Paso adelante contra la venta a pérdidas: ¿será el definitivo?
El Congreso ha incluido una reivindicacióon histórica del sector en la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. Las organizaciones agrarias piden que ahora se haga cumplir.
La reforma supone la transposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales y como principal novedad extiende la prohibición de la venta a pérdidas a todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final. Así, se obliga a cada operador a pagar un precio igual o superior al coste de producción e impide la venta final a un precio inferior al precio real de adquisición.
Hasta ahora, la prohibición de la venta a pérdidas estaba recogida en el 14.1 de la Ley del Comercio Minorista y se circunscribía a los términos de competencia desleal. Así, el veto se limitaba a cuando se induzca a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento; cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno o cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor del mercado, o cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación, o sobre la existencia de una ventaja específica con respecto al mismo, que induzca o pueda inducir a error al consumidor medio y le haya hecho tomar la decisión de realizar una compra que, de otro modo, no hubiera realizado.
Otras enmiendas aprobadas pasan por incluir al llamado canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) en el ámbito de aplicación de la ley, incluyendo a centros de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros, y a partir de 50 millones en el caso de los servicios de alojamientos. Para las grandes empresas estas nuevas obligaciones no serán de aplicación hasta el 1 de enero de 2023.
Otro de los cambios acaba con la cláusula que obliga a expresar el reconocimiento de costes en los contratos, que en situaciones de debilidad provocaba la indefensión del eslabón más débil, al no poder denunciar incumplimientos por haber sido forzado a asegurar que sus costes estaban cubiertos. También se acaba con la presunción de responsabilidad de los compradores a la hora asumir los costes efectivos en una operación.
Además se ha incluido una enmienda para facultar al Observatorio de la Cadena Alimentaria a elaborar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción. Asimismo, se recogen determinadas garantías para la persona que denuncie incumplimientos, garantizando la confidencialidad del denunciante.
La modificación incluye aquí aspectos que reclamaban las organizaciones agrarias. “Hasta ahora tú tenías que iniciar un proceso contra tu comprador, algo muy difícil cuando es el que te tiene que adquirir tu producción”, indica José Ramón Díaz, de Asaja, que asegura que ahora se facilita un procedimiento más ágil para la AICA y las Comunidades Autónomas.
De esta manera, asociaciones y organizaciones representativas de operadores serán titulares legítimos colectivos para poder denunciar a proveedores reacios a ir contra sus clientes, y también se habilita a la autoridad competente a establecer medidas cautelares si detecta indicios claros de vulneración de alguno de los preceptos regulados en la ley.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado “muy positivamente” la aprobación de la reforma de la Ley. “Defendemos que nuestros agricultores y ganaderos tengan una retribución digna por su trabajo”, aseguró tras su aprobación.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, también ha calificado de “positiva” la aprobación de la reforma de la ley, aunque ha advertido de que “quedan muchas cosas por hacer”, por lo que considera que es “necesario” que haya “mecanismos” para hacerla cumplir.
De la misma opinión es el secretario general de COAG, Miguel Blanco, que pide “ reforzar” la competencia de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el Observatorio de la Cadena para que sirvan de referencia en los contratos.
Una buena Ley
“Se tiene que reconocer el esfuerzo de las organizaciones agrarias para conseguir esta aprobación. Tenemos una buena ley, pero ahora hay que lograr que se cumpla, porque no se está cumpliendo ni en los contratos ni en la parte de los precios”, advirtió Blanco.
Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, se congratula por la aprobación de una ley que reivindicaron con las movilizaciones de 2020 donde exigían precios justos para los agricultores y ganaderos.