Más barreras al comercio agrícola: los otros riesgos del Pacto Verde

El Pacto Verde europeo va a suponer uno de los mayores cambios conocidos en la Política Agraria Común. A través de las Estrategias ‘Farm to Fork’ y ‘Biodiversidad 2030’ se van a establecer limitaciones en el uso de insumos que, según coinciden distintos informes, va a provocar una drástica reducción de la productividad. Pero no es la única consecuencia, ya que la política mediambientalista de la UE amenaza con crear nuevas barreras no arancelarias en el comercio internacional.

La denominada ‘Diplomacia verde’ que se quiere imponer implicaría que la UE aplicaría en sus relaciones comerciales con terceros países el mismo enfoque sobre sostenibilidad que utiliza dentro de su territorio, lo que supondría la prohibición de importar productos tratados con sustancias activas de protección de cultivos cuyo uso está prohibido en Europa, pese a estar autorizadas en terceros países frente a plagas o enfermedades de los cultivos que no existen en el Viejo Continente.

La forma para aplicar esos criterios sería a través de las denominadas Tolerancias de Importación (TI), es decir los Límites Máximos de Residuos (LMR) de Sustancias Activas que pueden encontrarse en un producto para poder ser importados.

Los LMRs permiten comprobar que un producto fitosanitario ha sido empleando cumpliendo con lo establecido en el etiquetado, basado en complejos estudios de seguridad alimentaria, y atendiendo también estándares comerciales. Son límites que se fijan muy por debajo de cualquier nivel realista de preocupación.

En el aspecto comercial, tanto productores como importadores y comercializadores deben cumplir estos estándares, sobre los que existe una armonización a nivel europeo, y a nivel internacional por el Codex, a la que viene a sumarse la regulación de los diferentes países. A pesar de tratarse de una regulación comunitaria las nuevas limitaciones tiene gran interés para los Estados Miembros ya que condicionarán sus intercambios comerciales. España tiene una dependencia del 10% de productos y cultivos importados. En productos como la soja o el café ese porcentaje se dispara y alcanza el 100%, en maíz y azúcar el 60% y casi un 40% en trigo.

A nivel español, la regulación sobre estas importaciones está muy fragmentada con competencias no solo del Ministerio de Agricultura, también en Sanidad, Transición Ecológica y Comercio Exterior.

En Europa, la situación a nivel regulatorio es compleja. Algunos países tienen una visión proteccionista de cara al comercio internacional y por otro lado algunas organizaciones no gubernamentales tienen una visión sesgada en términos de riesgo/beneficio hacia el comercio internacional. El Parlamento Europeo, el órgano más político de las instituciones europeas, normalmente objeta el establecimiento de estos límites propuestos por la Comisión -siempre contando con el de los Estados Miembros y el aval científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)-. Por último, está la posición de las asociaciones agrarias europeas que, si bien reconocen los beneficios del comercio internacional para sus exportaciones, al mismo tiempo, solicitan competir en condiciones de igualdad con otros productores a nivel global.

En el sector de protección de cultivos preocupan varios aspectos. El procedimiento de establecimiento de LMRs a nivel CE es muy conservador y basado en el peligro, no en el enfoque de gestión del riesgo, por lo que la clasificación de una sustancia activa en función de los criterios de peligro implicaría directamente la eliminación de los LMRs/TI.

Los periodos de transición establecidos cuando se eliminan los LMRs o TI son demasiado cortos o inexistentes, lo que supondría la prohibición de comercialización de los productos tratados con estas sustancias activas. Cuando esto ocurre la única alternativa viable es la solicitud de un nuevo proceso de evaluación por parte de EFSA tras un proceso que puede durar hasta 2 años.

Impacto medioambiental

Otro aspecto complicado sería la inclusión como criterio de evaluación del impacto medioambiental en el establecimiento de LMRs y TI, aspecto no contemplado hasta ahora, y que genera nuevas dudas en relación con qué aspectos deberán incluirse y qué procedimiento se empleará, así como la compatibilidad con las reglas de la OMC.

