los fertilizantes, el gas, la electricidad, etc., que ya está generando un efecto negativo en la economía de las empresas agroalimentarias, un sector que representa el 17% del PIB de la región. Estamos preocupados.

¿Qué valoración hace del Plan Estratégico de la PAC? ¿Se verán beneficiados?

El Plan Estratégico recoge parte de nuestras aspiraciones. Una muy importante, que todos los agricultores y ganaderos, sean pequeños, medianos o grandes, van a seguir en el sistema. Para nosotros era muy importante, y así se lo trasladé al ministro, para que el agrario siga siendo un sector importante económica y socialmente. Y también desde la perspectiva de la propia Política Agraria Común, que no podía dejar a los más pequeños fuera como ocurrió en la anterior reforma. Siempre he sido muy crítico con la negociación que se hizo por parte de España. Ahora es el momento de reivindicar que este Plan Estratégico incluye a todos, que es muy positivo, como pedía Castilla-La Mancha. Además, va a haber una priorización para los jóvenes y las mujeres e incluye la condicionalidad laboral, que es una forma de decir a la sociedad que los que reciben ayudas respetan los derechos de los trabajadores.

¿Y qué no han conseguido?

Defendíamos un modelo en el que las ayudas se igualaran para todos los agricultores de nuestro país, en línea con lo que ha propuesto la Comisión y lo que van a hacer el resto de los Estados. Nosotros lo vamos a hacer, pero de forma más lenta y a menor nivel de lo que quería Castilla-La Mancha. Creo que es una oportunidad perdida. No hemos sido todo lo valientes que deberíamos haber sido. Sé que no es fácil, somos un país muy complejo, con 17 comunidades y el papel del Ministerio era dificilísimo sobre todo porque partíamos de una extraordinaria desigualdad y cambiar el sistema de golpe no es fácil. Asumiendo eso, valoramos positivamente los avances y que además en 2029 habrá una convergencia del 100% en las 20 regiones agronómicas que han quedado.

¿Cuándo dice que no hemos sido valientes se refiere al ministro?

A todos en general. Castilla-La Mancha ha defendido ese modelo porque nos beneficia. Partíamos de la media por hectárea más baja de España, 104 euros frente a los 140 nacional. Nosotros vamos a recibir más fondos y a incrementar la ayuda por hectárea, probablemente la región que más, pero también partíamos de más abajo. Para nosotros la negociación es exitosa pero deberíamos haber adelantado la convergencia a 2025 ó 2026, que era lo que al principio planteó el ministro, y además haber reducido extraordinariamente el número de regiones.

¿Menos de las 20 que va a haber?

En el resto de Europa todos los Estados tienen entre 1 y 3. Somos una rara avis en la nueva PAC otra vez.

Vamos a una PAC más verde. ¿No sé qué le parece este peso tan medioambiental?

Forma parte del futuro de esta política y de todas. La CE ha condicionado la utilización de los fondos de Recuperación a ese componente medioambiental y también la PAC y tenemos que asumirlo. En nuestro caso, en lo que tiene que ver con las ayudas directas, está vinculado a los eco-regímenes y es verdad que hay requisitos algo más ambiciosos, pero son asumibles y entendemos que van a poder acceder razonablemente a esas ayudas, un 23% del pago total. Y en el segundo pilar, partíamos de una situación de mucha ventaja. El mínimo de ayudas que exigía ahora la UE es el 35% y estábamos cerca del 60%. Somos la región de Europa que más apoya la agricultura ecológica, con más superficie, agricultores y recursos públicos que nadie.

¿Pero no se le ha ido la mano a la UE en ese componente medioambiental? Con la guerra de Ucrania se está pidiendo flexibilidad...

Ha cambiado el contexto. Los planteamientos ambientales de la nueva PAC van en la línea de lo que la CE quería y todos los Estados asumieron y esto exige cambios que son difíciles. Pero la guerra ha puesto sobre la mesa una realidad muy tozuda y es que tenemos los costes medioambientales más altos del mundo, la mayor seguridad alimentaria, un lujo que tenemos los europeos, y eso cuesta dinero y a veces no estamos dispuestos a pagarlo. Ahora, que la guerra ha supuesto una subida de la inflación, falta de medios de producción, de materias primas, alza de los precios de la energía, nos damos cuenta de que es difícil competir en determinadas circunstancias y que a lo mejor hemos ido muy lejos para momentos de crisis como éste. Hay que flexibilizar determinadas cuestiones, no podemos pretender alcanzar los objetivos que teníamos previstos sin la guerra, manteniendo las fechas. Lo que hemos planteado es que se aumente la superficie de cultivo, ahora de girasol, y de cereales para la próxima campaña. Hay margen para flexibilizar los requisitos, pero también en la forma de gestionar los fondos y dar las ayudas con más rapidez. Nosotros siempre lo hacemos en Castilla-La Mancha y hace unos días comenzamos a pagar 34 millones, con lo que llevaremos 535 millones de los 600 previstos. El sector necesita liquidez, en lo que estamos trabajando, compensar el alza de precios de los medios de producción y flexibilizar la entrada de suministros para piensos y disminuir los barbechos. Ahí centraría el foco para amortiguar el impacto de la guerra.

¿Como les está afectando la sequía?

