El potencial económico de las cooperativas en el medio rural
La actividad agroalimentaria de nuestro país no puede entenderse sin las numerosas cooperativas que articulan la economía de nuestras zonas rurales. Su papel es fundamental para agricultores y ganaderos. Junto al asesoramiento técnico que prestan, comercializan sus producciones para tener mayor capacidad de negociación o las transforman para dotarlas de mayor valor añadido. A eso hay que añadir su capacidad para proveerles a mejores precios de los insumos necesarios (fertilizantes, fitosanitarios o gasóleo) para que puedan producir.
Aunque todavía muy lejos de adquirir el dimensionamiento de otros países de la UE, hay claros ejemplos del potencial económico que aportan a sus territorios hasta el punto de situarse en el Top 5 en facturación en sus provincias, una situación que se produce en una veintena de casos. En cuatro de ellos, incluso, llegan a ser líderes en volumen de negocio, como es el caso de Coren (Málaga), Dcoop (Orense), Copiso (Soria) y Cobadu (Zamora).
El éxito de esta veintena de cooperativas, extensible a otras muchas que desplegan su actividad por todo el país, se ha basado en una apuesta clara por el dimensionamiento, la profesionalización, la internacionalización y la innovación tecnológica, recetas que las han convertido en auténticos gigantes agroalimentarios.
Las cooperativas son la mejor garantía para estructurar al sector agroganadero de nuestro país, esencial para nuestra economía y para el mantenimiento del mundo rural. Por ello es necesario que las administraciones mantengan una especial sensibilización para potenciarlas.
Pese a los avances que introdujo la Ley de Integración Cooperativa, el dimensionamiento del sector sigue siendo su gran asignatura pendiente. Todavía existen en nuestro país 3.669 cooperativas agroalimentarias, la mayoría de ellas pequeñas y con escasa capacidad para cumplir la que es su principal función: mejorar la rentabilidad de sus socios.
Es urgente, por tanto, dar una vuelta de tuerca a la normativa sobre estas compañías de economía social e impulsar su unión y su modernización para que agricultores y ganaderos puedan hacer aprovechar las nuevas tecnologías y la digitalización y hacer frente con garantías a las enormes exigencias productivas y medioambientales que vienen de Europa. El ejemplo que ofrecen esas veinte compañías que se han convertido en el motor económico de sus provincias es la mejor prueba de que es un modelo de éxito que debe extenderse si queremos garantizar el relevo generacional.