Por último, preocupan también las objeciones que el Parlamento Europeo pueda realizar en el futuro al establecimiento de LMRs/TI por resultar impredecibles y generar retrasos adicionales a los ya dilatados procesos actuales. Cada vez que un LMR/TI recibe una objeción del Parlamento Europeo, la Comisión se ve obligada a presentar el dossier de nuevo reasegurando los aspectos relativos a su seguridad, basado en los informes de EFSA. Lo más complejo es que la Comisión presenta el dossier basado en el criterio científico de EFSA y el Parlamento europeo objeta basado en criterios políticos, sin tener en cuenta la evaluación científica. De hecho, recientemente 17 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Argentina o Colombia, expresaron su preocupación ante la OMC por la política regulatoria de la UE sobre los LMRs/TI.

Recientemente, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha advertido de las consecuencias del impacto de las Estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030” en relación con la reducción de fitosanitarios en un 50%, fertilizantes (20%), antimicrobianos (50%) y superficie agrícola (10%). En todos los escenarios de implementación -a nivel exclusivo de UE, si se materializasen restricciones a la importación entre UE y algunos de sus socios comerciales o si estos objetivos se adoptaran a nivel global- habría un encarecimiento de los precios e importantes problemas de seguridad alimentaria en las zonas más vulnerables, como Asia y África.

Para Carlos Palomar, director de la Asociación Empresarial de Protección de las Plantas (Aepla), “los LMRs son estándares seguros y cuentan con el aval científico por lo que no deberían ser vulnerables a los cambios en las orientaciones políticas. Además, debemos destacar la importancia del comercio internacional de productos agrícolas. En el caso de España es claro que somos un país importador de numerosos productos que nos permiten tener una buena provisión de manera garantizada, predecible y a lo largo de todo el año. Toda la cadena desde productores hasta comercializadores son responsables y tienen compromiso en el buen uso de productos fitosanitarios. En relación con el Pacto Verde europeo y sus Estrategias, es importante tener en cuenta las implicaciones de cada una de sus propuestas, aportar nuevas soluciones al mercado es un proceso largo y costoso y deben tenerse en cuenta los plazos establecidos y los periodos de transición”.

En el sector de los fabricantes de pienso los riesgos no despiertan por el momento demasiada inquietud. El director general de Cesfac, Jorge de Saja, afirma que “así como en productos elaborados sí hay una diferencia en estándares de producción en la UE y en el resto del mundo, para los productos agrícolas son escasas o inexistentes. En el caso de la alimentación animal los requisitos para la producción de cereales son los mismos. No digo que haya posibilidad de distorsión del mercado, pero sería muy escasa”.

Ineficiencias

Según explica, los problemas pueden ser casos puntuales derivados de la descoordinación de calendarios, “algo que pasa mucho con los fitosanitarios porque como renovar o no autorizaciones es una competencia nacional. En el país con mayores producciones las casas de semillas piden la renovación, pero en Europa no porque económicamente no les salen las cifras. Sí se producirán ineficiencias, pero no por estándares distintos”.

La primera prueba de fuego para las imposiciones medioambientales que quiere imponer la UE se librará en los tratados de libre comercio pendientes de aprobar: Mercosur, Australia y Nueva Zelanda, además de la renovación de los de México, Chile o Perú. La europarlamentaria socialista Clara Aguilera se muestra convencida de que las limitaciones que contienen las estrategias “van a provocar un fuerte debate y traerá consecuencias”. En su opinión, establecer una reducción del 50% en el uso de los fitosanitarios “es un invento” mientras se pregunta por qué ese porcentaje y no otro.

Durante su participación en los Corrillos de Apae, Clara Aguilera desveló que la Comisión prepara un documento con los cambios que se quieren introducir en el que irá una resolución del Parlamento Europeo que se enviará a la OMC. “Se va a hablar de ayudas, subvenciones, también de estándares medioambientales mínimos extinguibles. Queremos que la OMC lo tome como propio”.

Precisamente la posición del Parlamento Europeo está generando ya retrasos. “Ahora hay muchas dudas de que si se llega a un acuerdo comercial clásico, de amplio espectro, salga adelante. No está claro y por eso no lo traen. Sería muy duro que hubiese un acuerdo provisional al que el Parlamento diga luego no”.