Con las últimas precipitaciones el efecto negativo más o menos se ha contenido en La Mancha, la comarca más representativa en hortícolas como ajo, cebolla, melón o sandía. Son productos muy importantes en los que somos líderes porque generan mucha actividad económica, mucho empleo en campo y en industria transformadora, que en ese caso es también muy femenino y contribuye a luchar contra la despoblación. Los cultivos con más problemas son los herbáceos, que hubieran sido muy grandes si no hubiese llovido en las últimas semanas.

¿Cómo está apoyando la incorporación de jóvenes y mujeres?

Hemos hecho un esfuerzo muy grande desde que soy consejero y puesto a disposición de los jóvenes más dinero que nunca para que se incorporen, 150 millones desde 2016, y también para mejora de explotaciones, 191 millones. La respuesta ha sido espectacular. Estoy muy satisfecho de que haya tanto interés por entrar en la agricultura y ganadería en Castilla-La Mancha, con 4.000 jóvenes desde 2016, la región con la cifra más alta. Y eso lo relaciono con la sensación de estabilidad que ofrecemos desde el punto de vista político. Ahora hay mucha incertidumbre, hay comunidades en las que incluso un partido que no cree en la UE, que es la que nos da el dinero para apoyar la agricultura, pueda regir la Consejería de Agricultura, como Castilla y León. En cuanto a mujeres hemos aumentado extraordinariamente su presencia porque las hemos priorizado y copan una de cada tres incorporaciones. Esto no ocurría antes. Además, hemos multiplicado por ocho los expedientes de titularidad compartida y ahora somos la segunda Comunidad.

Pero hay quejas de que los pagos de las ayudas a los jóvenes se eternizan...

Se pagan a tiempo, aunque pueda haber algún expediente con algún problema administrativo que se está resolviendo.

Los agricultores se manifiestan por toda España ¿Comprende sus reivindicaciones?

Siempre las comprendo. Es un sector complicado porque no todo depende de hacer bien la actividad profesional, sino de que llueva o no, de si hay sequía o tenemos cualquier catástrofe climática, que cada vez hay más. Reivindicar el papel del mundo rural es siempre positivo. Yo creo que las elecciones de Castilla y León, donde en zonas muy despobladas como Soria un partido provincial ha ganado a PP y PSOE, indican que hay que estar muy atentos políticamente a ese fenómeno. Por eso en Castilla-La Mancha hemos aprobado esa ley contra la despoblación que una de las cosas que incluye absolutamente novedosa es la discriminación fiscal positiva para los que vivan o emprendan en el medio rural. Y esto no sucede en ningún lugar de España. Si en Castilla y León hubiera habido una ley contra la despoblación igual el resultado electoral para el partido gobernante hubiera sido distinto.

Pero también se quejan de las críticas desde algún sector del Gobierno...

Más que críticas al medio rural ha habido algún planteamiento sobre los sistemas de producción ganadera. En Castilla-La Mancha apostamos básicamente por la ganadería extensiva porque es la que está ligada al territorio y es la que necesita de ayudas públicas porque está vinculada a razas autóctonas poco productivas.Cada año destinamos 50 millones. El intensivo tiene unas reglas de juego que cumplir y lo hace mayoritariamente. Y eso también hay que decírselo a los ciudadanos.

¿Y la moratoria de las macrogranjas?

No significa que haya un mensaje negativo respecto a la ganadería intensiva, pero sí es verdad que hay que tener seguridad sobre determinadas cuestiones medioambientales porque la UE nos está mirando con lupa. Lo que hemos planteado, y lo digo como miembro del gobierno porque lo lleva otra consejería, es retomar la instalación de granjas de porcino intensivas después de una reflexión sobre dónde y de qué manera podemos instalarlas con una menor afectación al medio ambiente. Mientras, siguen funcionando las que están en marcha. No está generando un problema.

López Miras afirma que va a desaparecer el trasvase Tajo-Segura. ¿Es cierto?

No porque desde Castilla-La Mancha no se apoya la desaparición del trasvase Tajo-Segura. Decimos a las claras, desde la mayor de las solidaridades, que entendemos que sea necesario para consumo humano, si es que es así. No se ha recurrido ni un solo trasvase que fuese para consumo humano. También hemos dicho que es necesario utilizar las desaladoras, ponerlas al 100% de su capacidad. Me consta que el Gobierno está en eso. Los regantes del Levante sí deben empezar a pensar que el agua con la que van a regar va a proceder de la desalación y eso parece también razonable. Entre otras cosas porque el trasvase está mal planteado, sobre todo en la situación de sequía permanente en la que vivimos. Se está trasvasando agua de un lugar en el que no llueve a otro en el que tampoco llueve. Y ese no es el modelo. El agua está en el Alto Tajo y nos tiene que ayudar a nosotros también a generar desarrollo rural. Hemos conseguido un avance muy importante cambiando el memorándum para que cuando los embalses están en nivel 2 se trasvase 27 hectómetros y no 38 cada mes. Esto significa que van a tener más agua en cabecera y desarrollo rural vinculado en muchos casos al ocio en esos embalses de Entrepeñas y Buendía. Pero en el tema del trasvase no estamos diciendo que deje usted la infraestructura, sino deje de trasvasar agua para regadío.También nosotros queremos que una parte del agua que va al Levante se utilice para que en la Comarca de La Mancha se pueda beber. Por eso se hizo una tubería con una inversión de 350 millones, fondos públicos que hoy están enterrados.