Las empresas de sanidad vegetal, motores de una agricultura sostenible
Reducir el impacto medioambiental de la actividad económica ha entrado de lleno en la agenda de la comunidad internacional. El Cambio Climático amenaza al Planeta y la necesidad de minorar las emisiones contaminantes y aumentar la protección de la biodiversidad se han convertido en una exigencia de una sociedad cada vez más sensible con la sostenibilidad.
El compromiso social de la agricultura en cuanto garantizadora de la producción de alimentos lleva implícito un papel especialmente activo en el reto medioambiental que va a dirigir la política global en los próximos años. Garantizar el abastecimiento solo será posible si el sector ayuda de forma inequívoca a reducir su impacto en la naturaleza. No únicamente por un exigencia social y ética, sino porque el calentamiento del Planeta es la mayor amenaza para su supervivencia. El informe recientemente publicado por la organización agraria COAG arroja datos preocupantes. Solo en nuestro país, el aumento de las temperaturas causa ya pérdidas de 500 millones de euros al año a los productores.
La transición verde solo será posible con la anuencia de quienes han sido las principales aliadas de los agricultores: las empresas de sanidad vegetal. Su experiencia y vocación investigadora, su potencial económico y humano para la innovación tecnológica y su proximidad a los productores las convierten en uno de los agentes imprescindibles para el cambio. Sin ellos, la obligada travesía hacia la sostenibilidad en la producción de alimentos no será más que un dechado de buenas intenciones.
La transición verde ha comenzado impulsada por estas compañías. El desarrollo de productos con menos impacto, el impulso a la digitalización de los agricultores para reducir el consumo de fitosanitarios, fertilizantes o agua, la puesta en marcha de iniciativas como la captación de CO2 o de márgenes multifuncionales para aumentar la biodiversidad son solo algunos de los ejemplos de su convencimiento por liderar el cambio hasta el punto de que muchas de sus propuestas han sido luego asumidas por las autoridades políticas.
Ese papel vertebrador del nuevo enfoque de la actividad agraria, en el que la sostenibilidad medioambiental se equipara a la necesaria productividad que exige la rentabilidad económica de los agricultores, obliga a las administraciones públicas a contar con el sector de la sanidad vegetal. No solo favoreciendo la innovación, siempre bajo criterios científicos que garanticen la salud de los ciudadanos, sino también a la hora de establecer plazos y requisitos que permitan que los objetivos se conviertan en realidad.