Antonio Luengo Zapata, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente de la Región de Murcia: “El recorte del trasvase Tajo-Segura es un revés inaceptable e inasumible para el Levante español”

¿El recorte del trasvase Tajo-Segura aprobado en el Consejo Nacional del Agua es la crónica de una muerte anunciada?

Totalmente. Es una decisión que ya anunció el presidente Sánchez en las elecciones de 2019 cuando afirmó que su objetivo era cerrar los trasvases. Hemos sido testigos en los últimos años de cómo se han ido dando pasos encaminados sobre todo a generar controversias e inquietud entre las Comunidades Autónomas, a las que en ningún momento se nos ha sentado para aportar algún tipo de solución global. El otro día se materializó de una forma un tanto cómica ese cambio de rumbo porque nos presentaron para votación un Plan Hidrológico del Tajo que contemplaba una disposición adicional para condicionar el incremento de los caudales ecológicos en 2026 y 2027 a un plan de seguimiento de las masas de agua de la cuenca cedente y el secretario de Estado afirmaba que no se iba a condicionar nada, sino que se iba materializar. Eso hizo que cambiara el sentido del voto de Castilla-La Mancha sin que sepamos todavía qué va a ser lo que van a enviar al Consejo de Estado.

Para situar al lector, ¿cuál es la magnitud del recorte?

El Plan recoge que es necesario aumentar el caudal ecológico del Tajo, es decir el volumen de agua que tiene que circular, en ciertos tramos para garantizar la salubridad del río. Es algo curioso porque está en contra de la Directiva Marco del Agua o de cualquier principio medioambiental porque no se puede incrementar el volumen de agua para diluir la contaminación, sino lo que hay que hacer es actuar en origen y dejar de verter agua contaminada. En este sentido hemos insistido durante mucho tiempo en la necesidad de mejorar la calidad de las aguas residuales, en que los municipios ribereños de la zona norte del Tajo dispongan de las estaciones depuradoras para limpiar el agua y reutilizarla, como hacemos en Murcia con más del 99% del agua que nuestros hogares e industrias utilizan. Para que circulen 7 metros cúbicos por segundo, como proponen, a la altura de Aranjuez, va a haber que desembalsar mucha más agua y por tanto no se podrá almacenar y reaprovechar enviándola hacia el Levante. Estamos hablando de apenas un centímetro y medio de aumento del caudal y sin embargo tiene unos perjuicios increíbles porque va a ser más del 20% del volumen que va a dejar de llegar. Y eso lo van a hacer de forma escalonada hasta una reducción del 50% del agua que llega actualmente.

¿Pero hay varias sentencias del Supremo defendiendo los caudales ecológicos?

Esa es la excusa que utilizan. Es cierto que hay sentencias que dicen que tienen que haber caudales ecológicos, pero en ningún sitio dicen cuál tiene que ser y de hecho, actualmente, está situado en seis metros cúbicos por segundo. Y tenemos informes técnicos que determinan que con ese caudal se garantiza la salubridad y la calidad ecológica del río. Lo que hemos denunciado de forma continua es que lo que no se puede hacer es llegar a acuerdos políticos con diferentes comunidades para fijar cuál es el caudal ecológico que tiene que circular, es decir el recorte a negociar, y a partir de ahí buscar la justificación técnica. Es justo al contrario porque es una decisión que tiene que ir avalada por informes científicos y por supuesto con contundencia absoluta de que la decisión que se tome es lo más objetiva posible. Y en este sentido denunciamos la arbitrariedad con la que ha actuado el Gobierno.

¿Qué repercusiones tendrá para el sector en términos económicos y empleo?

El sector agroalimentario en la Región de Murcia supone el 20% del PIB regional y un hachazo de estas características afectara de forma directa a 12.000 hectáreas, con unas pérdidas de forma directa entre 122 y 200 millones al año según diversos estudios efectuados. Tampoco debemos olvidar que el actual trasvase Tajo-Segura riega el 70% de las frutas y hortalizas que se producen en nuestro país, con un valor de 20.000 millones de euros. En cuanto a empleo, estamos hablando de forma directa de entre 5.000 que cuantifican algunos estudios hasta 21.000 de otros. Si tenemos en cuenta también a los sectores asociados como por ejemplo el transporte, y hay que recordar que Murcia dispone de la flota más importante de camiones frigoríficos de España, podríamos estar hablando de que puede afectar a más de 100.000 familias. Y otro dato importante es que riega a 55 millones de árboles, que tiene un impacto medioambiental muy positivo en cuanto a la absorción de CO2 que, para que se haga una idea, es el equivalente a la emisión que produce una ciudad de 300.000 personas. Son datos muy relevantes que representan un revés inaceptable e inasumible para todo el Levante español.

¿Qué medidas pondrá en marcha el Gobierno murciano para revertirlo?

En primer lugar, nos vamos a poner en contacto con el Consejo de Estado para personarnos en el expediente y formular, una vez más, las motivaciones técnicas que se han argumentado por parte de los expertos, que advierten de que es un atropello que no está justificado científicamente y que lo que hay que hacer es invertir en depuración para mejorar la calidad de las aguas e invertir en modernización de regadíos en la cuenca del Tajo para reducir los consumos. Pediremos que estas motivaciones se tengan en cuenta en su informe, que es el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros y ahí volveremos a utilizar todas las herramientas jurídicas para recurrir una decisión que hará que en 2027 se vaya a reducir en más de 105 hectómetros cúbicos el agua que llegará. Un año bueno el volumen que llega está en torno a 200 hectómetros cúbicos para regadío y 100 para consumo humano y el que puede llegar a la desembocadura del Tajo, en este caso en Portugal, puede estar en torno a los 7.000 hectómetros cúbicos. Estamos hablando de un volumen mínimo, pero muy necesario para una zona, el Levante, en el que hay un déficit estructural hídrico y que provocaría un deterioro importante en el desarrollo económico, social y medioambiental de nuestra región.

