Los graves daños colaterales de la ‘armonización fiscal’ sobre el campo

El eufemismo de “acabar con el dumping fiscal” con el que el Gobierno quiere disfrazar la subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las autonomías con menor presión tributaria puede tener graves efectos colaterales sobre el que hoy por hoy es el mayor desafío del campo: el relevo generacional.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha estrenado el año confirmando su voluntad de una “armonización fiscal” que acabe con las diferencias entre territorios en un impuesto cuya existencia ya de por sí es muy cuestionada al considerarse una doble imposición. La medida es más sangrante cuando parece el pago al apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado.

Durante los últimos años, numerosas Comunidades Autónomas han establecido bonificaciones fiscales en el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas en un intento de impulsar la incorporación de jóvenes a un envejecido campo. Los datos sobre la urgente necesidad del relevo generacional en el sector primario son claros. Según el último informe del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), apenas un 8,80% de los perceptores de las ayudas directas de la PAC en 2019 tenía menos de 40 años, mientras un 38% superaba los 65 años.

La supresión de las bonificaciones que existen en las transmisiones tanto “mortis causa” como “inter vivos” supondría acabar con un incentivo imprescindible para rejuvenecer una actividad poco atractiva por su escasa rentabilidad derivada de los bajos precios en origen y el continuo incremento de las exigencias medioambientales que provienen de la Unión Europea.

La penalización fiscal de las herencias provocaba que antes de su eliminación en 2019, en comunidades como Andalucía desaparecieran muchas explotaciones agrarias por la imposibilidad de hacer frente al pago del Impuesto.

La fiscalidad sobre las donaciones tiene también graves efectos ya que su carga impositiva es con frecuencia el principal obstáculo para que los padres cedan la titularidad de las tierras a sus hijos agricultores, lo que impide su modernización y mejora de rentabilidad. El disponer de la tierra en propiedad da solvencia económica a la explotación, permite aportarla como garantía real en créditos financieros, y permite tomar decisiones de inversión y mejoras que no son posibles cuando se cultivan en condición de arrendatario o cesionario en precario.