Víctor Yuste Jordán, director general del Foro Interalimentario: “El entendimiento y la colaboración en la cadena agroalimentaria ha dado pasos de gigante”

¿Como está afectando la subida del precio de las materias primas al sector agroalimentario?

El sector está muy tensionado, la inflación se situó en mayo en el 8,6% y en alimentación en el 11% por los elevados costes de la materia prima, la energía, los combustibles, la logística... Todo se ha encarecido y con la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria se debe repercutir a los distintos eslabones y el último y más importante, el consumidor, está sufriendo. Nos preocupa mucho el incremento de la cesta de la compra, su impacto en el consumidor, en la economía doméstica. Pero si algo debe quedar muy claro es que el sector agroalimentario no es el culpable ni el responsable de esta escalada de precios, ni de sus posibles consecuencias. El sector está trabajando con unos márgenes muy estrechos y limitando lo máximo posible esas subidas. Hemos sido un dique de contención que, durante muchos meses, ha estado por debajo del IPC General.

¿Serían necesarias rebajas fiscales o del IVA aunque sean temporales?

El sector lo que reclama es que sea considerado verdaderamente esencial y se regulen en España los sectores esenciales para combatir mejor próximas crisis. Estamos viviendo una subida generalizada de precios y como consecuencia se debe revisar su fiscalidad. Se necesita una rebaja de la carga impositiva, la actual y la que presumiblemente vendrá. La política fiscal, en algunos casos de carácter recaudatorio, que se quiere implantar en el sector agroalimentario es contraproducente. Pedimos una reducción del IVA en los alimentos y en algunos productos de primera necesidad su supresión, aunque sea temporal, pensando en el consumidor, y que no se implementen nuevas medidas fiscales con la excusa de medidas medioambientales, como la del plástico, la tasa a las grandes superficies o a las bebidas azucaradas. En estos momentos, se requiere un sensibilidad social de los Gobiernos central y autonómicos para no gravar más los alimentos.

El sector mostró su carácter estratégico durante la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania, pero parece que en el Gobierno no todos se han dado cuenta...

El sector agroalimentario ha superado la tormenta perfecta y se encuentra ya en una crisis multifactorial. Ha sido capaz de responder a la sociedad con estoicismo y por qué no decirlo con heroísmo, eficiencia y responsabilidad durante el confinamiento. No falló en ningún momento en abastecer alimentos a una población confinada y el comportamiento de todo el sector -insumos, sector primario, industria y distribución- ha sido ejemplar. Posteriormente han venido otras circunstancias, como Filomena, el brutal paro de transportes que tensionó muchísimo la cadena logística y, más recientemente, la crisis provocada por la guerra de Ucrania y ahora la ola inflacionista. Los halagos que se dieron al sector no han sido concretados ni materializados con medidas normativas que ayudarían mucho a futuro. El sector no está en estos momentos para afrontar un incremento de los costes regulatorios y normativos.

Pedro Sánchez ha anunciado 800 millones más a los 1.000 millones del Perte Agroalimentario. ¿Acierta al rectificar?

Agradecemos la subida, pero destinar 1.800 millones a un sector que supone el 11% del PIB, que es hoy uno de los primeros y más estratégicos del país, motor de creación de riqueza y generación de empleo se me antoja escaso, más teniendo en cuenta que en su reparto algunas partidas ya están comprometidas en grandes proyectos como los regadíos. Los fondos en principio iban para el tejido productivo, los sectores tractores, y no hay ninguno mejor que el agroalimentario, aparte de la gran misión que tiene en la producción de alimentos, que se producen gracias al esfuerzo de toda la cadena, que es muy compleja pero eficiente, profesional y sofisticada. Es justo poner en valor el gran potencial exportador de nuestro sector y la excelente imagen que tienen los “Alimentos de España” en el exterior. En esto podemos afirmar con orgullo que somos “el país más rico del mundo”..

Está habiendo críticas por el retraso y la desinformación. ¿Las comparte?

El desconocimiento del sector sobre el destino de los fondos es muy elevado. Hay falta de información y de una ventanilla única donde esté centralizada la gestión. Hay que esperar a ver las bases de todas las convocatorias, pero todo parece indicar que el acceso va a ser complicado no solo por los requisitos sino también por la ausencia de esa ventanilla única.

La última modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria ha echado a andar. ¿Corregirá los desequilibrios en el reparto del valor?

Ése es su objetivo, corregir los desequilibrios y las prácticas comerciales desleales. Se ha dado un paso más en una Ley que permitió pasar del trato al contrato. Ahora hemos pasado a la prohibición de la venta a pérdidas, en lo que estamos de acuerdo, pero se han incluido algunos aspectos que pueden generar dificultades en su aplicación. Me refiero a la fijación de los costes de producción porque hay que ver e identificar cuáles son los de cada operador y no los de un subsector. Además se carga la responsabilidad de su cumplimiento al eslabón siguiente cuando éste no conoce esos costes de producción, ni puede conocerlos por ser un secreto comercial. Hay agricultores y ganaderos más eficientes, tecnificados o digitalizados que otros. El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) debería fijar reglas claras de cómo puede el eslabón siguiente cumplir la obligación, y acreditarlo, de pagar los costes de producción. Considero que no es lo más adecuado basarse en índices generales referenciados a observatorios que no individualizan al productor/operador. Es un problema que tendrá que ir resolviéndose porque genera mucha inseguridad jurídica y seguramente contenciosos judiciales.