A nivel político hay unidad con Andalucía. ¿Qué le parece la posición del presidente valenciano?

Han sido muchas las ocasiones en las que nuestro presidente ha intentado trasladar a Ximo Puig la importancia de que aquí no debe haber ningún tipo de enfrentamiento político, sino que se trata de ser lo suficientemente maduros como para no poner en juego lo que durante tantos años se ha entendido que es el sistema que vertebra el desarrollo social, económico y medioambiental del Levante español. Lamentamos la falta de implicación del presidente valenciano, que tenía que defender con ímpetu y el máximo rigor posible que no se tome ninguna decisión política que vaya en contra de los criterios técnicos y menos si perjudica a su Comunidad Autónoma.

¿Qué posición ha tenido en todo este largo conflicto el ministro de Agricultura?

Cada vez que he tenido ocasión he pedido la implicación del ministro de Agricultura porque lo que no es normal es que no se pronuncie sobre algo que va a condicionar la producción de alimentos, que es uno de los pilares que debe defender el Ministerio. Y sin embargo no he obtenido nunca públicamente ese apoyo férreo al trasvase, y por supuesto tampoco me consta que se lo haya trasladado a su compañera y vicepresidente tercera.

Desde el Ministerio se dice que la solución es el agua desalada. ¿Es viable técnica y económicamente?

Actualmente no. En primer lugar, porque el agua desalada tiene un coste inasumible para nuestros regantes y también para nosotros como consumidores. De hecho, hay una subvención importante que propone el ministerio, pero no se puede condicionar el suministro de agua a las ayudas. El precio de agua del trasvase es de 0,20 euros el metro cúbico y en torno a 1,20 el desalada. No podemos olvidar tampoco la calidad del agua, que es aprovechable cuando se mezcla con otras aguas, en este caso las del trasvase. Hoy es una alternativa complementaria, pero desde ningún concepto se puede entender como la solución definitiva al problema.

La agricultura de Murcia es una de las más competitivas del mundo ¿Cómo lo han hecho?

El secreto está en la capacidad de superación que han desarrollado los agricultores de nuestra región ante un problema de déficit hídrico que es estructural. También en que son conscientes de dar al consumidor lo que necesita y hacerlo en un tiempo récord. Esa capacidad de resiliencia y de adaptación es su principal fortaleza. Y eso viene ligado a la investigación. En la Región de Murcia tenemos más de 90 centros de investigación, que han permitido suministrar productos con rapidez y garantizando que son totalmente saludables y que se producen de forma respetuosa con el medio ambiente.

¿La actividad agraria es la principal culpable del estado del Mar Menor?

En absoluto. Aquí los expertos han hecho hace años un diagnóstico en el que se indican las principales presiones del Mar Menor: la minería, el urbanismo, la adaptación de las playas que se hizo en su momento y de puertos deportivos y también la agricultura y la ganadería. Lo que si ha demostrado la agricultura es que ha sido la principal actividad que ha formado parte de las soluciones al problema. Han hecho una reconversión digna de ser reconocida, con una inversión importantísima para adaptarse a las normativas que hay, y estamos hablando de que es de las más exigentes a nivel mundial, y han demostrado que lo que quieren es seguir cultivando garantizando que no haya ningún tipo de afección al acuífero o al medio ambiente. Y lo más importante que lo están midiendo y lo están demostrando.

Entramos en una nueva PAC. ¿Es buena para Murcia?

La acogemos con una preocupación importante por varios motivos. El primero es que no se ha tenido en cuenta en el Plan Estratégico Nacional las debilidades que tienen nuestros agricultores de secano, fundamentalmente los de frutos secos, en los que se va a generar un perjuicio importante. Hay otro sector que sale muy perjudicado, la ganadería sin tierra asociada. En tercer lugar, lo que nos preocupa es esa gran cantidad de exigencias con los ecorregímenes en un momento en el que está en duda la viabilidad económica de muchas explotaciones porque no podemos olvidar el precio de la energía, de los hidrocarburos, de los fertilizantes, de todas las materias primas. Por eso hemos pedido de forma recurrente flexibilidad para poner en marcha esas medidas y que no se pierda el concepto básico por el que se puso en marcha la PAC, que es garantizar la soberanía alimentaria. No perdamos esa concepción y hagamos que se convierta precisamente en una herramienta que ahogue a nuestros agricultores y ganaderos.

Uno de los problemas del sector citrícola murciano es la competencia desleal desde terceros países. ¿Qué pide Bruselas?

Para nosotros es fundamental. No solo para el cítrico, sino para otros productos. No es normal que veamos que reaparecen plagas que estaban erradicadas desde hace décadas y que han entrado a través del material vegetal porque no se han llevado a cabo las correspondientes inspecciones en los puntos de control fronterizos y que se propaguen porque no hay materias activas para combatirlos. Pedimos más inspecciones en los puntos de control, que se homogenicen, y por supuesto en el caso de los cítricos pedíamos una declaración de producto sensible para que se articularan los mecanismos arancelarios necesarios que protegieran nuestros productos. Lo hemos visto con la almendra.