Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: “El Plan Estratégico no acabará con los agravios territoriales en las ayudas de la PAC”

Joaquín Olona está al frente de la política agraria de Aragón desde 2015 y siempre se ha mostrado especialmente combativo a la hora de acabar con los derechos históricos de la PAC. Una reivindicación que tampoco verá materializarse en el Plan Estratégico Nacional que el Ministerio de Agricultura ha enviado a Bruselas.

Mostró sus diferencias en las negociaciones del Plan Estratégico Nacional que establece la aplicación de la PAC en España. ¿Han presentado alegaciones?

Reconociendo el trabajo del Ministerio y su esfuerzo para integrar las importantes divergencias entre las comunidades autónomas y valorando que el enfoque adoptado tiene efectos redistributivos en la línea planteada, desde Aragón consideramos que la redistribución se verá limitada por el mantenimiento de los derechos individuales, la ralentización del proceso de convergencia, la insuficiente reducción del número de regiones agronómicas y el insuficiente aumento atribuido en los pagos por hectárea en las zonas menos productivas, así como a la ayuda asociada al ovino extensivo como sector especialmente crítico, la poco exigente definición de agricultor activo como beneficiario de los pagos directos y la insuficiente preferencia por los agricultores profesionales con mayores dificultades de renta en la aplicación de la ayuda redistributiva a la renta. Todo ello es lo que me llevó a expresar en la Conferencia Sectorial de 22 de octubre de 2021 mi desacuerdo con el enfoque político finalmente adoptado por considerar que se traduce en una aplicación insuficiente de la reforma en España, sobre todo, en relación con el modelo familiar y profesional. Dicho todo esto, y dando por hecho que la línea política ha quedado ya fijada, toca ahora contribuir a la mejor aplicación posible de la nueva PAC en España y, particularmente, en Aragón. En este sentido, vamos a seguir trabajando activamente, lo que incluye formular las correspondientes alegaciones en defensa de los intereses de la comunidad autónoma.

¿Ve factible conseguir que tengan en cuenta estas alegaciones?

Asumo que ya no existe posibilidad de que se tengan en cuenta mis reivindicaciones fundamentales en el sentido planteado, si bien considero conveniente insistir en que, con el enfoque adoptado, difícilmente podrá avanzarse de manera eficaz en la reducción de la brecha de renta que sufren los agricultores profesionales en sus explotaciones familiares, en la eliminación de los agravios territoriales, sectoriales y territoriales que se derivan del sistema de derechos históricos o los problemas que genera el apoyo a la ganadería en función de los pagos por hectárea.

¿Cree que ha perdido la batalla en la petición de la eliminación de los derechos históricos de la PAC?

Es evidente que no he logrado mi propósito de eliminación de los derechos históricos, si bien espero que haya quedado la semilla para lograrlo en la próxima reforma.

Hay varias comunidades autónomas que se quejan de los ecoesquemas. ¿Qué opina de ellos?

Sin cuestionar la necesidad de mejorar la integración ambiental de la agricultura, ni de alinear la PAC con los objetivos ambientales y climáticos, los ecoesquemas detraen el 23% del apoyo directo a la renta, que sigo pensando que es y debe ser el objetivo esencial de la PAC en la medida que los agricultores sufren una grave brecha de renta. Los ecoesquemas tienen una finalidad esencialmente ambiental con el propósito de compensar los posibles sobrecostes asociados por lo que va a ser todo un reto compatibilizar este hecho con la mejora del apoyo a la renta. Es preciso reconocer el esfuerzo realizado por el Ministerio para facilitar el acceso a esta herramienta y, sobre todo, valorar que se hayan desvinculado totalmente del sistema de derechos individuales y de referencias históricas. No obstante, no oculto mi preocupación por las dificultades para su implementación y desarrollo derivadas de la insuficiente apuesta por la profesionalidad defendida desde Aragón.

En la Unión Europa se pone el foco en una agricultura y ganadería más sostenible. ¿Qué opina de su estrategia medioambiental? ¿Cómo pueden afectar a Aragón?

Las estrategias ambientales de la UE adolecen de un grave problema: la inexistencia de un presupuesto propiamente dicho. Esta circunstancia viene condicionando de manera anómala la aplicación de la PAC que, sin cuestionar que debe ser coherente con los objetivos ambientales, debe centrarse en los objetivos que expresamente señala el Tratado de Funcionamiento de la UE, sobre todo el de equiparación de la renta de los agricultores, que sigue siendo la promesa incumplida de la PAC. Esto perjudica gravemente al modelo familiar y profesional, lo mismo en Aragón que en el resto de España y Unión Europea.

Nuevo año y nuevo presupuesto. ¿En qué líneas estratégicas se va a centrar su departamento?

Las líneas estratégicas, prioridades y acciones del presupuesto aprobado para 2022 se centran lógicamente en el trabajo emprendido en el inicio de la pasada legislatura impulsando el regadío, la modernización y rejuvenecimiento de las explotaciones, la industrialización y comercialización de las producciones agrícolas y ganaderas, el impulso de la calidad agroalimentaria diferenciada a través de las distintas figuras que la integran como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y la agricultura ecológica o C’Alial, que es la marca de calidad del Gobierno de Aragón. También la promoción comercial de los productos agroalimentarios aragoneses redoblando la apuesta en torno al lema “Aragón, Alimentos Nobles”, así como el de “Aragón, de granero a despensa” que expresa la voluntad del Gobierno aragonés de mejorar de manera significativa la generación de valor añadido agroalimentario vinculándolo directamente al territorio. Y además la mejora ambiental del sistema agroalimentario en base al reto de reducción en un 40% de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero al que dicho sistema está en condiciones especialmente favorables de contribuir. Todo ello con el propósito fundamental de que, directa e indirectamente, contribuya a mejorar la renta de los agricultores como condición determinante en relación con el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.

