Un ataque injustificado a la ganadería española
Pocas veces unas declaraciones habían provocado una reacción tan airada como la que las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, desaconsejando el consumo de carne ha generado en el sector ganadero de nuestro país. Acribillados durante los últimos años por los ataques de movimientos animalistas y ecologistas, el hecho de que el lance provenga del Gobierno que se supone les debe defender, ha generado una comprensible mezcla de estupor e indignación.
No es la primera vez que el titular del Consumo arremete contra el sector agroganadero. Su campaña, sufragada con fondos públicos, en la que comparaba el consumo del azúcar con el del tabaco, todavía genera un profundo amargor en el campo español. Ahora le ha tocado el turno a la ganadería, aún pendiente de metabolizar la caída de ventas por el cierre de la hostelería, uno de sus principales canales de comercialización, a causa de la pandemia.
El sector ganadero cárnico ocupa el primer lugar de la industria española de alimentos y bebidas, representando una cifra de negocio de más de 26.000 millones de euros, el 22,1% de todo el sector alimentario español. Ganaderías, mataderos, salas de despiece e industrias de elaborados, conforman un tejido constituido por cerca de 3.000 empresas, distribuidas por toda la geografía española, especialmente en zonas rurales que aportan más de 2,5 millones de empleos y casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial de España.
Su peso económico es evidente, pero no menos importante es su papel en la denominada España vaciada, donde la actividad ganadera sujeta población gracias a la generación de actividad y riqueza. Y desde el punto de vista medioambiental, es innegable su contribución al mantenimiento del medio natural y a la prevención de incendios. Aun así, el sector primario ha hecho y hace importantes esfuerzos por ajustarse a los exigentes cánones de seguridad alimentaria, bienestar animal y reducción de la huella ambiental que emana de la Unión Europea y que ha convertido a nuestro país en sinónimo de calidad y sostenibilidad.
Por ello, es menos entendible aún la utilización de datos parciales que ha hecho el ministro de Consumo, generando una desinformación en los ciudadanos que puede tener daños de dimensiones incalculables para la pervivencia del sector y el prestigio agroalimentario de nuestro país en el exterior. La gravedad de su forma de actuar le inhabilita para continuar ejerciendo una responsabilidad que debe ser utilizada en contribuir a modernizar el sector en vez de a denigrarlo.