Socimis, un regimen fiscal que puede impulsar al sector agrario
La pandemia del coronavirus y, más recientemente, la guerra por la invasión de Ucrania ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia que el sector agroalimentario tiene para la sociedad. Un carácter estratégico que a menudo olvidamos y que solo volvemos a poner en valor en situaciones de crisis extremas como las que, desgraciadamente, vivimos desde hace dos años.
España puede presumir con orgullo de ser una potencia agroalimentaria en Europa y en el mundo, pero no por ello debemos olvidar la importancia de afrontar los problemas estructurales de la que sin duda es su base, la producción primaria. Uno de ellos es la excesiva atomización de las explotaciones agrícolas, que impide el necesario dimensionamiento para avanzar en rentabilidad y competitividad, garantías para asegurar la continuidad y, a la vez, afrontar otro de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país: la lucha contra la despoblación en la denominada España vaciada.
La Ley 11/2009 introdujo un régimen fiscal favorable para revitalizar el sector inmobiliario a través de las Socimis. Ha sido una historia de éxito que ha permitido en los últimos 10 años canalizar 23.000 millones de euros de inversión a este tipo de activos y que se presenta como una oportunidad para favorecer un cambio del modelo productivo en la agricultura, como ha ocurrido en el sector hotelero o en el de centros comerciales.
Las socimis son sociedades anónimas cotizadas cuya actividad principal es la adquisición, promoción y rehabilitación de activos de naturaleza urbana para su arrendamiento. Su principal ventaja es que permite separar la propiedad de la gestión especializada, algo que en el sector agrario se traduciría en que los productores no tengan que destinar su inversión a la gravosa compra de tierras, sino a las transformaciones tecnológicas necesarias para ganar en rentabilidad y sostenibilidad.
La propuesta lanzada por Armanext, uno de los principales operadores en el mundo de las Socimis, simplemente supondría la modificación a través de un decreto de la Ley 11/2009 para incluir los activos agrarios, medida que correspondería impulsar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al de Hacienda.
Ambos departamentos no deben dejar pasar la oportunidad de apoyar la agricultura profesional con una medida que ya se está aplicando en otros países y que permitirá canalizar hacia la España interior parte de las cuantiosas inversiones que hoy concentran las grandes ciudades.