Pero todavía se miran con recelo...

El entendimiento y la colaboración entre los distintos eslabones han dado pasos de gigante. Aun así siempre va a haber sus tensiones, que son lógicas y normales en una relación comercial.

La PAC afronta una revolución verde muy criticada por el sector. ¿Es posible conjugar sostenibilidad económica y medioambiental?

La sostenibilidad hay que entenderla en un triple aspecto: la económica, la social y la medioambiental. Hay que partir que sin la primera es inviable obtener las otras dos. Por tanto, el primer punto de partida es garantizar la sostenibilidad económica para todos los eslabones de la cadena, comenzando por el primario que es el más débil. El sector primario en su conjunto está firmemente convencido de la lucha contra el cambio climático, sabiendo además que cumple con un deber fundamental como es la de abastecer de alimentos sanos, seguros, de calidad y al mejor precio posible. Estamos inmersos en una revolución verde, donde los aspectos medioambientales del Green Deal afectan a todas las políticas, a la agraria a través de las estrategias De la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030, pero hay que establecer prioridades y ahora la primera debería ser garantizar la producción de alimentos...En la nueva PAC se establecen medidas ambiciosas y algunas deben hacerse de manera más pausada, progresiva, con un periodo de adaptación porque el sector primario no se puede adaptar de la noche a la mañana y se puede perjudicar el incremento de la producción. Según la FAO en el año 2050 seremos 10.000 millones de habitantes frente a los 7.500 actuales. Eso supone que habrá que incrementar la producción de alimentos entre un 60% y un 70%. La tierra es la que es, no tenemos más. ¿Se puede producir más con menos? Sí, con una agricultura de precisión, mejorando con innovación y digitalización los cultivos y las explotaciones, yendo sin complejos de la mano de la Ciencia y con criterios científicos agrociencia, pero lo que no se puede hacer es poner puertas al campo y acotar el margen de actuación de nuestro sector primario con un inadecuado marco regulatorio-normativo que puede limitar su competitividad y rentabilidad . Pasa, por ejemplo, con el tamaño de las granjas, a las que se quiere imponer una serie de condicionantes para su instalación y funcionamiento que reduce el número de cabezas con unos requisitos complicados de cumplir. Es decir, incrementamos la presión normativa, la carga burocrática y con ello los costes de producción. Lo verde hay que ponerlo, pero hay que saber dónde ponerlo y no solo con medidas regulatorias e imposiciones aunque el fin sea loable.

¿Sería recomendable flexibilizar los plazos?

Totalmente y sobre todo hay que conocer la realidad del sector primario. No se debe legislar solo desde los despachos. Hay que identificar sus necesidades, hablar con el sector y ver cómo podemos conjuntamente implementar las políticas medioambientales, recordando, y esto es importante, que el sector primario también es sumidero de CO2. Emite sí, pero por una necesidad imperiosa para que no nos falten los alimentos. Agricultores y ganaderos, pescadores, industria y distribución están haciendo grandes esfuerzos, y los vemos todos los días, con soluciones de ahorro energético y reducción de gases contaminantes tanto en granjas como en fábricas, tiendas y bloques logísticos. No se puede criminalizar a la cadena agroalimentaria y culparla de ser los responsables de la emisión en altas tasas porque es injusto y falso. Además, se ha dado por hecho que la producción y el abastecimiento de alimentos estaba garantizado, pero con todo lo sucedido hemos sido conscientes de nuestras limitaciones. Hemos de reconsiderar nuestra estrategia alimentaria y si queremos ganar soberanía, autonomía alimentaria, en esencia reforzar la seguridad alimentaria en España, tendremos que alinear como país la política alimentaria con la política agraria.

A la industria también se le va a exigir reducir el plástico. Algunos hablan de que se pueden perder 2.400 empresas...

Defendemos el reto de la eliminación de los plásticos, pero hay que dar pasos de forma paulatina. Se han hecho muchas inversiones que no se van a amortizar y eso es caer también en inseguridad jurídica y comercial. Hay que dar tiempo a la investigación, es decir buscar materiales sustitutivos a los plásticos. Se están haciendo grandes inversiones en I+D+i en este campo. En España tenemos la costumbre de poner la normativa por delante de la Ciencia y si ésta no ha llegado al punto de garantizar la sustitución total no deberíamos ir más allá. Aun así, pasos se están dando, como la eliminación por parte de la distribución de los plásticos de un solo uso, la industria en el packaging y en el sector primario con la recogida de materiales plásticos, más toda la economía circular que a través del reciclaje se está haciendo en toda la cadena. El plástico es una lacra muchas veces también por la falta de responsabilidad y civismo de los consumidores.

Otra de las normativas en la nueva ley de desperdicio alimentario. ¿Cómo la valora?

Es una ley deseada ya que el desperdicio alimentario no solo supone una pérdida irreparable de alimentos sino también una pérdida económica y ética que la sociedad ni debe ni puede permitirse. Esta ley establece algunos requisitos para los operadores y para la restauración que habrá que ir modelando para que el sector se vaya adaptando, como el deber de todas las empresas de tener un plan de gestión del despilfarro. Las grandes empresas ya lo están haciendo vía RSC pero las pymes tendrán más dificultades y se enfrentan a importantes sanciones. Hay que recordar que donde más despilfarro se produce es en los hogares, de ahí la necesidad de concienciar más y mejor al consumidor.