¿Se seguirá apoyando en este ejercicio la incorporación de jóvenes a la actividad agraria? ¿Qué líneas tiene previstas su departamento?

La incorporación de jóvenes y de mujeres, junto con la modernización de explotaciones, va a seguir siendo una importante prioridad, que queda avalada por el hecho de que, con fecha 30 de diciembre, hemos convocado 35 millones de euros que, sumados a las otras seis convocatorias realizadas desde 2016, hacen que ya hayamos destinado 165 millones de euros al objetivo del rejuvenecimiento y modernización de las explotaciones agrarias. Este apoyo público ha permitido incorporar durante el período 2016-2021 a un total de 1.856 jóvenes, cifra que superará los 2.000 cuando se resuelva la reciente convocatoria.

Los productores están sufriendo una escalada al alza y continuada de los precios en prácticamente todos los ‘inputs’, pero no suben los precios de sus producciones. ¿Qué puede hacerse desde la Administración?

La escalada de costes productivos, en algunos casos, es consecuencia de la subida de los propios precios agrícolas como ocurre con los cereales, que repercute desfavorablemente sobre la ganadería. Desde la política, pero también y sobre todo desde el propio sector profesional, considero que se debería apostar con mucha más determinación por el apoyo directo a las rentas ante las evidentes limitaciones que tienen las políticas de precios y mercados en nuestro contexto jurídico e institucional. Creo que todos, incluido sobre todo el sector y sus representantes, deberíamos ser mucho más conscientes de que la PAC es, fundamentalmente, una política de rentas y no de precios y mercados, actuando en consecuencia.

El sector agroganadero también recibe críticas sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad y respeto al medioambiente. ¿Le parecen justas?

Las críticas que recibe el sector agrario desde el punto de vista de la sostenibilidad y del respeto al medio ambiente no siempre están justificadas, lo que no impide reconocer la necesidad de mejorar su integración ambiental y reducir su impacto ambiental, sobre todo, en términos de contaminación y emisiones difusas. Las actividades agrarias pueden y deben contribuir a la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, aportando un enorme potencial y capacidad para alcanzar la neutralidad climática y favorecer los ecosistemas naturales que, en nuestro contexto geográfico y por lo general, muestran profundas interdependencias con las actividades agrarias y el mundo rural. La creciente brecha rural-urbana hace que, desde los dos ámbitos, el rural y el urbano, deban hacerse esfuerzos para evitar la idealización alejada de la realidad en la que en ocasiones se cae cuando se mira el campo desde la ciudad, así como para facilitar la adaptación del mundo agrario y rural a los cambios sociales y culturales que lidera el mundo urbano.

En estas críticas, muchos productores aseguran sentirse solos y no defendidos lo suficiente por la Administración. ¿Qué puede hacerse?

Es cierto que algunos productores manifiestan sentirse perjudicados o, incluso, desprotegidos e indefensos ante las exigencias ambientales que, cuando son consecuencia de la aplicación de las leyes y normas, es preciso mejorar la pedagogía que les haga comprender que las Administraciones no pueden ni deben hacer otra cosa que garantizar su cumplimiento. Otra cosa distinta son las exigencias que se derivan a la aplicación de criterios...Hay que aprender algunas lecciones.

En política hidráulica, ¿qué plantea en las alegaciones al Plan Hidrológico Nacional?

Se han presentado alegaciones al Plan Hidrológico Nacional destacando la necesidad de que se tenga en cuenta expresamente la reserva de 6.550 Hm3 que establece el Estatuto de Autonomía de Aragón, reconocida de hecho por la Ley del Plan Hidrológica Nacional vigente. Entendiendo que este plan debe ser coherente con su horizonte de aplicación (2027) y los recursos presupuestarios disponibles o que se amplíe el alcance de la creación y modernización de regadíos contemplada en el plan en coherencia con las previsiones, obligaciones y compromisos existentes en la comunidad autónoma a corto y medio plazo. Todo ello entre otras cuestiones que se recogen en las alegaciones formuladas en tiempo y forma.

¿Se impulsará también la modernización de regadíos?

La modernización, así como la creación de regadíos va a seguir siendo una prioridad en Aragón. Destacar al respecto que, desde 2016, el Gobierno de Aragón ha comprometido 212 millones de euros en subvenciones destinadas a la modernización y creación de 46.000 hectáreas beneficiando a más de 7.000 regantes, que están movilizando una inversión total que supera los 400 millones de euros. A ello se suma el apoyo del Ministerio de Agricultura, a través de SEIASA, que ya ha realizado un total de 38 actuaciones de modernización con una inversión de 285 millones de euros en 63.659 hectáreas correspondientes a 7.063 regantes. El apoyo a la modernización del regadío se está viendo impulsado por la aplicación de los fondos de Recuperación y Resiliencia destinados a modernizar regadíos sostenibles gestionados por el Ministerio de Agricultura, también a través de SEIASA, sabiendo que Aragón es el destinatario del 10,5% de la inversión total nacional.