La sequía evidencia la necesidad de más infraestructuras para el agua

La sequía que sufre nuestro país vuelve a poner en evidencia la necesidad urgente de apostar por nuevos proyectos de regulación y almacenamiento de agua que permitan asegurar el abastecimiento para el consumo humano, la producción de alimentos y a la vez reduzcan los riesgos para la población que comportan fenómenos climatológicos como inundaciones y avenidas por episodios de lluvias torrenciales.

Según la FAO, el Cambio Climático supondrá una disminución de las precipitaciones y en consecuencia de las aportaciones de recursos hídricos a los cursos de agua, embalses y acuíferos. El diagnóstico es lo suficientemente preocupante como para que seamos capaces de establecer un tratamiento capaz de dar una respuesta acorde. Hacer frente a la sequía, un fenómeno recurrente y cada vez más grave, no puede basarse únicamente en políticas de reducción del consumo, tan quiméricas como demagógicas, sino que deben acompañarse de medidas para el mejor aprovechamiento de un recurso cada vez más escaso y de mayor eficiencia en su uso.

Y eso pasa por la puesta en marcha de una política global y consensuada de nuevas infraestructuras de almacenamiento y distribución -como embalses y trasvases-, y continuar con la modernización del regadío en nuestro país, uno de los que más ha mejorado en el mudo.

España es una potencia agroalimentaria en la UE y a nivel global gracias, en buena medida, a la contribución del regadío. Estos cultivos, a pesar de ocupar solo el 22,5% de las tierras, contribuye con el 64% de la Producción Final Agrícola. El papel del regadío español juega también un papel fundamental en la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de nuestro país.

Criminalizar el regadío, cortando sus opciones de futuro, como se pretende hacer desde algunas opciones de izquierda radical que parecen compartir ciertos sectores del Gobierno, no solucionará los problemas de carestía del agua, sino que añadirá otros no menos amenazantes como la pérdida del potencial socioeconómico de una buena parte de nuestro país.

Es obligado y urgente por tanto que las fuerzas políticas se pongan a diseñar una política hidráulica que permita combatir las amenazas con responsabilidad y altura de miras. Y eso pasa por acabar con los enfrentamientos entre comunidades por el uso del agua, apostar por nuevas infraestructuras que aumenten el volumen embalsado y mejoren la eficiencia desterrando intereses políticos o clichés ideológicos sin base científica.